20 sept 2008

¿Quién es Monte Alejandro Rubido?




Nombramiento de Monte Alejandro Rubido García, como Secretario Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública en la XXIV sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública; Palacio Nacional, 19/09/2008;
La propuestas la hace el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tiene esa facultad que le da a Ley General que Establece las Bases de Coordinación del SNSP.  El secretario ejecutivo debe ser mexicano por nacimiento, Licenciado en Derecho, tener al menos 35 años de edad, y contar con experiencia en materia de seguridad pública.

Intervención de Leonel Godoy

XXIV Sesión del Consejo Nacional se Seguridad Pública,
Palacio Nacional a 19 de septiembre de 2008
Intervención del gobernador de Michoacán:
Leonel Godoy, gobernador de Michoacán: Buenas tardes, solamente deseo agradecer la solidaridad que las gobernadoras y los gobernadores así como el gobierno federal y el jefe de gobierno del Distrito Federal, y múltiples ciudadanos y organizaciones, tuvieron con el pueblo de Michoacán y manifestarles que nosotros hemos resuelto por un lado colaborar y trabajar conjuntamente con la Procuraduría General de la República para encontrar y que sean castigados conforme a la ley los responsables de este cobarde y condenable atentado.
Asimismo decirles que los michoacanos hemos resuelto y lo estamos haciendo a partir del día 17 de septiembre continuar trabajando, es creo que sería la mejor manera y va a ser la mejor manera de rendirle homenaje a los muertos y a los heridos que tuvimos y les pedimos que en ese sentido, tengamos colaboración de todos, porque no hay mejor manera que trabajar para regresar a la normalidad, y decirles también que nos mantenemos firmes en la lucha contra la delincuencia en el estado de Michoacán, muchas gracias.
Gobernador de Baja California:
José Guadalupe Osuna Millán: Muchas gracias por la oportunidad, quisiera ratificar el compromiso que hicimos que solicitamos en la mañana en el desayuno con el señor presidente, de asumir como la máxima prioridad que tiene este país, el restituir la tranquilidad al pueblo de México.
Revisamos las asignaciones presupuestal. Yo si quisiera ratificar ese compromiso del gobierno de Baja California para restablecer el clima de tranquilidad que merecemos…
Monte Alejandro Rubido García: Señor presidente del Consejo, no hay ninguna participación más...
Discurso del Presidente:

Petición al gobierno de EE UU

XXIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública,
Palacio Nacional a 19 de septiembre de 2008;
Intervención de Amalia García, gobernadora de Zacatecas:
Muchas gracias, en primer lugar, yo deseo aquí reiterar, expresar la opinión que tenemos todos los gobernadores, gobernadoras, de los estados, de las entidades federativas de la república, en solidaridad con el pueblo y con el gobierno de Michoacán, por estos acontecimientos tan duros que nos lastiman a todos como mexicanos, que nos lesionan, que se realizaron por la noche del día 15 de septiembre.
Expresando esa solidaridad, al mismo tiempo unos cuantos comentarios que también aquí compartimos incluso hoy aquí en la mañana en la reunión previa. Han sido expresados por algunos de los colegas gobernadores, yo misma lo he expresado en diversas ocasiones y me parece que este precisamente es el marco para hacerlo.
Y es que nos sentimos realmente muy irritados por el gran volumen de armamento que entra al país, cruzando por la frontera de Estados Unidos con México.
El dato que existe que es alrededor de 10 mil puestos, 10 mil puntos de venta legales, en la frontera de Estados Unidos con México, de armamento, mucho de este armamento de guerra, de granadas como esas que se utilizaron el día 15 de septiembre por la noche, resulta realmente indignante, y si bien es cierto que Estados Unidos en el caso de delitos como el de estupefacientes, ha señalado que tiene la decisión y en otros más de garantizar su seguridad interna, nosotros tenemos derecho a nuestra seguridad interna también.
Creo que compartimos la misma visión si señalamos que debemos expresar aunque ya se ha hecho, pero ahora todos los gobernadores de la República, una exigencia al gobierno norteamericano, para que tome medidas, para que detengan esa venta indiscriminada de armamento que está cruzando hacia la República mexicana.
Resulta penoso haber conocido hace algunas semanas, que la suprema corte de justicia en Estados Unidos, señaló que es un derecho de los ciudadanos de Estados Unidos, adquirir un arma, pero resulta más grave, cuanto se trata de venta de armas de guerra, y son las que está utilizando la delincuencia.
Yo por lo tanto quiero expresar aquí mi punto de vista, y señalar que resulta pertinente que junto a todas las demás medidas que estamos tomando aquí en el país, también haya un pronunciamiento claro, queremos una relación respetuosa mutuamente beneficiosa, una relación constructiva con los Estados Unidos y para fortalecerla queremos que también se contribuya del otro lado de la frontera con acciones que aquí contribuyan con nuestra seguridad.

Avances en el Poder Judicial

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el marco de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional el día 21 de agosto de 2008,
Compromisos:
Artículo 4.- El Poder Judicial de la Federación se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:
XXXVI. A Transparentar más el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación y de sus titulares.
El Consejo de la Judicatura Federal creará y sistematizará indicadores de desempeño para dar acceso a la sociedad a los datos relacionados con el tipo de juicios, la materia, los delitos, los tiempos de trámite, los archivos, los perfiles de los juzgadores, la percepción de los usuarios, entre otros datos, para que existan nuevos referentes objetivos que faciliten el conocimiento, la evaluación y en su caso, las propuestas y mejoras que para una mejor impartición de justicia.
• Tiempo de ejecución: 4 meses.
XXXVII. Instalar nuevos juzgados y tribunales federales.
El Consejo de la Judicatura Federal instalará más órganos judiciales en los circuitos con mayor carga de trabajo para el mejor cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación.
• Tiempo de ejecución: 14 meses.
XXXVIII. Establecer juzgados de control con jurisdicción en toda la República para recibir y responder ágilmente las solicitudes de las autoridades.El Consejo de la Judicatura Federal establecerá juzgados de control, con residencia en el Distrito Federal, que estarán facultados para emitir órdenes de cateo, de arraigo y autorizaciones para la intervención de comunicaciones, con tecnología informática que les permita proteger la confidencialidad y dar respuesta oportuna a este tipo de solicitudes en todo el país.
• Tiempo de ejecución: 4 meses.
XXXIX. Favorecer la celeridad en los procesos.
El Consejo de la Judicatura Federal concentrará a las personas sometidas a procesos penales relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico, en reclusorios de alta seguridad minimizando las diligencias por exhorto y el riesgo que implica para la sociedad los traslados de reos peligrosos.
Se dará competencia en todo el país a los juzgadores ubicados en los lugares que cuentan con reclusorios de alta seguridad.• Tiempo de ejecución: 30 días.
XL. Fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados.El Consejo de la Judicatura Federal, en coordinación con autoridades estatales y federales, contará con herramientas y servicios de protección y seguridad para salvaguardar la integridad física de los juzgadores federales que ejerzan jurisdicción en materia penal, particularmente en casos de delincuencia organizada para evitar que el poder de la delincuencia, las amenazas y la violencia afecten sus decisiones.
• Tiempo de ejecución: proceso permanente.
XLI. Fortalecer los mecanismos de selección de jueces y magistrados.
El Consejo de la Judicatura Federal profundizará y mejorará los procedimientos de concurso para que sean más transparentes y se designe a los aspirantes más aptos para encargarse de impartir justicia en materia penal, a partir de su conocimiento y experiencia.
• Tiempo de ejecución: 30 meses.
XLII. Intensificar la capacitación y especialización de Jueces en materia penal.
El Consejo de la Judicatura Federal impartirá capacitación constante, moderna y especializada para quienes ya ocupan un cargo dentro del poder judicial de la federación.
• Tiempo de ejecución: permanente.
XLIII. Continuar la calificación de los juzgadores especializados en justicia para adolescentes.
El Consejo de la Judicatura Federal hará frente de forma efectiva a las nuevas responsabilidades judiciales señaladas en la Constitución.
• Tiempo de ejecución: 30 meses.
XLIV. Fortalecer el control de los procesados.
El Consejo de la Judicatura Federal instalará en todo el país un Sistema Biométrico para el control de los procesados con libertad bajo caución, para asegurar que cumplan con su obligación de presentarse personalmente ante la autoridad judicial con apoyo tecnológico que permita su plena identificación y control.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
XLV. Sistematizar la información judicial para una mejor coordinación entre autoridades.
El Consejo de la Judicatura Federal, en coordinación con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y las autoridades estatales y federales, coordinará la suscripción de convenios para la conformación de un Sistema Nacional de Estadística Judicial que permita recopilar, ordenar y compartir información con las autoridades y la sociedad, en relación con los procesos judiciales estatales y federales, que contenga datos sobre las etapas de los juicios y su duración; los delitos y sentencias, entre otros asuntos. Se aprovechará el valioso foro de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Dicha información también contribuirá a la transparencia y a la rendición de cuentas de la actividad de los jueces.
• Tiempo de ejecución: 2 años.
XXIV Sesión del Consejo Nacional se Seguridad Pública,
Palacio Nacional a 19 de septiembre de 2008;
Eduardo Medina Mora, dio a conocer los avances de los compromisos firmados por el Poder Judicial de la Federación.
Eduardo Medina Mora: Gracias, con su permiso señor presidente agradezco a gobernadores y jefe de Gobierno, simplemente para destacar el incumplimiento de uno de los compromisos más relevantes, adoptados en el seno de este Consejo y del Acuerdo Nacional para la Seguridad y la Justicia y la legalidad al que se comprometió el Poder Judicial de la Federación el día 4 de septiembre último, se publicó el acuerdo número 21 del Consejo de la Judicatura Federal que da a los jueces que tienen adscripción o competencia a en los penales de máxima seguridad, competencia para conocer de delitos federales cometidos en toda la República mexicana.
Con base en esto, las personas que resulten consignadas ante jueces federales en esos penales de alta seguridad, conocerán del proceso completo de los juicios hasta su conclusión y no podrán ya declinar competencia por razones de territorio hacia los jueces en las zonas en las cuales se hayan cometido los delitos.
Esto es de la mayor relevancia en razón de que se trata precisamente cuando se consigna a penales de alta seguridad de mantener a estas personas consignadas y sujetas a proceso, precisamente fuera del ámbito geográfico de influencia de operación de sus organizaciones criminales.
De tal suerte que esto nos va permitir sin duda aumentar la contundencia en la acción en contra de la delincuencia organizada haciendo que estas personas cuando son consignadas en penales de alta seguridad permanezcan en estos penales.
Habíamos tenido problemas incluso severos en algunos casos, en el que se había declinado la competencia por razón de territorio y regresado a los lugares en los cuales desarrollaban su actividad delictiva.
Es cuanto señor Secretario....

Modelo Nacional de Control de Confianza

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el marco de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional el día 21 de agosto de 2008,
Compromisos:
Artículo 2.- El Poder Ejecutivo Federal se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:
I. Depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia.
1.1 Crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza.
Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a diseñar un protocolo de evaluación y control de confianza e impulsar su aprobación por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
1.3 Sujetar a evaluación permanente y de control de confianza, a través de organismos certificados, al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia, del Instituto Nacional de Migración, de Aduanas y de los centros de readaptación social federales.
Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público así como la Procuraduría General de la República se comprometen a evaluar a su personal en áreas sensibles; a dar seguimiento a elementos dados de baja y a comunicar sus resultados a un observador ciudadano.
• Tiempo de ejecución: un año
XXIV Sesión del Consejo Nacional se Seguridad Pública,
Palacio Naciomal a 19 de septiembre de 2008;
Protocolo para el Centro de Control de Confianza, a cargo del licenciado Guillermo Valdez, director del CISEN
Guillermo Valdés: Con su permiso señor Presidente, Señor Secretario, señores, señoras gobernadoras, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
En cumplimiento a dos compromisos del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado apenas hace un mes, están dos compromisos.
1.1 Crear un modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza.
La Secretaría de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a diseñar un protocolo de evaluación y control de confianza e impulsar su aprobación por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
1.2 Impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados, la Secretaría de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a regular el funcionamiento de organismos públicos y privados, certificación e impulsar la creación en coordinación con las entidades federativas de centros estatales de control de confianza certificados.
Esta pequeña presentación tiene carácter meramente informativo, todavía no es el momento de someter a la aprobación de este Consejo Nacional de Seguridad Pública este documento, simplemente se esta poniendo a consideración de ustedes, este modelo de evaluación y Control de Confianza.
Si leemos con atención el acuerdo firmado hace un mes, un componente central de esos 75 compromisos, es el fortalecimiento de toda la estructura institucional del Estado mexicano responsable de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Ese fortalecimiento de las instituciones tiene que ver con muchos aspectos y uno de ellos central, es el control y la evaluación de la confianza del personal que trabaje en ellos, de ahí la importancia de este protocolo.
¿En qué consiste el proceso de evaluación y control de confianza? Vemos la siguiente lámina, por favor.
Es un proceso, el control y la evaluación de confianza, es un proceso que tiene dos objetivos:
Primero garantizar niveles de profesionalismo, confiabilidad y seguridad en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, mediante la aplicación de un proceso de rigurosa selección y evaluación del personal que desea ingresar a las instituciones, pero también del personal ya en activo de que participa en ella.
En segundo grado, el objetivo consiste en detectar vulnerabilidades para detectar riesgos de corrupción, impunidad y penetración del crimen organizado que puedan dañar el patrimonio y el cumplimiento de los objetivos de las instituciones. Como ven son dos objetivos centrales y fundamentales para poder contar con instituciones al servicio de los ciudadanos.
El proceso de control y evaluación de confianza, se define a partir de perfiles de puestos en las distintas instituciones, los policías preventivos, los policías de investigación, los policías de reacción, etcétera, o el ministerio público, los auxiliares del ministerio público, se definen perfiles de puesto, criterios de evaluación para cada uno de esos puestos y esto dentro de normas y políticas generales para el personal de estas instituciones, y contiene cuatro fases o cuatro estampas el proceso de control y evaluación de confianza.
El primero es la evaluación psicológica que se aplica tanto en el caso del personal de nuevo ingreso, para identificar a aquellos candidatos que tienen las características de personalidad, que tienen las competencias, que tienen las capacidades y habilidades de desempeñar ciertos puestos.
Además la aplicación generalizada de estos exámenes al personal de nuevo ingreso, permite identificar las necesidades de capacitación posteriores.
La evaluación psicológica aplicada al personal en activo ya de las instituciones, permite identificar cuáles son los factores de éxito en el cumplimiento de las funciones, cuáles son los recursos, cuál es el potencial del recurso humano que se tiene en las instituciones.
Asimismo se pueden detectar, qué vulnerabilidades tiene este personal, qué áreas de oportunidad para el crecimiento de los recursos humanos y establecer mejores planes de capacitación y profesionalización.
La segunda fase tiene que ver con la evaluación poligráfica, este instrumento permite en el caso del personal de nuevo ingreso, garantizar que este sea confiable, que este apegado, que sus hábitos personales, que sus valores y sus principios sean acorde a los que la institución requiere, y por tanto de esa manera, se previenen riesgos en la actuación del personal que puedan dañar a la institución y su funcionamiento.
Cuando este instrumento, el polígrafo se aplica de manera permanente y sistemática al personal que esta inactivo en todas las instituciones, se puede verificar el apego del personal en funciones a los principios, a las normas y a los valores institucionales.
Permite a demás identificar los riesgos en la actuación del personal, riesgos que puedan vulnerar el cumplimiento de objetivos y fortalecer en el personal los niveles de seguridad, disciplina y doctrina para garantizar un funcionamiento adecuado de las instituciones.
La tercera parte del proceso de evaluación, consiste en realizar una investigación socioeconómica del personal que en el caso de los aspirantes a pertenecer a policías, ministerios públicos o procuradurías, habría que este examen permite verificar la congruencia del estilo de vida con sus ingresos, nos permite verificar antecedentes penales, personales, profesionales, sociales y laborales.
En el caso del personal en el activo, también es importante estar realizando periódicamente este examen, estas pruebas para verificar la congruencia entre nivel de ingreso y situación patrimonial de los servidores de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.
Y, además, ayuda a verificar riesgos en función de la naturaleza del puesto que se desempeña.
Finalmente la cuarta parte, o cuarta parte del proceso de control y evaluación de confianza, consiste en la evaluación médica y toxicológica, que en este sentido tanto para personal en activo como el de nuevo ingreso, nos permite verificar el estado de salud e integridad física del personal, les haga posible cumplir con sus funciones y responsabilidades, además de detectar el consumo de drogas o fármacos que generen efectos adictivos y que dañen la tarea.
Este es el proceso de control y evaluación de confianza, que se pretende instaurar en todas las instituciones policíacas y de procuración de justicia en todo el país, para ello será necesario idear Centros de Control y Evaluación de confianza, que tendrán la siguiente misión:
Garantizar márgenes de seguridad, confiabilidad, eficiencia y competencia en instituciones de seguridad y procuración de justicia, mediante mecanismos rigurosos de control y evaluación de confianza al personal, que garanticen la operatividad eficacia y cumplimiento de objetivos institucionales y nacionales.
Estos centros tendrían cuatro objetivos específicos a conseguir que sería el primero:
Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia, al estar cumpliendo con este primer objetivo habremos dado un paso fundamental en el fortalecimiento del Estado en tanto proveedor de Estado de derecho y de seguridad para los ciudadanos, este primer objetivo es fundamental.
Segundo, asegurar la identificación de perfiles competentes, confiables que destaquen por principios de honestidad, éticos, vocación de servicio y preparación profesional.
Tercero, aportar elementos que orienten la toma de decisiones en materia en las carreras de desarrollo, tanto policial, como de procuración de justicia mediante la identificación oportuna de riesgos, áreas de oportunidad, la potencialidad de los recursos, necesidades de capacitación, etc.
Cuarto objetivo, facilitar la identificación de riesgos que en procesos de investigación auxilien la procuración de justicia y fortalezcan la seguridad pública.
Esto sería la presentación, señores secretarios.
Monte Alejandro Rubido García: Muchas gracias señor director, Guillermo Valdés, como siguiente punto del orden del día, se consulta a los señores consejeros, si existe algún comentario sobre los puntos hasta ahora abordados.
¡Ningún comentario!
Mmm.

Propuesta de Ley del SNSP

XXIV SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA;
Palacio Nacional, a 19 de septiembre de 2008
Genaro García Luna: Muchas gracias señor Secretario, a continuación, si ustedes me lo permiten, el licenciado Marco Tulio López, Coordinador Jurídico de la Secretaría, presentara la propuesta de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisando que se conformó un equipo de trabajo, con la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de CONAGO, para analizar la propuesta de Ley con el compromiso de que sea entregada antes del 25 de este mes, por favor.
Marco Tulio López, Coordinador Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública federal: Con su permiso señor Presidente, señor Secretario Presidente del Consejo, distinguidos integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrantes del gabinete
En cumplimiento a las instrucciones del señor Presidente y del Secretario de Seguridad Publica federal, y como resultado de un grupo de trabajo integrado por la Consejería Jurídica, el Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la Republica, la Secretaría de Gobernación y esta Secretaría de Seguridad Pública federal, se trabajo en la integración de un anteproyecto de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dar cumplimiento al compromiso número 10 del Acuerdo Nacional, para la Seguridad, la justicia y la Legalidad del 21 de agosto del presente año.
En este proceso se retomaron las bases que ya se establecen en el artículo 21 constitucional, para regular el nuevo Sistema Nacional de seguridad Pública.
Están viendo ustedes en pantalla un cuadro comparativo básico, que demuestra de manera muy general los grandes cambios o los cambios sustanciales que presenta el anteproyecto y que me permito poner a su consideración.
En la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada hace 13 años y que correspondía a una realidad del México de esa época, se estableció como un esfuerzo considerable de la Federación y de los Estados, una Ley General que establecía bases de coordinación para integración y funcionamiento de este sistema.
Se estableció un esquema de coordinación convencional para todas las materias y acciones derivadas de la seguridad pública, que se iban a implementar a través de convenios generales y específicos, entre las partes componentes de este mismo sistema.
En el proyecto actual el proyecto que se elaboro, se establecen las bases para la integración, organización y funcionamiento Consejo Nacional de Seguridad Pública, se transita de un modelo de coordinación convencional a uno de coordinación obligatoria, en que de manera forzosa, se (inaudible) a la confederación a los estados, a los municipios a participar, de manera más eficaz y mas eficiente en las tareas de seguridad pública.
La organización y función de las acciones ya no se va a sujetar a la mera convección, sino que existirá un orden jerárquico para atender todas las tareas, seguido inmediatamente por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se propone, quien en lo previsto por ella, por acuerdos y resoluciones generales que emita este consejo nacional.
Adicionalmente las Conferencias Nacionales que la misma ley establece, podrán expedir resoluciones de acuerdos en el ámbito de su competencia, para la atención de los temas específicos de los que se trate, y también se conserva la figura de los convenios generales y específicos para dar atención puntual a temas muy concretos.
Respecto al tema de medidas de acciones y lucrativos conjuntos, en la ley general que establecen las bases, si se establecieron convenios para realizar algún lucrativo concreto, desafortunadamente no se coordinaron a través del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional
Por eso la iniciativa que se trabajó establece lineamientos de coordinación muy claros, para realizar estos operativos conjuntos, en los que se incluyen por primera vez a los municipios en los supuestos siguientes: primero en aquellos casos en que tenga competencia el orden federal, y segundo cuando exista petición expresa de la autoridad competente de los estados y municipios, para la intervención de la Policía Federal.
En el tema de las políticas de seguridad pública, ejecución, seguimiento y evaluación, la ley actual establece como instancias además de este honorable Consejo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema, a las Conferencias de Prevención y Readaptación Social, a la de Procuración de Justicia y la de Participación Municipal.
Desafortunadamente no se han desarrollado a su totalidad las políticas de seguridad, ni su forma de ejecución, poder seguimiento.
En la iniciativa, se establece además de este órgano superior que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública como máxima instancia, de liberación y generación de políticas publicas, en materia de seguridad publica, a la Conferencia Nacional Procuración de Justicia, a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, y se plantea la posibilidad de crear las Conferencias Nacionales del Sistema Penitenciario, la Conferencia Nacional de Participación Municipal, la Conferencia Nacional de Prevención del Delito y la participación de la Conferencia Nacional de Presidentes de Tribunales, y se establecen facultades en la ley para que puedan determinar con toda claridad política, en materia de seguridad.
Se establece además que el seguimiento y evaluación de estas acciones y de las resoluciones de estas Conferencias, será a través de la participación ciudadana en los términos que la misma ley establece.
Por lo que toca al desarrollo de lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y para la formación de sus integrantes, la ley de base los consideraba enunciándolos en dos artículos, pero no se desarrollaron.
La iniciativa de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece lineamientos para la coordinación entre instituciones de Procuración de Justicia entre sí y con instituciones policiales, para la coordinación de operativos conjuntos, lineamientos para el establecimiento de régimen disciplinario, lineamientos para los procedimientos sistemáticos del uso de la fuerza principios y responsabilidades, coordinación del esquema del sistema de información denominado Plataforma México, que contiene el Registro Nacional de Detenciones, el Sistema Único de Información Criminal, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, el Registro Nacional de armamento y equipo, y registros de estadísticas de seguridad pública.
Se establecen también lineamientos y mecanismos claros y precisos para el desarrollo del servicio de carrera policial y de las Instituciones de Procuración de Justicia.
Se establecen también la obligatoriedad de observar un sistema de evaluación y control de confianza, establecen también la obligación de fomentar, la profesionalización de sus integrantes y el combate a la corrupción.
Respecto a los instrumentos de información del Sistema Nacional, en la ley general se crearon los registros de personal, de armamento y equipo, de estadísticas de seguridad pública y de apoyo a la Procuración de Justicia
En la iniciativa se plantea, la creación y operación de esta red nacional denominada Plataforma México, que proporcionan las instituciones de seguridad pública, de los tres órdenes de gobierno, información precisa y constante, en materia de seguridad pública.
Incorpora además el Registro Nacional de Detenciones para dar cumplimiento al artículo 16 constitucional.
El Sistema Único de Información criminal y subsiste y perfecciona los registros nacionales de personal, de armamento y de estadísticas de seguridad publica.
Por lo que toca a los lineamientos para evaluar y ejecutar los instrumentos programáticos en materia de Procuración de Justicia y Seguridad Pública, la ley actual no contempla ningún lineamiento, se propone en la iniciativa, establecer los lineamientos para evaluar los instrumentos programáticos en materia de procuración de justicia y de seguridad pública.
Respecto a los sistemas disciplinarios de reconocimientos, estímulos y recompensas de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en la ley actual se establecen 11 deberes mínimos de estos integrantes.
La iniciativa por el contrario, establece 28 deberes mínimos homologados de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, llámese Procuración de Justicia, o instituciones policiales y 13 obligaciones específicas en el tema policial.
Asimismo se impone la creación de un régimen disciplinario, a cargo de comisiones de honor y justicia a través de un procedimiento administrativo, que sea ágil y eficaz, que respete las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los integrantes de las instituciones y que además, aplique la prohibición de reingreso prevista en el articulo 123 constitucional, para el efecto de que cuando un integrante sea separado del servicio, por no cumplir los requisitos de permanencia o ingreso, o por incurrir en responsabilidad como activo en ejercicio de sus funciones, no haya lugar a reinstalarlo.
Por lo que se refiere a los procedimientos de selección e ingreso, formación capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia y de las corporaciones policiales, la ley actual menciona que debe crear un servicio nacional de apoyo para tratar de homologar procedimientos, y buscar la equivalencia de los contenidos de los planes de formación. No especifica la ley, quien es el responsable de implementar este servicio de carrera en los municipios.
La iniciativa propuesta, establece el servicio de carrera en las instituciones de procuración de justicia, así como sus diferentes procedimientos de selección, de ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y conclusión del servicio.
Se establece además el Sistema Integral de Desarrollo Policial, SIDEPOL, que contempla los esquemas de carrera policial, de profesionalización, de certificación y régimen final.
Se regulan de manera exhaustiva los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y conclusión del servicio.
La ley de bases, no establece criterios para organización, administración, operación y modernización tecnológica de las instituciones de seguridad publica, por eso, atendiendo esta necesidad urgente, la iniciativa se permite proponer la homologación de las estructuras de integración y mandos de los cuerpos policiales, estableciéndose las divisiones operativas básicas de reacción, prevención e investigación, con perfiles específicos para cada uno de sus integrantes, y con responsabilidades concretas derivadas de sus funciones especificas.
Adicionalmente se establecen criterios para la administración, operación y modernización, entre las instituciones policiales, a través de los puntos de ayuda federal.
En otro capitulo la iniciativa de la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece criterios generales para la participación de la Policía Federal y de las policías de los tres órdenes de gobierno, en la protección y vigilancia de las instalaciones estratégicas del país.
Participación de la Comunidad: la Ley de Bases, contempla la participación comunitaria dentro de los consejos de coordinación de seguridad pública, para realizar denuncias, labores de seguimiento, conocimiento y opinión sobre política en la materia.
La iniciativa fortalece establece estas propuestas y establece mecanismos, eficaces para que la sociedad participe en la planeación, supervisión y evaluación del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, en acatamiento también a lo dispuesto en las bases constitucionales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los servicios privados de seguridad siguen siendo regulados en esta Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El articulo 123 constitucional, apartado B, fracción décimo tercera, establece en su segundo párrafo, la obligación de los tres órdenes de gobierno para establecer sistemas complementarios de seguridad social, como la ley actual no los regula, la iniciativa se ocupa de ellos y propone como sistemas complementarios de seguridad social para los integrantes de las instituciones policiales de procuración de justicia, algunos ejemplos de sistemas como fortalecimiento del seguro de vida e incapacidad, créditos hipotecarios y de corto plazo, sistemas de seguros educativos y similares para familiares de los servidores públicos que fallecen en cumplimiento de sus funciones, servicio medico integral, servicio turísticos, centros deportivos y de recreo, becas educativas y pagos de defunción.
Un avance considerable de este proyecto de iniciativa, es la regulación del uso de la fuerza pública, asignatura pendiente en la ley actual, y que la iniciativa recoge y contempla por regular, conceptos y principios para el uso de fuerza publica, objetivos, procedimientos sistemáticos de operación y responsabilidades en caso de abuso o incumplimiento de este uso de fuerza pública.
Por ultimo, la iniciativa de ley establece un capítulo al artículo a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, que incurren en el incumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad pública.
Se establecen sanciones administrativas, para quien haga uso indebido de los recursos asignados a seguridad publica. Adicionalmente se propone modificación de tipos penales contenidos en el código penal federal para regular y garantizar la secrecía y confiabilidad de la información en la materia.
Es cuanto señor Secretario Presidente, es cuanto señor Presidente.

Compromiso de la SEDENA

XXIV Consejo Nacional de Seguridad Pública
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en el marco de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Palacio Nacional el día 21 de agosto de 2008...,
XI. Actualizar las licencias colectivas de portación de armas que expida la Secretaría de la Defensa Nacional a los cuerpos de seguridad pública.
La Secretaría de la Defensa Nacional se compromete a autorizar el equipamiento de las instituciones de seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior a los cuerpos de seguridad que cumplan con los compromisos establecidos en este acuerdo.
• Tiempo de ejecución: 3 meses.
Y en menos de un mes.
Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional:
Con permiso Presidente, muy buenos días a todos.
En el marco de los compromisos asumidos, por el Poder Ejecutivo Federal, a la dependencia a mi cargo, le fue asignado el objetivo número 11, que establece, actualizar las licencias colectivas de portación de armas que expida la Secretaría de la Defensa Nacional a los cuerpos de Seguridad Pública.
La Secretaría de la Defensa Nacional se compromete a autorizar, el equipamiento de las instituciones de seguridad pública, con armas automáticas y de calibre superior a los cuerpos de seguridad que cumplan con los compromisos establecidos en el acuerdo, el tiempo de ejecución de este objetivo fue de tres meses.
Acciones realizadas: mediante oficio fechado el pasado 11 de septiembre, dirigido a los ciudadanos, Procurador General de la Republica, Secretario de Seguridad Pública, Director del Centro de investigaciones de Seguridad Nacional, al Jefe del Gobierno del Distrito Federal y a cada uno de los 31 gobernadores, fue comunicada la autorización respectiva. A este oficio se apunto un cuadernillo, de cinco anexos cuyo contenido es el siguiente:
El primero especifica, el armamento autorizado en atención a su tipo, funcionamiento, calibre y munición.

El Segundo hace referencia al armamento y municiones fabricado por la Dirección General de Industria Militar, para comercialización, establece asimismo las existencias disponibles, el periodo de entrega y su costo.
El tercer anexo en el mismo sentido que el anterior informa sobre el armamento y municiones de fabricación extranjera, comercializado por la Dirección General de Industria Militar, de igual manera establece la marca, el modelo, país de origen, el costo unitario y existencias disponibles.
El cuarto informa sobre el estado de las licencias oficiales colectivas en el que se especifica, el número de efectivos y las armas permitidas, de ellas las existentes, excedentes y faltantes.
Un consolidado de las armas autorizadas con anterioridad que ya poseen, las características establecidas (inaudible) que referí y en consecuencia como resultado del balance anterior, las que pueden ser adquiridas en el momento.
En el quinto y ultimo, se especifican los requisitos esenciales a observar para la adquisición del armamento y municiones (inaudible) en los estados anexos, entre ellos destacan la aprobación de los exámenes de control y confianza y de evaluación y destreza en el conocimiento y empleo del armamento.
Finalmente se precisa en el documento, los plazos y la relación de las instalaciones militares, por entidad federativa, donde será practicada dicha evaluación.
Los comandantes de región y zona militar tienen instrucciones, de proporcionar todo el apoyo que requieran, para el cumplimiento expedito de cualquier trámite, tarea que demanden ustedes.
Con el conjunto de las acciones que he descrito la Secretaría de la Defensa Nacional, da cumplimiento al objetivo que le fue asignado.

Estrategia Naciona vs el Secuestro


XXIV Consejo Nacional de Seguridad Pública se comprometen en implementar la Estrategia Nacional contra el secuestro.
El Procurador General de la República, presentó la propuesta:
Eduardo Medina Mora: Muchas gracias, con su permiso señor presidente, señores gobernadores, señor jefe de gobierno, señores procuradores generales de justicia de los estados integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
En cumplimiento a uno de los compromisos adoptados en nuestra pasada sesión el día 21 de agosto en este Consejo Nacional, se acordó la preparación de una Estrategia Nacional contra el secuestro, como una tarea corresponsable entre la federación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y muy destacadamente las entidades federativas.
Este es un delito del orden común que con frecuencia se relaciona y se vincula con actividades de delincuencia organizada, es así que los procuradores generales de justicia de todas las entidades federativas, reunidos en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, después de varias reuniones preparatorias, nos reunimos el día 11 y 12 de septiembre último en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para considerar una Estrategia Nacional de Combate al Delito de Secuestro que fue adoptada y aprobada por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Y tomado el acuerdo de elevar a la consideración de este Consejo Nacional, para que esta estrategia sea también adoptada y aprobada en el seno de este que es el máximo órgano que nuestro país tiene para la formulación de políticas públicas en materia de seguridad y de justicia.
Es así que a nombre de mis colegas procuradores generales de justicia y de la propia Conferencia Nacional, presentamos a consideración de este Consejo, esta estrategia.
La estrategia tiene cinco ejes fundamentales: la primera es la formación de unidades especializadas en el combate a este delito, la segunda el soporte de una plataforma informática y tecnológica para tener acceso a los mejores instrumentos para poder combatir el delito y realizar la investigación, de los hechos delictivos que configuran este tipo que ofende tan gravemente a la sociedad.
Tercero, los componentes de prevención del delito, cuarto las propuestas que los Procuradores y la Conferencia Nacional hace para los lineamientos de un nuevo marco normativo en esta materia a nivel general en la República Mexicana y, finalmente, consideraciones entorno a la reclusión de los procesados y sentenciados por este delito en penales que tengan módulos especializados para su atención.
Pasamos al eje uno que es la necesidad de establecer unidades especializadas en combate al secuestro en todas y cada una de las entidades federativas.
Sobre esta base se trata de contar con un mecanismo de atención homogénea a este delito en todo el país que articule de manera armónica, tanto las funciones de inteligencia y de operación policial, como la aplicación de insumos y equipos tecnológicos adecuados, los apoyos de los servicios periciales y desde luego la participación contundente del ministerio público, para que sumados estos esfuerzos logremos investigaciones efectivas y sentencias condenatorias a los probables responsables de este delito.
En nuestro diagnóstico tenemos 16 entidades federativas que cuentan ya como unidades especializadas al combate al grito del secuestro, aunque éstas no necesariamente se ajustan a los criterios que determinamos conjuntamente y que necesitamos elevarla precisamente en su calidad y en su equipamiento para poder lograr esto.
Hay dos Estados que tienen estas unidades ya en formación, de hecho iniciaron su formación a partir del acuerdo que se tomo aquí el día 21 de agosto, y hay 14 estados que no cuentan con estas unidades.
El acuerdo es desde luego, que todos los Estados de la Federación contemos con estas unidades.
Definimos un modelo básico que desde luego parte de la idea de que tiene que ser una unidad especializada, no puede combatirse este delito con recursos ministeriales, policiales o periciales, que se piden prestadas a otras áreas de la investigación de los delitos o de la tarea policial.
La naturaleza misma del delito requiere, una aproximación puntual, enfocada, especializada pues, se tiene, aunque no necesariamente adscritas, desde el punto de vista orgánico, una tarea muy importante de atención a víctimas, tanto en la parte preventiva como en la parte de ejecución misma del delito.
Y, desde luego, la parte de servicios periciales que tendría que estar adscrito, insisto a estas unidades especializadas, y tiene la complementariedad en lo que es por un lado la estrategia jurídica, la ministerial, el área del ministerio público, que tiene como responsabilidad básica la conducción y mando de la tarea de la investigación de los delitos en los términos del artículo 21 constitucional, y desde luego la preparación de las consignaciones y el ejercicio mismo de la acción penal.
Por su parte, el área policial tiene bajo su responsabilidad realizar la investigación policial, y la recopilación de todos los elementos de prueba para poder evidentemente construir las averiguaciones previas, la ministerial esencialmente se compone de los agentes del ministerio público, especializados y dedicados exclusivamente a esta tarea.
En el área policial, tenemos áreas distintas, funciones distintas en el manejo y negociación de las crisis, la atención desde luego a las familias de las victimas, y la asesoría en la fase de negociación.
El análisis táctico que corresponde al procesamiento de toda la información sustantiva que va surgiendo de la investigación policial que hay que validar en el terreno de los hechos, de información sustantiva que se vaya recopilando tanto en declaraciones ministeriales como en la propia investigación policial y la operación especial que es el cumplimiento de órdenes ministeriales y judiciales, también la operación de acciones de rescate cuando sea el caso.
Estas unidades especializadas tienen evidentemente niveles, en su área ministerial, responsable de la investigación, conducción y mando, el titular de la unidad especializada que tiene como responsabilidad la dirección y supervisión para la integración de las averiguaciones previas, y consolidar la coordinación con las áreas tanto de la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de otros Estados.
Esto es un fenómeno que no necesariamente se da o rara vez se da en una sola entidad, realmente parte de los hechos delictivos se registra en más de una entidad.
Del lado policial, la planeación estratégica de las mismas unidades de manejo de crisis, investigación de gabinete, de campo y de reacción.
En los mandos medios que se compone de Coordinador y Fiscales en el área ministerial para dirigir las dirigencias que son indispensables para la integración de las investigaciones, conducir los operativos y dirigir las acciones para determinar las averiguaciones y supervisar las medidas cautelares.
En el lado policial, la planeación táctica de todos estos grupos y propiamente en la base operativa, los agentes del ministerio público por un lado y las células de policía en sus áreas especializadas.
Es una tarea que corresponde desde luego a tareas o funciones especializadas tanto de ministerio público que está a cargo de la conducción de la investigación y del mando de la misma, pero que requiere desde luego de una especialización policial.
En el fondo se trata como hemos dicho, que sean unidades especializadas que se dediquen exclusivamente a la atención de este fenómeno delictivo.
En lo que hace al desarrollo del personal, las procuradurías a partir de las bases de colaboración que suscribimos también en la reunión de Monterrey, nos comprometimos a crear estas unidades especializadas y de manera muy importante, a minimizar la rotación del personal designado para estas unidades.
Establecer un salario base homogéneo que sea atractivo, acorde a la alta especialidad y riesgo de esta actividad para impedir rotación, en el pasado estas unidades han sido semilleros para otras áreas muy importantes de la procuración de justicia, pero en este caso necesitamos mantener la especialidad y la calidad del personal que está asignado a estas unidades especializadas.
Este salario base homogéneo es fundamental precisamente para generar los incentivos a la permanencia del personal especializado en estas unidades.
También obviamente la valoración de otro tipo de prestaciones o de recompensas cuando los casos lo ameriten y desde luego, tener un procedimiento muy riguroso para dar seguimiento al personal una vez que deje de laborar en las tareas de combate al delito de secuestro.
Todo esto está recogido en las bases de colaboración que han sido ya suscritas entre las procuradurías generales de justicia en el seno de la conferencia.
La segunda acción es la adopción de perfiles y criterios generales para la selección de personal, necesitamos personal que tenga tanto las cualidades psicológicas, de personalidad, de actitud, pero también los conocimientos básicos tanto en el área penal como en el área puntual de atención a este delito, en habilidades y aptitudes que permitan contar con los conocimientos especializados, el manejo y cuidado de la cadena de custodia de instrumentos y objetos del delito, en labores operativas como inspecciones ministeriales, rastreo y búsqueda de víctimas, intromisiones, etcétera.
Desde luego en la parte ministerial un domino de algo que encontramos como una herramienta muy valiosa, el manual contra el secuestro que ha sido elaborado por la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.
Y en términos de habilidades, evidentemente, capacidad para manejo emocional de circunstancias de crisis, lograr la confianza de las víctimas, resolver problemas, en fin, las habilidades que son inherentes a una tarea especializada como ésta.
De la misma manera en el perfil policial, los policías deben ser profesionales con su carrera concluida al 100% de los créditos, hay un señalamiento de edad ideal entre 22 y 33 años, sobretodo para lo que es la base de las unidades, sobretodo en la lógica de que tienen que moverse con frecuencia, desde el punto de vista territorial y geográfico, necesitamos esta flexibilidad.
Aprobar desde luego, todos los exámenes de confianza, esto es, para todos los integrantes de estas unidades, poseer los conocimientos básicos y las capacidades indispensables para poder hacer una tarea ya sea de campo o de análisis táctico con efectividad.
En el aspecto pericial, de la misma manera se requiere título y cédula profesional y que se tengan los conocimientos básicos, especialmente los que empatan con el protocolo de investigación especializado para este delito y tener las competencias básicas.
Se requiere, desde luego, que todos los integrantes de estas unidades pasen los controles de confianza y aquí específicamente se busca adoptar criterios generales para la evaluación del personal que se define en general para todas las instancias de seguridad pública y procuración de justicia son los exámenes toxicológicos, médicos, psicológicos, poligráficos y de entorno social y situación patrimonial.
Estos tienen, por objeto, prevenir y controlar primero conductas de alto riesgo, garantizar niveles de confiabilidad, apego a principios institucionales y capacidad también de toma de decisiones que tengan a su alcance los elementos de juicio para asegurar personal con valores éticos y sociales y personal que tenga la efectividad que la extensión especialización de este delito requiere
Criterios generales para la capacitación, un punto que destaca el acuerdo adoptado el día 21, la capacitación lo hemos definido así con los señores procuradores y también con la Secretaría de Seguridad Pública federal, se va a desarrollar de manera conjunta entre policías y ministerios públicos con el fin de homologar el uso de las herramientas de investigación y persecución del delito.
La capacitación de este personal policial, ministerial y pericial, se va a orientar hacia la certificación de cada uno de los participantes en las habilidades y conocimientos básicos que se requieren en estas tareas.
Estas evaluaciones, tanto de confianza como de aptitudes, se actualizarán de manera anual. La Secretaria de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República brindaremos el apoyo tutorial para instalar las unidades especializadas que sean necesarias.
Vamos, desde luego, a plantear un esquema en el que la capacitación de los principales componentes y mandos de estas unidades resulte también gratuita para las unidades que se instauren en los estados de la República.
Una quinta acción indispensable, la adopción de un protocolo para la actuación operativa y jurídica y policial, desde luego, en la atención de este delito.
Este Protocolo empata las tareas propiamente ministeriales, desde la denuncia, hasta el ejercicio de la acción penal, con las tareas policiales que se realizan bajo el mando y la conducción del ministerio público pero que evidentemente tiene una lógica y naturaleza propia que sobre esta base podemos generar con la secuencia de las acciones, una investigación exitosa que no desvíe la atención hacia tareas que no necesariamente agregan valor, no son conducentes al objetivo que es, primero, el de recatar con vida y en plena integridad física y emocional a las víctimas y segundo detener a los responsables y castigarlos con todo el rigor de la ley.
La puesta en operación de estas unidades especializadas en combate al secuestro, se tiene obviamente una estructura en organigrama; perfiles y procesos que empatan del lado ministerial y del lado policial en la coordinación de acciones, los elementos de pruebas y nos llevan al objetivo que es el ejercicio de la acción penal, la única manera que nuestro marco constitucional y jurídico nos permite para castigar a los responsables de estos delitos.
Un segundo eje tiene que ver con la plataforma tecnológica informática en materia de combate al secuestro, aquí se trata evidentemente de aprovechar el esfuerzo muy importante que se ha venido realizando ya en la construcción de Plataforma México, para implementar un módulo de información sustantiva en el Sistema Único de Información Criminal de la Plataforma México para el registro de seguimiento y combate al delito de secuestro.
Tanto la Secretaria de Seguridad Pública federal como la PGR nos hemos comprometido a poner en operación este módulo de información específica relacionada con este delito, integrando una base de datos realmente nacional, en Plataforma México integrar la información de los modus operandi y los datos vinculados al secuestro y la capacidad de cruce de información en línea entre estos casos.
La Plataforma México realmente da y pone al alcance de los investigadores ministeriales y policiales, herramientas valiosísimas en el cruce de la información que nos permite acortar los tiempos y aumentar dramáticamente la efectividad en la investigación del delito.
Sobre esta base planteamos la implementación de este módulo, una serie de componentes y secuencias, la conectividad de Plataforma México como paso fundamental, un equipamiento tecnológico mínimo, la capacitación sustantiva, la capacitación en el uso de las herramientas informáticas, la instalación del sistema y el inicio asistido de la operación del mismo.
Así podemos alinear y plantear nuestra colaboración, realmente en tiempo real en línea, Plataforma México ha desarrollado esta aproximación tecnológica que nos lleva a conectar el trabajo de la Procuraduría General de la República en el Sistema Único de Información Criminal junto con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y las unidades especializadas en el Estado.
La tercera acción: Recursos adicionales para la operación de las unidades especializadas. Hemos determinado que el gobierno federal, asignará recursos adicionales necesarios para el equipamiento básico de estas unidades. Es un equipamiento mínimo que tiene un perfil técnico puntual, en la selección de equipos y aproximaciones y herramientas tecnológicas adecuadas, que han sido desarrolladas por la Secretaría de Seguridad Pública federal, que será proporcionado como lo han solicitado los señores procuradores, en especie, precisamente para que se destine con plena oportunidad y homogeneidad, a la atención de estas unidades.
Se estima que el equipamiento por cada una de las unidades, tenga un costo aproximado de 11.5 millones de pesos, analizando lo pudimos hacer con los señores procuradores, los componentes puntuales de estos apoyos en especie, de estos kits que llamamos, especialmente pueden dar herramientas muy valiosas, para la atención de este delito y aumentar la efectividad en la investigación.
Por lo que hace al eje tercero, prevención del delito en materia del combate al secuestro, que tiene como objetivo el generar una cultura de seguridad y legalidad entre los miembros de la familia y su primer circulo social, mediante campañas masivas de información y concientización, momentos de la denuncia, creación de tejido social de ciudadanía y de sentido de pertenencia la Estado de derecho, a fin de erradicar conductas que favorecen, la logística criminal de los secuestradores.
Constatamos en muchos casos, en análisis puntual de las referencias de las investigaciones, que hay muchas conductas que generan circunstancias de riesgo y que pueden evitarse.
Si hacemos campañas de divulgación con respecto de esto seguramente podemos tener un riesgo menor de ser víctimas de un delito tan lacerante como este.
Una primera acción, promover y someter a consideración de las procuradurías generales de justicia, la puesta en marcha de un modelo de campaña, y los esquemas y acciones de prevención homologas a nivel nacional para fortalecer los mecanismos de difusión para la prevención de este delito.
Una segunda acción, promover la participación ciudadana en la prevención del delito de secuestro y su colaboración para el diseño de estrategias, incorporando a los actores sociales en su instrumentación.
Aquí, tanto el observatorio ciudadano que se crea en el seno de este Consejo, como los Consejos Ciudadanos que ya operan en las procuradurías generales de justicia y en las delegaciones de la Procuraduría General de Justicia de la República, serán sin duda de extremo valor.
El eje cuatro, es el ajustar los marcos normativos. Tenemos una enorme dispersión en el tratamiento normativo del delito de secuestro, necesitamos contar con un marco uniforme. Se ha comprometido aquí también en el seno de este Consejo la adopción de una ley general contra el secuestro.
El análisis que hemos hecho los Procuradores plantea que necesariamente debemos pasar por una reforma a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, es decir, dotar de facultades legislativas al Congreso de la Unión, para efecto de poder emitir una ley general en esta materia concurrente.
Sería obviamente homogeneizar la descripción de los tipos penales de secuestro y de las penas en este delito del orden común, pero que como decimos con frecuencia se vincula con delitos o circunstancias de delincuencia organizada, y sobre este avance otorgar a las procuradurías generales de justicia de los estados, de elementos de investigación que ahora están reservados solamente para investigación de delincuencia organizada, en particular, las figuras del arraigo, específicamente para el delito de secuestro en esta ley general, y sobre esta base, podemos obviamente avanzar.
Hicimos un diagnóstico de las legislaciones estatales, como decíamos tenemos una enorme dispersión con penas muy distintas, con descripción del tipo penal muy heterogéneo que no nos ayuda obviamente a generar una aproximación homogénea y efectiva, y por esta razón es que se plantea esta ley general.
Como lineamiento de esta ley, la precisión de esta facultad de la fracción 21 del 73 y algunos elementos además de la definición del tipo y las penas homogéneas, que debería contener esta ley general.
La obligación de contar con un plan de prevención en cada municipio, región y estado, y mantener actualizada una radiografía real del delito, la creación de estas unidades especializadas que ya están comprometidas en las bases de colaboración.
El estandarizar el perfil de servidores públicos de las unidades especializadas y prever los requisitos para ingreso, permanencia, evaluación y control, estandarizar el ingreso y proyecto de vida de los servidores públicos.
Hacer permanente y obligatoria la existencia de un módulo de información específica sobre el secuestro que garantice su intercambio con las víctimas con confidencialidad y certeza.
Establecer un sistema integral de atención a víctimas y familiares. Facilitar la obtención de órdenes de arraigo, cateos, intervención de comunicaciones privadas por cualquier medio, sin acompañar a estos pedidos de investigación, para garantizar la integridad de la información.
Establecer otros mecanismos de colaboración como el apoyo para el allanamiento en flagrancia que permita liberar víctimas en distintos estados, como lo permite la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Establecer prisión preventiva para los secuestradores y que esta se ejecute en centros de máxima seguridad o módulos especializados y evitar el traslado del inculpado y la víctima al lugar en donde se encuentre el juez, para la práctica de diligencias usando medios tecnológicos para este propósito.
Una prohibición clara, determinante, para la obtención de beneficios, preliberatorios, o penitenciarios o penas conmutativas.
Decir, que cuando haya sentencias en materia del delito de secuestro, no haya lugar a ningún tipo de beneficio preliberatorio en términos de la aplicación de las leyes, estatales, y prohibir la intervención de mediadores y asesores privados cuando estos obtengan un beneficio económico o propongan abstenerse de presentar la denuncia, es decir impidan o obstaculicen la actuación de la autoridad investigadora en la atención del menor.
Vamos a la reforma constitucional, al ajuste de los códigos sustantivos y adjetivos, a la ley general y a las bases de colaboración que ya hemos visto.
Finalmente el eje cinco, en la reclusión de secuestradores en módulos especializados, en penales de alta seguridad, se tata obviamente de que estos secuestradores no puedan continuar operando su logística criminal desde los centros de reclusión y además, que tengan un castigo ejemplar. Sobre esta base tenemos una primera acción.
Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar el uso ilícito de líneas telefónicas celulares dentro de reclusorios, también las casetas públicas, tenemos un número muy importante de casetas públicas instaladas en los centros de reclusión.
Y la segunda acción, detectar de manera temprana cualquier posibilidad de incursión en actividades criminales de familiares o personas vinculadas con los secuestradores, como la experiencia en la investigación de estos casos ha demostrado ser evidentemente uno de los patrones de recurrencia.
Con su permiso señor Presidente, señor Presidente del Consejo, me gustaría a nombre de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a nombre de todos los colegas Procuradores Generales de la Justicia del país, someter a la consideración de este Consejo Nacional la adopción de esta Estrategia Nacional, como una estrategia que adopta y aprueba este Consejo Nacional.
Ese es nuestro pedido, es nuestra recomendación y podemos manifestar si estamos de acuerdo en adoptar la estrategia, por favor levantemos la mano.
Muchísimas gracias, gracias señor Presidente.
Monte Alejandro Rubido García: Gracias Señor Presidente, se aprueba la estrategia en esos términos.
Acuerdo 03 de la vigésimo cuarta sesión del año ocho: los integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad Pública se comprometen en implementar la Estrategia Nacional contra el secuestro.

Hay que ¡defender la alegría! Benedetti


Defender la alegría /Mario Benedetti, poeta uruguayo, septiembre de 1920-
/
Defensa de la alegría
Defender la alegría como una trinchera
defenderla del escándalo y la rutina
de la miseria y los miserables
de las ausencias transitorias
y las definitivas

/
defender la alegría como un principio
defenderla del pasmo y las pesadillas
de los neutrales y de los neutrones
de las dulces infamias
y los graves diagnósticos
/
defender la alegría como una bandera
defenderla del rayo y la melancolía
de los ingenuos y de los canallas
de la retórica y los paros cardiacos
de las endemias y las academias
/
defender la alegría como un destino
defenderla del fuego y de los bomberos
de los suicidas y los homicidas
de las vacaciones y del agobio
de la obligación de estar alegres
/
defender la alegría como una certeza
defenderla del óxido y de la roña
de la famosa pátina del tiempo
del relente y del oportunismo
de los proxenetas de la risa
/
defender la alegría como un derecho
defenderla de dios y del invierno
de las mayúsculas y de la muerte
de los apellidos y las lástimas
del azar
y también de la alegría

XXIV Consejo de Seguridad

El Presidente Calderón en la XXIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Viernes, 19 de Septiembre de 2008 Discurso
Ciudad de México
Señor Diputado César Horacio Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Diputados del Congreso de la Unión.
Señor Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Señor doctor José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Señoras y señores Gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Señoras y señores Secretarios de Estado, integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad.
Señoras y señores legisladores vinculados a las comisiones de seguridad y de justicia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
Distinguidos representantes de organizaciones civiles, sindicales, empresariales y religiosas.
Señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores:
Agradezco a todos ustedes, y en especial a las señoras y señores gobernadores, su presencia en esta XXIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Su presencia el día de hoy ratifica el compromiso con la seguridad de todos los mexicanos y nos permite también revisar los compromisos y los avances en los mismos, logrados en estos últimos días.
Desde la última vez que estuvimos aquí reunidos, hace poco menos de un mes, acontecimientos, como el cobarde atentado perpetrado por miserables contra gente inocente en la ciudad de Morelia, el pasado 15 de septiembre, ha generado la indignación y la condena unánime de toda la sociedad.
Hago eco de las expresiones manifestadas por los integrantes de este Consejo Nacional para expresar a nombre del mismo nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Michoacán, y nuestro repudio a hechos tan cobardes.
Hoy que nos encontramos de frente con un enemigo que ha mostrado su verdadero rostro, los alcances de su brutalidad, que actúa en contra de los mexicanos más indefensos para saciar sus mezquinos intereses; hoy más que nunca debemos reafirmar nuestra voluntad de combatir al crimen, redoblar el esfuerzo y no dar ni un paso atrás.
El cumplimiento de los compromisos asumidos a través del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que expresan la Estrategia Nacional de Seguridad, nos irán mostrando que este es el camino correcto.
La Estrategia Nacional parte de un principio elemental, que consiste en que la seguridad pública es la primera obligación de los gobernantes, como bien se ha dicho aquí; que es la actividad esencial del Estado, que es intransferible y tiene como objeto prevenir y evitar los peligros que amenazan a la comunidad.
Por ello, la tranquilidad y el orden social son indispensables para el progreso y el bienestar de la sociedad de cualquier Nación.
En el momento en que esa base de convivencia social se vea amagada por la acción de la criminalidad que vulnera la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley, cuando la intimida o la corrompe, o cuando construye una base social que la cobija y encubre, el Estado tiene que intervenir con todos los recursos a su alcance para restablecer condiciones mínimas de orden, de seguridad y de legalidad.
Hoy el Estado despliega su fuerza, una fuerza legítima, una fuerza legal, una fuerza democrática, una fuerza pública, la única que debe haber, para que todos los mexicanos y sus familias puedan vivir en paz y tranquilidad.
Por ello la Estrategia Nacional de Seguridad es y debe ser una estrategia de Estado y de todo el Estado, y por ello tiene entre sus componentes los Operativos Conjuntos, cuyo objetivo es, precisamente, recuperar o preservar el poder territorial del Estado en aquellas zonas o regiones donde los criminales pretendan imponer su propia ley.
Con ellos combatimos de manera frontal la amenaza de la delincuencia sin escatimar esfuerzos ni recursos, a fin de apoyar a la ciudadanía y a los gobiernos locales, convencidos de que esta es la forma de arrebatar a los criminales la impunidad con la que pretenden actuar al intimidar o extorsionar a las autoridades y a los ciudadanos, y al envenenar a nuestros niños a nuestros jóvenes.
Al desarticular redes operativas y financieras de la delincuencia, no sólo estamos capturando importantes líderes de las bandas, sino que también asestamos golpes y golpes importantes a su estructura económica y, en consecuencia, a su capacidad de operación para limitar su poder.
Un elemento central de la estrategia es también, como lo hemos comentado, el fortalecimiento y la depuración de los cuerpos policiacos en todo el país, porque requerimos contar con policías de probada honestidad en todos los órdenes de Gobierno, altamente capacitados y equipados; policías que cuenten con la confianza de la comunidad a la que sirven y con la capacidad necesaria para poner un alto a la delincuencia y a la criminalidad.
Buscamos que las policías de todo el país, federales, estatales y municipales, cumplan con los más altos estándares éticos; que cuenten, justificadamente, con la confianza de la gente, con el apoyo de los ciudadanos.
Policías honestos que combatan con eficacia la criminalidad a partir de contar con los mejores instrumentos de información y de inteligencia, y con un servicio profesional de carrera que dignifique la actividad policial.
Una buena parte de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad buscan este propósito. Y estoy seguro que si cumplimos este solo objetivo, ya habremos dado un paso significativo y quizá con pocos precedentes en la lucha contra la delincuencia.
Pero sabemos que, para que sea efectiva, nuestra estrategia tiene que ir más allá de la ejecución de operativos, de la desarticulación de bandas criminales o de secuestradores, o de la profesionalización de nuestros cuerpos policiacos.
También debe, necesariamente, incluir políticas públicas de carácter preventivo. Las últimas estadísticas confirman la grave problemática a la que se enfrentan nuestros jóvenes a causa de la droga, de las adicciones y de la incapacidad del Estado, en sus diversos órdenes, de proporcionarles oportunidades de desarrollo, bienestar, formación y trabajo.
Es en este frente donde también debemos actuar y actuar unidos. Durante años las estructuras criminales penetraron en todas las esferas sociales del país, buscaron esclavizar a nuestros niños y jóvenes con la dependencia de las drogas que venden y, consecuentemente, incrustarlos en las actividades delictivas que rodean a este fenómeno.
Es por eso que la Estrategia tiene y debe tener un muy importante componente preventivo, orientado a recomponer el tejido social mediante espacios públicos recuperados, escuelas seguras, libres de droga; centros especializados para el tratamiento de las adicciones y, sobre todo, la generación de oportunidades para el desarrollo personal, y la protección y la integridad de las familias mexicanas.
La Estrategia Nacional de Seguridad se expresa, se articula y se fortalece con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el que los tres órdenes de Gobierno, los Poderes de la Unión sin distingos de partidos, así como organizaciones ciudadanas y del sector productivo, queremos sumar voluntades y esfuerzos.
Sé que la cooperación y la corresponsabilidad rendirá frutos, y hoy podemos ver algunos incipientes primeros resultados, pero que nos indican qué es lo que tenemos que corregir y qué es lo que tenemos que enfatizar.
En primer lugar. Celebro que a partir de hoy contemos con una estrategia nacional e integral contra el secuestro, que ha generado consenso con las autoridades estatales de todo el país. Este es uno de los delitos que más lastima a la sociedad y que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para acabar con él.
Con esta estrategia los gobiernos habremos de enfrentar el delito de secuestro a partir de un diagnóstico compartido y con programas específicos y adecuados a la realidad que vive cada una de las entidades federativas.
Estamos decididos a golpear de manera contundente a una delincuencia que pretende dañar a la Nación, despreciando el Estado de Derecho y el régimen de libertades que nos hemos dado los mexicanos a lo largo de nuestra historia gloriosa.
En segundo lugar. Estamos fortaleciendo el marco legal para hacer más eficaz la acción de las instituciones de procuración y administración de justicia.
Ayer, precisamente, en cumplimiento del Acuerdo, presenté al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Extinción de Dominio, con la que los recursos que utilizan los criminales podrán ser apropiados por el Estado de manera expedita, y ser utilizados, entre otras cosas, para reparar a la sociedad agraviada por el daño que se le ha causado.
Es un principio de elemental justicia, que quienes lucran con el sufrimiento y el dolor de las familias deban ser despojados del producto de sus actividades ilícitas y retribuir con ello a las víctimas de sus actos.
También propuse al Congreso un paquete de modificaciones a diversos ordenamientos en materia penal. Con ello las fuerzas del orden podrán actuar con mayor eficacia contra la criminalidad; además se fortalecen las capacidades de las autoridades en la investigación y castigo de actos delictivos; y lo más importante, se amplía y desarrolla la participación de las víctimas y se protegen mejor sus derechos.
Es importante que todos y cada uno de nosotros brindemos apoyo a las propuestas para que pronto contemos con una legislación que responda a legítimas demandas sociales y a necesidades imprescindibles en el combate a la criminalidad.
Además, el día de hoy la Procuraduría General de la República publica el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se implementa un sistema seguro de pago de recompensa a aquellos ciudadanos que proporcionen útil y veraz que permita la captura de los criminales que más agravian a la sociedad.
En tercer lugar. El día de hoy hemos conversado todos sobre la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de lograr una coordinación más eficaz entre la Federación, los estados y los municipios en materia de seguridad pública.
Yo estoy seguro que una vez analizado por el grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Gobernadores, y puesto también al análisis de los alcaldes, representados aquí, en este Consejo, por sus asociaciones nacionales, la próxima semana estaremos en posibilidad de presentar, a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, una buena iniciativa que permita coordinarnos de manera más eficiente, señalar también responsabilidades y consecuencias, y cumplir así otro de los compromisos del Acuerdo Nacional.
En cuarto lugar. Hemos agilizado la expedición de licencias colectivas de portación de armas de fuego; con ello, la Defensa Nacional, por conducto de su Secretario, ha informado que los cuerpos policiacos locales que hayan demostrado probidad y honestidad a través de las pruebas de control de confianza contenidas, precisamente, en los compromisos del Acuerdo, también podrán contar con mejor armamento no sólo igual, sino superior. Ese es el propósito al que utilizan los criminales.
El objetivo es equipar con mayor capacidad de fuego a las fuerzas del orden para que puedan enfrentar una delincuencia que ha ido escalando cada vez más sus niveles de violencia, en un intento por replegar a la autoridad y por intimidar a los ciudadanos.
En suma, con acciones como éstas estamos dando pasos para el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Es tiempo de redoblar esfuerzos para que estos logros se traduzcan en mejoras concretas y palpables, por parte de los ciudadanos, en la situación de seguridad.
Así queremos hacerlo y así lo hemos venido haciendo todos a partir de la firma del Acuerdo.
De la firma del mismo a la fecha, en lo que toca a las fuerzas federales, por ejemplo, se han dado golpes importantes a la criminalidad.
En estos días, del Acuerdo al día de hoy se han incautado casi 30 toneladas de marihuana y siete de cocaína; se logró el segundo aseguramiento más importante de dinero en lo que va de esta Administración, con el decomiso, por parte del Ejército Mexicano, de más de 26 millones de dólares, en efectivo, que presuntamente pertenecían a capos del Cártel de Sinaloa.
Se logró la detención y puesta a disposición de más de mil 300 presuntos delincuentes en los últimos 30 días, incluyendo a 20 integrantes de la organización delictiva La Familia, que tenían secuestradas a dos personas y nueve integrantes de la banda de secuestradores denominada Los Cruz.
Hasta el 31 de julio, por otra parte, las fuerzas federales: Policía Federal, Procuraduría General de la República, las Fuerzas Armadas, habían capturado a 266 secuestradores y desarticulado a más de 35 bandas dedicadas al delito de secuestro.
Y, tan sólo desde la Firma del Acuerdo a la Fecha, la federación, que incluye a los estados y al Gobierno Federal, han detenido a 120 presuntos secuestradores y desarticulado 10 bandas, liberando a 30 personas que mantenían como rehenes.
Sabemos que falta mucho por hacer, sabemos el tamaño del desafío y la profundidad de los problemas que hoy estamos enfrentando; pero la parte medular, precisamente, del Acuerdo y del Consejo es la voluntad y la determinación de enfrentarlos y de cumplir los compromisos asumidos en este Palacio Nacional.
Para seguir avanzando en esa lucha también hemos propuesto al Congreso de la Unión, en el Presupuesto de Egresos 2009, un incremento real de más del 33 por ciento a los recursos destinados al rubro de orden, seguridad y de justicia, incluyendo el presupuesto para la construcción de dos penales de alta seguridad, o su habilitación, y también el incremento en el socorro de ley.
Con acciones como éstas el Gobierno Federal se mantiene firme en la tarea indispensable de recuperar la seguridad; con unidad y decisión de los mexicanos vamos a combatir a los criminales en todos los frentes.
Reconozco la disposición y la voluntad de los gobiernos de los estados por hacer frente a este mal común.
Sé que con coordinación entre todos nosotros y con voluntad firme, devolveremos la seguridad y la tranquilidad a las familias mexicanas.
Señoras y señores:
Los arteros crimines del 15 de septiembre, en Morelia, ponen de manifiesto la cobardía y el verdadero rostro de la criminalidad que combatimos.
Por eso, hoy más que nunca, los mexicanos debemos mantenernos unidos para hacer frente a quienes pretenden sembrar el desaliento y el miedo en nuestro país.
Hoy más que nunca debemos mantenernos firmes en el combate a la delincuencia y al crimen; así lo hace y lo hará el Gobierno Federal.
Convoco a la sociedad entera a que nos mantengamos unidos en esta lucha, que es superior a cualquier interés parcial. Una lucha que es, precisamente, del interés nacional, superior a los intereses parciales por legítimos que estos sean.
Hoy más que nunca necesitamos unidad entre poderes, unidad entre gobiernos de distintos órdenes, unidad entre partidos políticos y, sobre todo, unidad entre sociedad y Gobierno.
Hoy más que nunca necesitamos una sociedad fuerte y unida, que exija, que vigile y también que denuncie y participe en la creación de una cultura de legalidad y prevención del delito, que tanta falta le ha hecho a nuestro país.
El Observatorio Ciudadano, que surgirá en el marco del Acuerdo Nacional, será un paso fundamental para ese fin. Y por eso, el Gobierno Federal ha expresado todo su apoyo a esta iniciativa.
A las autoridades de todos los órdenes de Gobierno y de los poderes, aquí reunidos; agradezco la solidaridad con la Nación y el compromiso con su seguridad, y reitero la convocatoria a la unidad nacional.
En días pasados hemos visto como los gobernadores, los legisladores, los alcaldes, los partidos han condenado unánimemente el cobarde crimen cometido en Michoacán.
Hemos visto también como se han incrementado en distintos lugares del país la acción y la captura contra los delincuentes. El Acuerdo y su cumplimiento permiten pasar de la indignación y la condena a las acciones concretas.
Es hora de sumar esfuerzos y recursos para que las autoridades que representamos al Estado mexicano logremos que las familias de México vuelvan a sentirse seguras y tranquilas.
Es un momento de definiciones históricas. Lo que hagamos o dejemos de hacer después de este 15 de septiembre, marcará para siempre la forma en la que los mexicanos del futuro recordarán este momento de nuestra historia.
De nosotros depende convertirnos en la generación que enfrentó y derrotó con decisión, unidad y firmeza a los enemigos de México. La generación que, por encima de diferencias políticas, se supo unir a lo esencial en el momento histórico que se le exigió: recuperar a México de manos de la delincuencia y ponerlo en la ruta para ser un país desarrollado, próspero, justo que avanza por la vía del orden, de la equidad, de la legalidad y de la paz.
Sé que con el apoyo decidido de todos ustedes y de todos los mexicanos ese México vendrá y tendrá lugar entre los mexicanos que vengan detrás de nosotros.
Y, si me permiten ustedes, les pido que me acompañen a hacer la declaratoria formal de clausura.
Hoy, viernes 19 de septiembre del año 2008, siendo las 13:00 horas, me es muy grato declarar formalmente clausurados los trabajos de la XXIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, esperando que se hayan alcanzado todos sus objetivos y que nos reunamos próximamente para darle seguimiento a los compromisos que hemos asumido en bien de los ciudadanos.
Enhorabuena para todos.

El secuestro en México


¡Diagnóstico oficial!
Una vez que fue nombrado como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Monte Alejandro Rubido García, presentó el Diagnóstico del Secuestro en México, en el que resalta que de enero de 2007 al 15 de septiembre pasado se registraron 1, 106 víctimas de secuestro, de las cuales 66 han sido asesinadas y 760 liberadas; se reportan 144 asesorías concluidas y 136 vigentes.
En su intervención en la XXIV sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Genaro García Luna Secretario de Seguridad Pública, señaló:
Ciudadanos integrantes de este Consejo Nacional, siguiendo con el orden del día, me permito informar a ustedes que el licenciado, Roberto Campa Cifrián presentó su renuncia al cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con fecha del primero de septiembre del año en curso.
Aprovecho la ocasión para reconocer al licenciado Campa Cifrián, su entrega, profesionalismo y valiosa aportación al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante su desempeño.
En mi carácter de presidente de este consejo con fundamento del artículo 14 de la ley general que establece la parte de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, propongo a ustedes al licenciado Monte Alejandro Rubido García, como Secretario Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública, en cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo se sustenta en los documentos previamente establecidos en sus carpetas y en sus lugares.
Esta a su consideración la propuesta, quien estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Muchas gracias, aprobado el nombramiento del licenciado Monte Alejandro Rubido García como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Acuerdo segundo, vigésima cuarta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se señala que se aprueba el nombramiento del licenciado Monte Alejandro Rubido García, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito al señor Presidente de la República, proceda a tomar la protesta de ley al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Felipe Calderón Hinojosa: Ciudadano Monte Alejandro Rubido García protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que le ha conferido este Consejo Nacional.
Si así lo hiciere, que la ciudadanía, los integrantes y las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública se lo reconozcan y si no que se lo demanden.
Genaro García Luna: Gracias señor Presidente, solicito al licenciado Monte Alejandro Rubido, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, continué con el desahogo y de la orden del día.
Monte Alejandro Rubido García: Muchas gracias señor Presidente, Señor Secretario.
Distinguidos integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, agradezco y estimo en todo lo que vale la confianza que me brindan.
De conformidad con lo que establece el orden del día pongo a su consideración el diagnóstico del fenómeno del secuestro a nivel nacional.
La presentación se sustenta en tres grandes ejes, el primero, la descripción del fenómeno del secuestro en nuestro país, segundo una situación actual y finalmente los logros que se han alcanzado desde la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito en este salón el 21 de agosto.
Con esta lamina lo que queremos mostrar, es que los delincuentes cuando se involucran en el delito de secuestro ya tienen una trayectoria criminal previa que inician desde aquellos delitos aparentemente menores hasta ir escalando en el marco delincuencial, adelante por favor.
Una precisión que resulta pertinente, fórmulas, es que podamos diferenciar qué es propiamente un secuestro y que es un ajuste de cuenta, o comúnmente conocido como levantón.
El secuestro como privación ilegal de la libertad de una o más personas, por la igual la parte delincuencial exige el pago de un rescate para su liberación, mientras que el levantón también es un tipo de privación ilegal de libertad, pero que se da en la pugna entre grupos delincuenciales particularmente de narcotraficantes y cuyo desenlace es generalmente un homicidio con alto impacto por la violencia extrema con la que se lleva a cabo.
De manera muy somera el perfil de los secuestradores, con base en un caso superior de 870 presuntos secuestradores evaluados entre 2002 y 2008, podemos destacar que la edad de los mismos generalmente oscila entre los 22 y los 35 años, y que su ocupación es toda aquella actividad que les de la flexibilidad de horario que requieren para dar los seguimientos y acudir a las casas de seguridad que instalan.
No es menor destacar el antecedente familiar ya que la mayoría de los secuestradores, provienen de familias disfuncionales y permisivas las cuales en algunos casos forman parte de la estructura delincuencial, participando o cuando menos asumiendo las actividades de los secuestradores.
De la evolución señalábamos en la gráfica inicial, que es una carrera delictiva la que ellos siguen partiendo de los delitos menores; y bien nos podemos preguntar cuál es el destino de los cobros que hacen de los rescates y en términos generales podríamos puntualizar que se dedican a la compra de artículos de lujo y sobre todo al pago de servicios en diversos giros negros.
En esta gráfica vemos cual es el perfil de las víctimas, y es de destacar que son comerciantes, estudiantes y empleados, que con mayor frecuencia han sido objeto de este delito, ello significa que es prácticamente la coyuntura de la victima, el día a día de la misma y no una estrategia de seguimiento puntual de los grupos delincuenciales, lo que termina por marcar, bien termina siendo víctima de secuestro.
Otro dato interesante por edades, encontramos que entre los 16 y los 30 años es la edad del mayor número de los secuestrados, seguido por una edad que oscila entre los 31 y 40 años, son los datos más significativos en cuanto a edad.
De acuerdo a los datos al gobierno federal y de las procuradurías de justicia locales, presentamos esta gráfica de cómo ha ido evolucionando el secuestro desde 2008 a 2009; encontramos que en el año 2008, se han registrado 651 eventos.
Importante aquí que podamos hacer una valoración tanto en número absolutos como en números relativos de la incidencia que dentro de todo el esquema delincuencial tiene el secuestro. Y podemos ver, como se señala en la línea marcada en amarillo, la línea inferior en amarillo, que en números relativos en los secuestros entre 2002 y 2008 prácticamente no se han modificado más allá de una centésima.
Para que a golpe de vista, pudiéramos tener una apreciación de como ha ido evolucionando el delito de secuestro en cada una de las 32 entidades federativas, presentamos estas láminas, son 3 ejercicios el que estamos viendo ahora corresponde al año de 2006, y la tonalidad va marcando el número delitos de secuestros que se cometen en cada caso; 2007 en el mismo tenor por las mismas clasificaciones y finalmente el avance que llevamos hasta septiembre de este 2008.
Esta gráfica también nos muestra cuales son aquellas entidades que con mayor intensidad sufren el flagelo del secuestro.
El estatus de los casos de secuestro a nivel nacional y aquí estamos sumando datos del gobierno federal y de 21 entidades federativas y hemos encontrado de enero de 2007 al 15 de septiembre de este año, en el país ha habido mil 106 víctimas de secuestro, y en este periodo se ha logrado la liberación de 760 secuestrados, actualmente se están brindando asesorías a 136 familias de víctimas, mientras que 144 accesorias han concluido por diversas causantes.
Es importante también señalar que en todo este escenario de secuestro el número de víctimas asesinadas asciende a 66 personas.
En esta gráfica encontramos en el periodo mencionado de 2001 a 2008, se ha capturado un total de 139 bandas y a 923 presuntos secuestradores de los cuales 34 eran policías, y de las 139 bandas referidas, en 20 de ellas se contó que había participación de policías, ahora ex policías.
Finalmente en este diagnóstico es importante destacar los logros que se han alcanzado a partir del 21 de agosto próximo pasado, con la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En diferentes operativos, en diversas entidades, se ha logrado la desarticulación de nueve bandas de secuestradores, se han detenido a 120 presuntos secuestradores y han fallecido durante la captura cuatro presuntos delincuentes, en todo este ejercicio se logró la liberación de 30 personas que estaban privadas de su libertad.
Gracias, gracias por su atención.
Genaro García Luna: Gracias licenciado Rubido, bien solo precisar faltó un dato ahí de agregado, nos reporta el estado de Coahuila, que detuvo una banda más de secuestradores y justo se agregaría al reporte que se ha referido.