17 may 2008

¿Grilla al general Tomás Angeles?

Columna Templo Mayor
de Reforma, 17/''5/2008;
DADO que la guerra contra el narcotráfico se está poniendo cada vez más complicada para el gobierno, en el medio castrense hay quienes están empezando a extrañar al general Tomás Ángeles.
EL MILITAR de carrera es reconocido como alguien que sabe bien cómo y dónde pegarle al crimen organizado, además de que gozaba de una muy buena relación con el presidente Felipe Calderón.
SOLAMENTE que, por una "grillita" color verde militar, le hicieron efectivo su retiro por edad cuando aún estaba en posibilidades de hacer mucho en materia de seguridad.
QUIZÁS es por eso que, quienes saben de cuestiones de seguridad nacional y de inteligencia, afirman que ante lo que se avecina en materia de combate al narcotráfico no estaría de más volver a poner a Ángeles dentro de la baraja con la que se jugará esa partida.
TAL VEZ los diputados federales del PAN podrían tomar un buen ejemplo de los legisladores de su partido en el DF.

¿Quién lleva esa política?

En derechos humanos
Columna Sobreaviso de René Delgado
Publicado en Reforma, 17/05/2008;
(...) ¿Qué está ocurriendo, ese proceder marca el estilo del sexenio o el desinterés por lo que está sucediendo?
A la par de esos acontecimientos, el desinterés por el respeto a los derechos humanos y la conducta ética de los funcionarios públicos parece ya una política pública.
Al descaro del subprocurador Juan de Dios Castro de señalar como "enemiga del Estado" a Aleida Calleja, una reconocida activista en favor de las radios comunitarias, se agregan más y más muestras de indiferencia frente a los derechos humanos. Aquel error del presidente Felipe Calderón de diagnosticar la muerte de Ernestina Ascensio, aquella mujer de Zongolica presumiblemente violada por militares, a causa de una gastritis crónica, al parecer marcó la postura oficial frente al cuidado de los derechos humanos.
De más en más se advierte un desinterés por esa materia y, ahora, se señala que la precipitada salida del representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, Amérigo Incalcaterra, fue producto de presiones gubernamentales. Sin embargo, no hay un funcionario que aclare el asunto.
Lo cierto es que el número de visitas de organismos internacionales, oficiales y civiles, interesados por la situación de los derechos humanos va en ascenso pero el asunto no conmueve al gobierno.
Se muestra indiferente frente al suceso.
(Apropósito) ¿Quién lleva esa política?...

La tregua del EPR

Grave error /Jaime Sánchez Susarrey
Publicado en Reforma, 17/05/2008;
El gobierno de la República cometió un grave error al aceptar el diálogo que le proponía el EPR. No se debe negociar con un movimiento armado cuyo fin declarado es la toma del poder y la destrucción del Estado burgués. La Constitución lo prohíbe explícitamente. Eso no significa, sin embargo, que la demanda del grupo guerrillero no debía ser atendida. La exi- gencia de que se investigue la desaparición de dos de sus militantes es atendible.
En un Estado democrático todos los ciudadanos, incluidos los que se levantan en armas, tienen derecho a un juicio conforme a la ley. Pero como bien sabe Perogrullo, para aplicar la ley no es necesario sentarse a negociar con nadie. En todo caso, el gobierno de la República podría haber formado una comisión de ciudadanos independientes que coadyuvara en la investigación que por oficio debe seguir la Procuraduría General de la República o la del estado de Oaxaca.
Ése fue el gran "malentendido". Y digo "malentendido", así, entre comillas, porque el EPR ofreció una tregua en tanto durara el diálogo para aclarar lo ocurrido con los desaparecidos. Jamás planteó, como lo ha reiterado públicamente, que estuviera dispuesto a abandonar la vía armada. En ese sentido ha sido más consistente y coherente que el gobierno de la República. Los guerrilleros están en lo que están: una guerra sin cuartel para derrotar al Ejército y tomar el poder. Al respecto no hay medias tintas ni confusión alguna.
Ha sido, por lo tanto, la Secretaría de Gobernación, seguramente avalada por el presidente Calderón, la que quedó en ridículo. Pero no sólo eso. La comedia de equivocaciones siguió, después, por la peor de las vías. La propuesta inicial del EPR contemplaba que el diálogo se entablara mediante un tercero interpuesto, es decir, una comisión mediadora integrada por varios ciudadanos. La respuesta oficial fue que el diálogo debería ser directo. Los eperristas reaccionaron de inmediato: denunciaron la intolerancia del gobierno autoritario y retiraron su ofrecimiento. Acto seguido, la Secretaría de Gobernación aceptó todas las condiciones de los guerrilleros.
No hay que ser adivino para advertir que el desenlace final será la derrota y la puesta en evidencia del gobierno de la República. Si la desaparición de ambos militantes se esclarece a satisfacción de la comisión mediadora y se castiga a los culpables, las aguas regresarán a su cauce. Los guerrilleros darán por terminada la tregua e implementarán nuevas acciones armadas. No hay en ello ningún misterio. Los términos y objetivos de la negociación fueron perfectamente establecidos desde el inicio.
El saldo de este pequeño sainete será entonces amargo. Primero, porque sentará un precedente: los guerrilleros tienen el poder y la capacidad de sentar a negociar al gobierno de la República en el momento que así lo decidan; segundo, sin esa presión, clamarán los eperristas a los cuatro vientos, jamás se habría esclarecido el delito. No hay, en consecuencia, otro camino que el de las armas para hacer efectiva la justicia. Tercero, el gobierno es débil y carece de autoridad moral. La justicia burguesa es de clase; no es ni nunca será la misma para todos.
Ahora bien, si la desaparición no se esclarece o, peor aún, no se esclarece a completa satisfacción de una comisión integrada exclusivamente por el EPR, el gobierno de la República se encontrará en el peor de los mundos posibles. Los eperristas denunciarán, de entrada, la complicidad del presidente de la República con la represión y con los cuerpos de seguridad que recurren a métodos ilegales. Proclamarán que la única vía para enfrentar esa ola represiva del régimen burgués autoritario es el pueblo levantado en armas. Y pasarán a ser víctimas, luchadores sociales, que no tienen otra opción que la de las armas. Desde la izquierda se les cobijará con el viejo razonamiento: no compartimos sus métodos, pero entendemos el motivo de su inconformidad y la nobleza de sus objetivos.
Así que, para decirlo en palabras llanas, la Secretaría de Gobernación se puso y puso al presidente de la República en el peor de los bretes posibles. No importa lo que haga, la condenación será implacable, definitiva y absoluta.
Todo esto ocurre en momentos particularmente graves. La ofensiva del crimen organizado parece imparable. Hace un año se decía que la ola de violencia no era contra el Estado, sino un ajuste de cuentas entre los propios narcotraficantes. Ahora que las ejecuciones se multiplican y alcanzan a altos mandos policiacos en la Ciudad de México, se nos dice que es porque los cárteles de la droga han perdido capacidad financiera y se están desintegrando.
La consistencia del argumento y del diagnóstico deja mucho que desear. Alguien que va perdiendo una guerra se repliega y no se arriesga a acciones ofensivas porque sabe que las consecuencias terminarán siendo fatales. No es éste, obviamente, el cálculo que está haciendo el crimen organizado. Su escalada confirma que tiene un alto poder de fuego y que se sabe impune o a salvo de las acciones punitivas del Ejército y las policías.
Pero desgraciadamente hay más. Funcionarios del gobierno colombiano han denunciado, con pruebas ciertas, que existe conexión e intercambio entre los cárteles de la droga en México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La droga fluye a cambio de armas. También se sabe que la guerrilla colombiana está vinculada (asociada) con los cárteles de la droga colombianos. De ahí que la mayoría de los países, con la excepción de Venezuela, consideren a las FARC como una organización terrorista que practica secuestros, comete atentados y trafica drogas. Por si hiciera falta, hay evidencia de que Hugo Chávez apoya y financia a las FARC, como también hay evidencia de que Lucía Morett y otro grupo de jóvenes mexicanos recibían entrenamiento en el campamento de las FARC en Ecuador. Añado un dato más, el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno legítimo de López Obrador, Gustavo Iruegas, acompañó a Lucía Morett en su viaje a Nicaragua donde ahora está siendo protegida por Daniel Ortega.
Son demasiadas coincidencias y conexiones para suponer que no hay aquí un mar de fondo. El mundo de la violencia tiene vasos comunicantes que van más allá de la ideología y tienen que ver con el viejo principio árabe: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esto es lo que el novel secretario de Gobernación no ha entendido. Por eso, sin saber y como jugando, abrió una caja de Pandora de la que habrá de salir de todo menos... una paloma de la paz.

Incidente en la frontera colombo venezolana

El Gobierno venezolano envió una nota de protesta a Colombia, porque tropas del Ejército colombiano habrían irrumpido ilegalmente en tierras venezolanas.
Mediante un comunicado, la Cancillería venezolana dirigió a la colombiana "su más enérgica protesta por la incursión ilegal de tropas del Ejército colombiano en territorio venezolano, ocurrida el día 16 de mayo en el sector Los Bancos del Municipio Páez del Estado Apure".
El texto indica las coordenadas exactas del lugar donde fue "interceptada" la comisión de 60 soldados colombianos, a unos 300 kilómetros al sureste de Caracas y 800 metros dentro del territorio venezolano. Según el documento, la comisión fue obligada a abandonar "inmediatamente" el territorio.
De inmediato el Presidente Uribe dijo que pidió a las fuerzas militares colombianas que investigaran el incidente. Añadió que si era cierto, Bogotá se disculparía con Venezuela y que si resultaba falso, darían igualmente explicaciones. Si se comprueba "que nuestros soldados entraron allí ofreceremos excusas. Si no es cierto daremos explicaciones", dijo Uribe al final de una conferencia de prensa en el palacio de gobierno en Lima, Perú.
Agregó "nosotros no hemos sido un país belicista, no lo somos, no lo seremos... Así como nosotros producimos notas de protesta, también las recibimos. No las rechazamos, sino que las examinamos cuidadosamente, como tiene que ser y es un ejemplo que ojalá se siguiera en todo el vecindario", agregó Uribe sin hacer otros comentarios sobre el tema.
La nota del gobierno de Venezuela le exige "al gobierno colombiano que vele por el cese inmediato de estas violaciones del derecho internacional, de la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela".
Pidió también que se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de las mismas.
La patrulla militar colombiana estaba al mando de un subteniente que se identificó como Jhonny Ocampo Jurado, según el comunicado venezolano, adscrito al "Batallón Especial Energético y Vial No 1 Gral. Juan José Negro Velasco, con sede en la Base Militar Cubará, departamento de Arauca".
La Cancillería en Caracas se refirió a la incursión militar "como un acto de provocación" y expresó su preocupación porque "se produzca en momentos en que nuestro gobierno ha denunciado la política belicista del gobierno colombiano que busca deliberadamente la desestabilización de la región", señaló la nota de protesta.

Correa renunciaría si le comprueban nexos con las FARC

El conflicto diplomático entre Colombia y Ecuador y Venezuela tensionó la V Cumbre sin que se diera un esperado encuentro entre los tres presidentes, aunque hubo llamados a la calma de parte de España y otros dignatarios.
Incluso el presidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó en un programa de radio transmitido desde Lima, que está dispuesto a renunciar a su cargo si se prueban nexos de su gobierno con las FARC y pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que investigue esas acusaciones del gobierno colombiano. "Tengo la conciencia tan limpia y no tengo nada que temer que hago la propuesta: si llegan a demostrar que el gobierno de Rafael Correa tuvo alguna relación con las FARC, pongo mi cargo de presidente de la República a disposición del pueblo ecuatoriano" , manifestó.
Correa lanzó su propuesta al descalificar el informe de Interpol; "El informe (...) ni nos va ni nos viene, no nos interesa en lo más mínimo, tampoco lo que dice el gobierno colombiano" , subrayó Correa, en su comparecencia ante la prensa en la última jornada de la V Cumbre de la Unión Europea y América Latina.
Agrego "habría que preguntarle a Uribe: ¿le cree o no le cree a las FARC?. Porque si le cree hay que creerle que me financió la campaña, pero también va a ser cierto lo que han dicho del presidente Uribe de sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo".
Comentó que durante la V Cumbre le pidió en una reunión privada a José Miguel Insulza, secretario de la OEA, que ese organismo "investigue cualquier potencial nexo del Ecuador con las FARC".
Preciso Correa con respecto al informe de Interpol "no es que dice lo que dice aquí es cierto, no. (Dice) está información estaba en el computador, hay que ver si el computador estaba en el campamento".
El presidente de Ecuador, dijo en Lima que tiene información de que los computadores que Bogotá señala haber rescatado del campamento de las FARC bombardeado el pasado 1 de marzo en realidad no estuvieron allí. "Nosotros tenemos información de que esas computadoras no estaban en el campamento, sino que habían caído en poder de la Inteligencia colombiana mucho antes", señaló sin más detalles.
Agregó que en los supuestos documentos que Bogotá dice haber extraído de las computadoras de las FARC hay varias contradicciones, como las relacionadas con fechas en cuanto a la presunta financiación de su campaña electoral por parte de las FARC.
El presidente relató que en los supuestos documentos se menciona a un coronel Brito vinculado a la recepción de dinero de las FARC."Gracias a Dios no hay ningún coronel Brito que haya sido dirigente de Alianza País (el movimiento político oficialista), ni miembro de mi Gobierno", señaló. Aclaró que sólo conoce al coronel Jorge Brito, quien participó en el Gobierno de Alfredo Palacio. "Nos ayudó en campaña, pero nunca fue dirigente nuestro y nunca ha sido parte de nuestro Gobierno".
Apuntó que si llega a ser cierto que las FARC dieron 100,000 dólares a algún coronel Brito para la campaña presidencial simplemente fueron "estafados". "Tengo que decirles, con mucha pena a las FARC, que fueron estafados porque nosotros no hemos recibido ningún dinero y jamás hubiéramos aceptado dinero de una fuente ilegal", precisó el mandatario.

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