7 may 2008

Dinero para matar policias

John P. Walters, zar antidrogas de los EE UU reconoció que el dinero para matar a policías mexicanos proviene de lo que gastan los consumidores y drogadictos de su pais.
En la reunión internacional convocada por el gobierno de ese país para combatir la producción y tráfico ilegal de metanfetaminas, Walters afirmó que la violencia y homicidios de policías mexicanos por las bandas de las drogas provienen del dinero que gastan los drogadictos de EE UU:
Por su parte, el procurador de ese país, Michael B. Mukasey, agradeció al presidente Calderón el gran esfuerzo que se ha hecho para abatir el tráfico ilícito de precursores químicos que se destinan a la producción de metanfetaminas. Solicitó a su homólogo mexicano, hacerle llegar a los mexicanos su reconocimiento, "ya que ustedes son toda la diferencia en el mundo" en la unión de todos los países en contra de esta problemática.
Mukasey indicó que el decremento en la disponibilidad y la elevación de precios de las drogas ha generado más violencia en la frontera y también ha prohijado los asesinatos y secuestros de agentes federales "que mucho lamentamos" .
EL DINERO PARA MATAR A POLICÍAS MEXICANOS,
Miercoles, 07 de Mayo de 2008 Boletin 357/08
VIENE DE LOS CONSUMIDORES Y DROGADICTOS DE USA: JOHN WALTERS
• México es un país libre de pseudoefedrina, afirmó en San Luis Missouri el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, al participar en una reunión internacional dedicada a prevenir y combatir la producción y tráfico de metanfetamina y sus precursores • Los Procuradores de México, China y los Estados Unidos firmaron un convenio para incentivar la cooperación internacional y compartir las medidas reguladoras internas que han dado resultados Al entregar al Gobierno de México y a los mexicanos el premio 2008 de la National Methamphetamine & Chemicals/ Pharmaceutical Drug Crimes Iniciative, el Jefe de la Oficina de la Casa Blanca de Políticas contra las Drogas, reconoció que la violencia y homicidios causados en México por las bandas de las drogas y las muertes de policías mexicanos, provienen del dinero que gastan los consumidores y drogadictos de los Estados Unidos.
Lo anterior tuvo lugar en la ciudad estadounidense de San Luis Missouri, en la reunión internacional convocada por el Gobierno de los Estados Unidos para combatir la producción y tráfico ilegal de metanfetaminas y sus precursores, que contó con la presencia del Procurador del vecino país del norte, Michael B. Mukasey, del Director del Narcotics Control Bureau de China, Liu Yuejin, del Jefe de la Oficina de la Casa Blanca de Políticas contra las Drogas, John Walters, y de Eduardo Medina Mora, Procurador de México, entre otros funcionarios de aplicación de la ley y justicia, peritos y fiscales de India, Alemania, Suiza, Singapur, Canadá, Estados Unidos y México. En ese marco, los representantes de México, Estados Unidos y China firmaron un acuerdo Contra el Desvío de Precursores Químicos, Drogas Sintéticas y Medicamentos Controlados, cuya finalidad es incentivar la cooperación internacional y compartir las medidas reguladoras internas que han dado resultados.
En su intervención en la reunión plenaria, el Procurador Mukasey agradeció al Presidente Felipe Calderón y a los mexicanos el gran esfuerzo que se ha hecho para abatir por completo el tráfico ilícito de precursores químicos que se destinan a la producción de las metanfetaminas que dañan la salud, y pidió al Procurador Eduardo Medina Mora hacerle llegar a los mexicanos su reconocimiento, “ya que ustedes son toda la diferencia en el mundo" en la unión de todos los países en contra de esta problemática. Mukasey señaló que el decremento en la disponibilidad y la elevación de precios ha generado más violencia en la frontera, y ello también ha prohijado los asesinatos y secuestros de agentes federales de policía “que mucho lamentamos”.
Más adelante, comentó que el esfuerzo va dando resultados, y para esa meta ha contado mucho el extraordinario trabajo que ha realizado México con sus medidas regulatorias internas y el control que ha impuesto a la distracción del mercado legal de medicamentos y precursores para la producción de metanfetaminas. Las medidas tomadas por Felipe Calderón, Medina Mora y el gobierno mexicano, han contribuido en gran medida para el logro de nuestras metas internas. La colaboración internacional y en particular la que llevamos con México, abundó, nos ha permitido asegurar y decomisar grandes cantidades de metanfetaminas, precursores y laboratorios procesadores de la droga en los propios Estados Unidos, y dar más espacios a la educación contra las drogas, y más entrenamiento a oficiales sanitarios, policías, peritos y fiscales. En su intervención, Medina Mora dio a conocer que la estrategia del Presidente Calderón se ha sustentado en una visión política correcta, que conoce y reconoce las dimensiones, tendencias y movimientos del mercado, más inteligencia estratégica y más sistematización en las acciones tácticas, con todas las corporaciones policiales y dependencias de salud, aplicación de la ley, aduanas y comercio e industria que intervienen en México en este mercado, y en una cooperación internacional más activa. Ello ha permitido lograr que hoy México sea un país libre de pseudoefedrina, toda vez que las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno del Presidente Calderón, han permitido que se prohíba la venta de medicamentos con pseudoefedrina. Por eso, comentó Medina Mora, la guerra contra las drogas no es sólo una metáfora.

Investigar a González Márquez: CD

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Antonio Ortega Martínez (PRD) señaló que giro oficio al Auditor Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón para que inicie una investigación y se auditen los recursos federales entregados al estado de Jalisco y se determine la legalidad de la donación que hizo el gobernador Emilio González Márquez a la Asociación civil Pro Santuario de los Mártires.
En conferencia de prensa, los legisladores perredistas Ortega Martínez y Tonatiuh Bravo Padilla señalaron que la ASF deberá determinar el origen de los recursos y si éstos fueron presupuestados y autorizados, pues de lo contrario el Ejecutivo local estaría incurriendo en el delito de peculado.
Por lo anterior, Bravo Padilla señaló que si fuese el caso de que los recursos que se asignó a la construcción del Santuario de los Mártires hayan sido aprobados para otro fin, por lo que dijo, hay que revisar tanto la Ley local del estado de Jalisco como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria según sea el origen del recurso, pues puede serfederal o estatal.
Explicó que laASF analizará la partida 22-42 del presupuesto de dicho estado para identificar el origen del recurso, por lo que explicó: “estamos a la espera de que la Auditoria Superior de la Federaciónproceda a hacer la investigación para conocer el origen de los recursos que utilizó el gobernador de Jalisco en su donativo para la construcción de Santuario de los Mártires”.
El diputado enfatizó que el estado de Jalisco en el 90 por ciento de los recursos que recibe es de transferencias federales a través de los fondos del presupuesto ysolamente el 10 por ciento de sus recursos son por sus propios ingresos de sus impuestos.
Por lo anterior, el diputado Bravo Padilla, destacó que la ASF debe revisar que si el origen del recurso es federal éste haya respetado las normas de carácter federal que rigen todos los recursos
En ese tenor, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Ortega Martínez, enfatizó
“hay que saber si los recursos son estatales o federales, pues tenemos la presunción que son de origen federal y en la asignación de recursos a Jalisco del ejercicio fiscal 2008 que aprobó la Cámara de Diputados no hubo ningún capitulo que estableciera apoyos a la actividad turística religiosa”.
Ortega Martínez destacó que son preocupantes los desplantes del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, los cuales, dijo son expresiones de alguien que se cree un rey y un déspota de la edad media que cree tener las facultades para decidir que hacer con los recursos públicos de manera discrecional.
Comunicado:

La salida de Amérigo

Los derechos humanos, asunto no grato en MéxicoUn alto funcionario de la ONU deja el cargo por presiones del Gobierno
FRANCESC RELEA - México
Publicado en El País, 08/05/2008;
La política de derechos humanos del Gobierno mexicano está en duda. El representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) en México, el italiano Amérigo Incalcaterra, deja abruptamente el cargo por presiones de las autoridades del país americano.
En sus poco más de dos años en tierras mexicanas, el funcionario de la ONU ha denunciado con firmeza las violaciones de derechos humanos, amparadas en muchos casos en la impunidad. Su actitud crítica incomodó a las autoridades hasta llegar a una situación insostenible. La noticia, no anunciada públicamente, pero sí comunicada al interesado por sus jefes en Ginebra, ha provocado inquietud en organizaciones de la sociedad civil y en medios diplomáticos.

"Desde algún lugar de Puebla" EPR


Respuesta, del Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario
A LA COMISION DE INTERMEDIACION
ARZOBISPO EMÉRITO SAMUEL RUIZ, ESCRITOR CARLOS MONTEMAYOR, ABOGADO Y
PERIODISTA MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA, ANTROPÓLOGO GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS, SENADORA ROSARIO IBARRA, ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ, EX RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO Y ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y ABOGADO JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ MONGE, DEFENSOR DEL CONSEJO GENERAL DE HUELGA EN 1999.
PRESENTES
Respetable ciudadana y ciudadanos, este medio, queda establecido como único para comunicarnos de acuerdo a nuestras condiciones y las del país, por lo que una vez más nos estamos comunicando con ustedes para hacer de su conocimiento nuestra posición con respecto a la respuesta del gobierno de Felipe Calderón vía Juan Camilo Mouriño Terrazo a la iniciativa formulada por nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, PDPR-EPR.
Ratificamos a cada uno de ustedes como comisión de intermediación en forma y contenido planteada por ustedes y aceptada por nosotros en su primera y segunda comunicación, es decir, puntualmente para la búsqueda de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los cuales fueron detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.
Mención especial merece el acoso gubernamental del que está siendo objeto la Senadora Rosario Ibarra de Piedra, por parte de gobernación, descalificándola de manera oficiosa con argumentos pueriles de que se va a "partidizar" la intermediación. Su trayectoria en la defensa de los derechos humanos avala su autoridad moral que para nosotros es más que suficiente y no actuaremos a contentillo del gobierno, por lo que la ratificamos por el papel que ha tenido al lado de otras mujeres que también han dedicado su vida en la lucha por la liberación de presos políticos y de conciencia y la presentación con vida de todos los desaparecidos políticos desde la guerra sucia hasta nuestros días.
Por tanto ese veto que el gobierno hace no tiene validez para nosotros.
Nos indigna la propuesta gubernamental de que ustedes funjan sólo como "testigos sociales" por irrespetuosa y agresiva hacia sus personas pretendiendo ignorar su trayectoria y autoridad moral,
por un lado, y por el otro con la alevosía y vulgaridad con que se trata de manipular y descalificar a la comisión de intermediación que valientemente aceptaron asumir, por lo que repudiamos la actitud del gobierno.
Hacemos de su conocimiento que rechazamos categóricamente la respuesta del gobierno calderonista en todos y en cada uno de sus puntos por alevosa, grosera y tramposa que reflejan nula voluntad política para resolver los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país por su gobierno y gobiernos pasados. Simplemente es una propuesta inaceptable.
Dicha propuesta exhibe las verdaderas prioridades del gobierno encabezado por Felipe Calderón, que para nosotros y millones de mexicanos sigue siendo ilegítimo, para ganar posicionamiento en los medios de manera perversa intentando mostrar mediáticamente "legitimidad y oficio político", así como "fuerza e inteligencia". Sin embargo, queda manifiesta su convicción por la represión y las salidas policíaco-militares a las demandas populares.
De nuestra parte continuamos en la actitud de seguir esperando una propuesta seria y responsable de acuerdo a la gravedad del caso que implica las desapariciones forzadas por motivos políticos. El valor de las vidas humanas y la libertad en su máxima expresión no son motivo de estrategias y habilidades negociadoras para ver quien vence o capitula, el gobierno debe entregar vivos a todos los desaparecidos políticos y devolver su libertad a todos los presos políticos y de conciencia en el país, esa es su oportunidad.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 44
Desde algún lugar de Puebla, a 7 de mayo de 2008.
c.c.p. A los medios de comunicación electrónicos e impresos.
Fuente: Cedema.org.

Mayo del 68

Aquel Mayo del 68 en California/Anthony Giddens, sociólogo británico.
Publicado en El País, 6/05/2008;
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.
Corre mayo de 1968. No estoy en París sino a casi 10.000 kilómetros de distancia, en California, conduciendo de Vancouver a Los Ángeles. Acabo de poner fin a nueve meses de lectorado en la ciudad canadiense y voy a pasar un año y medio en un puesto similar en la Universidad de California-Los Ángeles. Dos días después de ponerme en camino, llego a mi destino a media tarde y me dirijo a Venice, una localidad costera en la que he alquilado un apartamento.
Al llegar al mar asisto a una escena como extraída de la Biblia. Hasta donde se pierde la vista, toda la playa está llena de personas con largas túnicas de múltiples colores, que sin embargo están gastadas y descuidadas. Todos son blancos, no se ven minorías étnicas. En lugar de respirarse aire puro, apesta a marihuana. Detrás de la multitud, sobre la acera, hay una fila de coches de policía y en cada uno de ellos un agente que saca su ametralladora por la ventana. En la atmósfera se palpa una incipiente violencia. Hasta ese día, del mismo modo que nunca me había topado con la marihuana, tampoco había escuchado la palabra hippies, que me dijo un transeúnte al preguntarle quién era esa gente. En ese momento, el término apenas se utilizaba en Gran Bretaña o Europa. Para mí fue la bienvenida a la revolución a la usanza californiana.
Desde una perspectiva europea podría parecer que París fue el foco principal de 1968, pero créanme que no fue así. En Europa los radicales eran bastante tradicionales. Se proclamaban heraldos de una nueva era, pero se comportaban de forma muy similar a la de los radicales de toda la vida. Eran estudiantes que asolaban todo a su paso y su radicalismo no profundizaba. En California, al menos para mucha gente, si eras radical tenías que serlo hasta el fondo, no sólo políticamente, sino en casi todos los aspectos de tu forma de vida. Incluyendo la educación. Lo que estaba de moda era no poner notas y concederle a todo el mundo la máxima calificación, porque cualquier otra práctica habría sido discriminatoria; mayormente, las lecciones se abandonaron y se optó por grupos de discusión abiertos.
Conocí a un estricto profesor de matemáticas, con su típica camisa de cuello abotonado, pelo bien cortado y saludable vida matrimonial, que desapareció del campus durante varios meses. Un buen día iba caminando a clase cuando una especie de Cristo apareció por encima de una colina. La melena rubia le caía por debajo de los hombros, lucía una larga barba y llevaba una túnica amplia y sandalias abiertas. Hasta que no se paró y me saludó no le reconocí. Había dejado las matemáticas y la universidad, también a su esposa y sus hijos, y se había trasladado al desierto de Nuevo México, donde trabajaba como artesano en una comuna. Muchos otros hicieron cosas parecidas.
Los experimentos con la forma de vida, la sexualidad, las relaciones, las comunas y las drogas también cundieron entre quienes pertenecían a grupos políticos más comprometidos. Sin embargo, en Estados Unidos los sesentayochistas eran un grupo muy diverso en lo tocante a sus credos o filiaciones de índole política. Fue una época en la que surgieron multitud de movimientos sociales; 1968 tuvo su origen en el movimiento sureño de defensa de los derechos civiles, iniciado unos años antes, y también en el que abogaba por la libertad de expresión, cuyo epicentro fue la Universidad de California-Berkeley, situada al otro lado de la bahía de San Francisco.
Esos movimientos se continuaron o fundieron con el de oposición a la guerra de Vietnam, catalizador de muchas propuestas radicales. Se solaparon con el de los hippies, aunque éstos estuvieran en su mayoría en contra del poder político y de toda clase de autoridad. Había también grupos de maoístas, aunque tenían menos influencia que en Europa. Estaban además los Panteras Negras y otros grupos disidentes negros, que en ocasiones se habían convertido al islam. Y por supuesto el feminismo, de una tendencia mucho más incluyente que las vistas hasta entonces. Fue más una derivación de 1968 que una parte de él. Varias de las feministas más destacadas de esta nueva vertiente se radicalizaron al contacto con los sesentayochistas, aduciendo que la revolución se estaba haciendo por y para los hombres.
Diez años después recibí una carta del conocido que había experimentado la conversión. Había vuelto con su esposa, a su corte de pelo de siempre y a su ropa pija, también a su antigua casa, y buscaba trabajo en su antiguo departamento. ¿Cómo fue posible que todo ese radicalismo y las grandes esperanzas de 1968 desaparecieran tan pronto como habían surgido? Las razones son tan diversas como el propio fenómeno. El fin de la guerra de Vietnam privó a la disidencia de una importante fuerza motriz. A los Panteras Negras los disolvieron las autoridades por las buenas o por las malas. Se conoció el carácter represivo y homicida del maoísmo. Y en cuanto a los hippies, muchos de sus experimentos personales y sociales acabaron mal. La explotación sexual continuó existiendo bajo el nombre de amor libre; las comunas se disolvieron y sus integrantes se enfrentaron entre sí, y las drogas generaron más adicciones que vías de liberación del espíritu.
Lo más importante es que los sesentay-ochistas pasaron por alto, o trataron de eliminar, algunos de los rasgos principales que hacen civilizada a una sociedad y, dentro de límites bastante amplios, también justa y equitativa. Se envolvieron en un manto antiburocrático (que, contra toda lógica, retomó después la derecha), pero en las sociedades complejas es indispensable cierto grado de coordinación administrativa. Las universidades caerían en el caos si los trabajos y exámenes no recibieran calificaciones justas y rigurosas, y sin la autoridad que tienen los profesores en sus especialidades. Ninguna sociedad puede funcionar amparándose únicamente en los derechos por los que entonces pugnaban multitud de movimientos sociales. Para que la solidaridad social no zozobre, los derechos siempre deben compensarse con obligaciones.
De los movimientos que sobrevivieron a 1968, el principal fue el feminismo, y ello se debe a que ese momento histórico, más que integrarlo en su seno, lo provocó. Lo importante de 1968 no fueron sólo sus movimientos, sino la amplitud de los cambios soterrados que la sociedad venía experimentando desde finales de la década de 1950 y de los que dichos movimientos eran un reflejo. Hoy apreciamos en toda su extensión la profundidad de dichos cambios y seguimos tratando de lidiar con ellos. Afectan a la naturaleza de la familia, que ha dejado de girar en torno al matrimonio para hacer hincapié en la calidad de las relaciones, y conceden una renovada importancia a la sexualidad, que ahora, al tiempo que entra en decadencia el doble rasero, es un aspecto cardinal del proceso de cambio. También se manifiestan en una entrada masiva de la mujer en el mercado de trabajo, en un descenso de los índices de natalidad y en el fenómeno del “hijo más deseado”: los hijos ya no “vienen”, sino que ahora elegimos si los tenemos y cuántos queremos. Por último, está no sólo la posibilidad sino la necesidad de elegir una forma de vida, y no de heredarla, junto a la aparición de la política de la identidad, el declive de la deferencia y un enfoque más crítico de la elección política.
Para la izquierda 1968 tiene una mística que no se merece, pero los derechistas que le echan la culpa de todos nuestros males también se equivocan. De todos sus movimientos, los de más éxito fueron los que tenían más claro su objetivo; fue muy importante, por ejemplo, que hubiera protestas bien articuladas contra la guerra de Vietnam. Podríamos optar por detenernos aquí y dejar de lado a quienes querían radicalizarlo todo, considerándolos románticos estériles o incluso peligrosos. Sin embargo, yo les tengo algo más que una ligera simpatía. Su liberación era falaz, pero cuestionaba la vida cotidiana, algo que la mayoría dábamos por sentado. Hasta los que, como yo, discrepaban de sus ideas se vieron obligados a pensar y discutir algunos de sus presupuestos, y con frecuencia para defenderlos, aunque de otra manera

El fantasma de CSG

Columna Usos del poder/Alfonso Zárate
Publicado en El Universal, 07 de mayo de 2008;
Salinas, ajuste de cuentas
La primera vez que, después de su autoexilio, Carlos Salinas de Gortari intentó reivindicar su sexenio, cargarles a otros “los errores de diciembre” y promover la libertad de su hermano Raúl fue en junio de 1999 durante una visita a México de apenas 50 horas. Se trataba de mostrar que su red de poder —que va de la política a la economía, las finanzas, el sindicalismo, la Iglesia católica y los medios— permanecía intacta.
El segundo intento de ajustar cuentas lo anticipó con el libro México: un paso difícil a la modernidad (octubre de 2000). El timing parecía perfecto, aprovechar el vacío del interregno: Fox ya era presidente electo y el gobierno de Zedillo vivía su última hora. Pero, de pronto, en el noticiario estelar de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió una conversación entre Raúl y Adriana Salinas de Gortari, en la que los hermanos se referían a los millones de dólares depositados en bancos suizos. El hermano incómodo se quejaba del ex presidente: “Es una cobardía muy grande de Carlos no defenderme y atacarme públicamente. Es una cobardía y una traición de hermano, porque él supo de todos los movimientos, de todos los fondos”. ¿La partida secreta?, ¿los “diezmos” de las privatizaciones?
Ante el garrotazo televisivo, el hombre que hizo de los golpes de mano su modus operandi (recordar el Quinazo) quedó paralizado. El mensaje y el mensajero no dejaban duda sobre quién tenía el control. Las grabaciones ilegales y las filtraciones a través de los más importantes medios le pertenecían a otro, y sus antiguos aliados en los medios estaban donde siempre: con el presidente en turno.
Ahora, transcurridos más de siete años y con Raúl en libertad (no le pudieron probar su participación en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu), Salinas vuelve a las andadas. Según los avances publicados por EL UNIVERSAL, en su nuevo libro, La década perdida, ofrece su diagnóstico: el inocultable desastre de la economía, la sociedad, la política y la moral, así como el fracaso de “la mancuerna perfecta”: el neoliberalismo representado por Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y el “populismo autoritario” de Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario que se propuso construir un liderazgo transmilenario y privatizó casi mil empresas, entre ellas Telmex, la joya de la corona; el que entregó la banca a casabolsistas, quienes pronto la pusieron en manos de la banca internacional; el que manejó al sistema judicial a su antojo —a Joaquín Hernández Galicia hasta le “sembró” un muertito— ahora descubre la “descomposición de la procuración de justicia” y los niveles aberrantes de impunidad… Quien, sin el mínimo recato, hizo gobernadores a sus amigos: Sócrates Rizo (Nuevo León), Patricio Chirinos (Veracruz), Otto Granados (Aguascalientes), Rogelio Montemayor (Coahuila)… ¡ofrece lecciones de moral!
El “villano favorito” regresa al país del que nunca se fue y apuesta a la desmemoria colectiva. Un objetivo destinado al fracaso, pues resulta imposible olvidar que su presidencia constituyó una “modernidad” sembrada de corrupción, abusos del poder e impunidad; y que México, bajo su conducción, transitó en sólo un sexenio del tercer mundo al primero y de regreso. Porque, ciertamente, los últimos años han sido una década perdida para la mayoría de los mexicanos, pero no para sus socios y beneficiarios que se enriquecieron sin límites.
No obstante, Salinas acierta al calificar al Fobaproa como un saqueo a los mexicanos y al denunciar la entrega del sistema de pagos a los extranjeros. Tiene razón al afirmar que se desaprovecharon los ingresos extraordinarios por la venta del petróleo entre 2000 y 2006 (unos 700 mil millones, calcula) y los ingresos por remesas (más de 20 mil millones de dólares en 2005): creció el gasto corriente y disminuyó la inversión en infraestructura.
Lo que sigue faltando, y no saldrá de la mente calculadora de Salinas, es el balance sin paliativos del ciclo inaugurado en 1982, cuando los jóvenes tecnócratas arrebataron el mando y operaron la gran reforma autoritaria bajo el membrete de (neo) “liberalismo social”.

¿Apunta a Jorge Franco?

Crónica:
“Negocien con el señor, está encabronado”
Una vez libre, Jesús Díaz denunció ante la PGR a Jorge Franco como el autor de su secuestro de cara a las elecciones de 2007 en Oaxaca.
Publicado en Milenio Diario, 7-Mayo-08
Diego Osorno, reportero.
Un hombre sentado en el piso, semidesnudo, con los ojos cubiertos por una venda blanca, hablando con voz débil, casi susurrando, aparece en la grabación difundida el año pasado por internet. Se trata de Jesús, hermano de Pedro Díaz Parada, el antiguo capo de la droga en esta entidad que hoy está preso en el penal del Altiplano.
Corre el primer video: “Luis, Mario, Toño, Carmela, por favor, consigan con mis amigos y entreguen el dinero ya… Ya cumplí tres meses de estar aquí hoy, día primero, y ya quiero salir… Me van a matar si meten a la policía; la policía retírenla totalmente, de caridad, háganlo…”
El 5 de abril de 2007, a 100 kilómetros de Oaxaca, en el poblado de Totolapa, Jesús Díaz fue secuestrado por un grupo armado. Cinco meses permaneció en cautiverio, siendo grabado en tres ocasiones por sus captores en videos que enviaban luego a su familia.
Video 2:“Toño, Carlos, Carmela, por favor libérenme ya. Eso lo pueden hacer en dos días, en un día. No se rajen, dile a Luis que tenga güevos y que no se raje de los tratos que hace. Si había hecho un trato con El Señor, que se lo cumpla, porque está encabronado con ustedes, ¿eh? No sólo me va a matar a mí, va a hacer otra pendejada con ustedes… cuídense mucho porque no se juega… “Es un secuestro... quítense de la cabeza que es político, no le anden echando la culpa a la gente, la culpa es el apellido; fíjense bien lo que están haciendo. “Ya le dije a El Señor dónde está el dinero. Yo no lo tengo, pero el Díaz Parada tiene dinero, por eso se hizo esto. Ahora ya confórmense, ya llegaron a un precio y lo pueden solucionar. Yo quiero disfrutarlos todavía a ustedes, los quiero un chingo, ya saben cómo he sufrido para que todos tengan la comodidad que tienen.
“Hagan por mí, desvélense una noche y libérenme, por favor, un día, como se los ordene El Señor, sostengan el precio que ya arreglaron. No quiero que Luis sea responsable de mi vida a causa de su pinche morosidad; que tenga güevos, no se raje de lo que dice; yo por eso lo elegí a él, para que lo que arreglara lo sostuviera. “Ya acabamos julio, ahora ya empezamos agosto, ya vamos a llegar al domingo a las votaciones y yo quiero que para el domingo ya esté en la casa, por favor… lúchenle, vayan a ver a Wilfrido, que les complete el dinero, si no lo completan, o háblenle claro a El Señor que no lo tienen completo y lo van a completar, para que El Señor se espere otros dos, tres días; pero si ya lo tienen, ¿qué cosa están esperando?, no pongan de pretexto la interferencia. “Yo, delante de mil policías, le enseñé a Luis a arreglar mis asuntos. Acuérdense cuántos soldados, 500 soldados y 500 policías, y yo arreglé mi asunto, por mi derecho, porque lo tenía yo. Aprendan a ser hombres, y si ya les caí gordo, de plano, mándenmelo decir antes si quiera para que yo me vaya para donde está Diosito… y que Dios los bendiga a todos mis nietos y a ustedes, pero ya no sean así de informales… y no estén echándole la culpa a la política, la culpa es de un secuestro.”
Video 3“Mario, por favor, tengan tantita bondad de mí. Ya libérenme. Entreguen el dinero que tienen. Yo ya hice un compromiso con El Señor de que le voy a quedar a deber después de lo que tienen. No sean malos, y si no busquen quién responda por mí. Díganle a Los Patos que por favor den el dinero ellos, porque ustedes no me quieren ni tantito, andan con otras pendejadas. ¿No les he dicho que en un secuestro hay que pagar? En un asalto hay que levantar las manos y en un secuestro hay que pagar...“No sean malos, no sean hijos de la chingada. Qué cosa sacan con estar con Calderón. Tu tío Pedro (Díaz Parada) le pueden hacer la lucha de aquí a un año, está vivo. A mí me van a matar a causa de su burrada de ustedes y después no van a aguantar la conciencia de ustedes, pendejos. Con dos, tres centavos se ahogan. “Endróguense, yo pago cuando salga, jijos de la chingada. “Ese Luis, pendejo, anda con otras cosas, ¿por qué? Ya negocien con El Señor y entreguen lo que tienen; y si no díganle a Los Patos que me liberen. Por favor. Yo a ver qué cosa les vendo… qué cosa les… en cuántos años les pago, pero lo que quiero es estar vivo, porque todavía me siento capaz de trabajar. “Ya acabamos septiembre y todavía no lo hacen, qué ingratos son. Ya dejen esas cartas pa’ cuando yo salga.”
El Luis al que se refiere Jesús en el video de su cautiverio es Luis Díaz Pantoja, su hijo, quien en esa época era presidente municipal de Totolapa. La referencia a Calderón que hace el secuestrado se debe a que su hijo amagaba con irse al PAN si en el PRI no conseguía una candidatura a diputado para las elecciones que se avecinaban. Díaz Pantoja publicó por esas fechas cartas en las que aseguraba que el secuestro de Jesús tenía fines políticos. Al final su padre quedó en libertad después de los comicios. Ningún Díaz Parada o Pantoja participó en las elecciones. El Señor era el nombre clave con el que los miembros de la Unidad Ministerial de Investigación Táctica (UMIT) conocían a Jorge Franco Vargas, actual dirigente estatal del PRI, investigado por la SIEDO según declaraciones del propio Jesús Díaz Parada, en febrero de este año, ante la PGR. “Franco era El Señor al que me refería”, dijo Jesús a los agentes federales, según se asienta en las averiguaciones que realiza la dependencia federal.
Diego Osorno, enviado/Oaxaca

Reacciones a la nota de Milenio


Columna El Asalto a la Razón/Carlos Marín
Categórico desmentido
Publicado en Milenio Diario, 7/5/2008;
Maximiliano Cortázar, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, niega de manera terminante la afirmación de que allí se tiene un informe que implique a elementos del Ejército en la desaparición de los dos activistas que reclama el EPR.
“Desde la semana previa a las capturas que hace dos viernes emprendieron agentes federales y tropas del Ejército en cuarteles de Oaxaca, la Presidencia de la República tiene un informe que sugiere la probabilidad de que los dos activistas que reclama el Ejército Popular Revolucionario fueron ‘desaparecidos’ por soldados de la Octava Región Militar que comandó, hasta abril, el general Alfredo Oropeza Garnica”, publicó el autor de estas líneas ayer.
“Al respecto, negamos categóricamente que la Presidencia de la República haya recibido cualquier tipo de documento o informe que sugiera o indique tal aseveración”.
Quizá tenga sentido responder que, para colmo, se dijo también que la carpeta estaba “en Los Pinos”, pero también recordar que la Presidencia de la República la encarna una sola persona… con secretarios encargados de un titipuchal de despachos.
Santiago Vasconcelos: envía una carta a Milenio
Deslinda a soldados de la desaparición de dos eperristas
PGR: no fue el Ejército
Publicado en Milenio Diario, 7-Mayo-08; Pp
Oaxaca, Redacción.
La Procuraduría General de la República (PGR) negó que el Ejército se encuentre implicado en las desapariciones de los dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, durante los sucesos ocurridos hace casi un año en el hotel Del Árbol, en la ciudad de Oaxaca.
En una misiva enviada a MILENIO, el firmante de la misma, José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, señala que el 24 de mayo de 2007 hubo un operativo del personal de seguridad pública de Oaxaca, “con el apoyo del Ejército mexicano”, después de una llamada de emergencia que se registró en el sistema 066, como quedó consignado en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIS/208/2007.
“Se había recibido una denuncia telefónica que mencionaba la presencia de cinco personas introduciendo armas de fuego al hotel Del Árbol; sin embargo, la investigación arrojó que las personas que se encontraban en el citado hotel, era personal de la Policía Ministerial de Chiapas.”
Santiago Vasconcelos asegura que ese grupo se encontraba en “comisión de servicio” luego de recibir un oficio de colaboración para cumplimentar tres órdenes de aprehensión.
Posteriormente la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), continúa el subprocurador de la PGR, recabó las declaraciones de los cinco elementos de la Policía Ministerial de Chiapas y éstos corroboraron que se hospedaron en ese hotel y lo dejaron al día siguiente, después de liquidar su cuenta.
Los elementos precisaron que estuvieron en ese lugar para cumplir una orden de aprehensión, sin que tuvieran contratiempo alguno en su estancia en el estado de Oaxaca.
“Lo anterior demuestra fehacientemente que la deducción y el señalamiento que ahora se hace a las fuerzas armadas, respecto de las dos personas desaparecidas y que se dice pertenecen al EPR, carecen de fundamento alguno, al quedar demostrado que el evento sí sucedió, pero en un contexto totalmente adverso como antes se mencionó.”
El funcionario indica que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO realiza diversas diligencias, “derivándose diversas hipótesis de investigación, entre las que se encuentra agotada la relativa a la que se hace referencia en la nota periodística de marras”.
En su edición de anteayer, MILENIO publicó que la Presidencia de la República tiene un informe que sugiere la probabilidad de que los dos activistas que reclama el EPR fueron “desaparecidos” por soldados de la octava Región Militar comandada hasta abril pasado por el general Alfredo Oropeza Garnica.
Cita los testimonios de la hija de uno de los desaparecidos, Nadín Reyes, en los que señala que ese 24 de mayo fue la última vez que fueron vistos los dos eperristas en el referido hotel de la capital oaxaqueña.En el texto se menciona además que en ese documento enviado a Los Pinos se incluyen fotografías impresas en papel bond, en las que aparecen transportes y tropas militares frente al hotel Del Árbol.-
Claves
Antecedentes
• El 25 de mayo de 2007 desaparecieron los dos eperristas.
El 5 de julio, en Guanajuato y Querétaro el EPR dañó ductos de Pemex.
• A casi un año de esos sucesos, el grupo armado no cede en su demanda al gobierno federal de presentar con vida a sus compañeros Edmundo Reyes y Alberto Cruz Sánchez.
Oaxaca • Redacción
Respalda a colaborador; acuerda con Mouriño llegar al fondo del caso
Ruiz desestima “chismorreos”
Mouriño afirmó que el gobierno federal ha demostrado su disposición para dirimir cualquier diferencia o conflicto mediante el diálogo.
Reunión en Bucareli para tratar el asunto oaxaqueño
Publicado en Milenio, 7-Mayo-08
Diego Osorno, Óscar Rodríguez y Susana Hernández, reporteros.
El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, respaldó en el cargo a su secretario de Gobierno, Manuel García, y dijo que no hará caso a “chismorreos y señalamientos infundados” que señalan a éste como informante del Ejército en las investigaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contra el líder estatal del PRI, Jorge Franco.
Poco después del mediodía, el mandatario estatal priista fue interrogado sobre si la información publicada por MILENIO implicaba la salida de García del cargo, pero Ruiz negó esa posibilidad.
“Hablo permanentemente con mis funcionarios, estamos atendiendo una serie de asuntos; repito: no me voy a basar más que en la actuación jurídica y en el seguimiento que haya a esto.”
—¿Podría haber mano negra en las filtraciones, gobernador? —preguntó un reportero local.
—No voy a especular. Se ha dado una campaña más para tratar de golpear al estado; no me voy a prestar a eso.
—¿En su gobierno hay filtración de sus funcionarios?
—No la hay, son puntos de vista de medios de información; han estado saliendo recurrentemente en los últimos cinco días y no voy a caer en ese tipo de discusiones.
En torno al paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, los dos militantes del EPR desaparecidos en esta ciudad hace casi un año, Ruiz, insistió en que no tiene “absolutamente nada que ocultar”.
Tras reunirse la noche de ayer por hora y media con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el mandatario reiteró que existe disposición de su gobierno para coadyuvar en la investigación que realizan las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado sobre la desaparición de los activistas, y se sumó a la exigencia de que sean presentados con vida. “Nosotros no tenemos nada que ver con estos dos presuntos desaparecidos. Incluso nos sumamos a las peticiones de los familiares y de los grupos que demandan que los presenten vivos”, insistió.
Entrevistado en Bucareli, Ruiz precisó que durante el encuentro con Mouriño se acordó continuar con los procedimientos para llegar al fondo del asunto; sin embargo, repitió que las acusaciones contra su ex secretario de Gobierno (Jorge Franco) responden a “una serie de dimes y diretes en los medios”. Asimismo, rechazó la existencia de grupos paramilitares durante el conflicto con la APPO. Mouriño afirmó que el gobierno federal ha demostrado su disposición para dirimir cualquier diferencia o conflicto mediante el diálogo, a través de los canales institucionales y con estricto apego al estado de derecho.
La dependencia había guardado silencio respecto de la información difundida por MILENIO. Mouriño y el subsecretario de Gobierno, Abraham González, habían determinado, desde muy temprano en una reunión, “no hacer ningún comentario” ni fijar posicionamiento oficial alguno sobre los documentos que están en su poder, así como en la Presidencia de la República. Sin embargo, la presencia del gobernador oaxaqueño y de su secretario de Gobierno, Manuel García, derivó en un comunicado. (número 117/05/2008)
Siguiente;
SE REÚNE EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA
México, D. F., a 06 de mayo de 2008 Boletín No.117-06/05/2008
El Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, recibió esta noche al Gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, en las instalaciones de esta dependencia.
Durante la reunión, los funcionarios dieron seguimiento a los temas de la agenda nacional y a la situación política que se vive en el estado de Oaxaca.
El titular de Gobernación reiteró que el Gobierno Federal ha demostrado en los hechos su disposición a dirimir cualquier diferencia o conflicto mediante el diálogo a través de los canales institucionales y con estricto apego al Estado de Derecho.
Con respecto a las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República para dar con el paradero de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Gobernador Ulises Ruiz señaló al Secretario de Gobernación la total disposición de su gobierno para colaborar con dichas pesquisas. Tal como lo marca la ley, mientras no culminen dichas investigaciones no se darán a conocer resultados parciales de las mismas.
En el encuentro estuvieron presentes el Subsecretario de Gobierno de esta dependencia, Abraham González Uyeda y el Secretario de Gobierno de Oaxaca, Manuel García Corpus.
Columna Día con Día/Héctor Aguilar Camin.
Una mirada a los sótanos
Milenio Diario, 7/05/008;
Difícil un viaje más corto a los sótanos de la política que el ofrecido ayer por Carlos Marín en su publicación de los partes “a la superioridad” de un general de división, hasta hace unos días comandante de la zona militar de Oaxaca.
Si uno pizca en los partes, encuentra, por ejemplo, lo siguiente:
1. Un gobernador recién electo que abandona su puesto para hacer campaña por un candidato presidencial y deja el poder en un colaborador de sus confianzas en cuyas manos explota un movimiento (la APPO) que paraliza durante meses a Oaxaca.
2. El conflicto con la APPO, es “tratado como siempre lo había hecho el gobernador estatal, esto es, sobornando a los líderes con diversas cantidades de dinero” que llegaron a los 200 millones de pesos, gastados infructuosamente pues el conflicto siguió.
3. Al calor del conflicto, ante la posibilidad de que el gobernador dejara de serlo, el ex gobernador al acecho promete el puesto a un amigo en cuanto el otro “cayera”.
4. El ex gobernador tiene grandes poderes en su estado, de los que el general da tres muestras:
a. En los últimos días de su gestión, expidió 16 mil concesiones de taxis y autobuses, hoy clientela agradecida, sobre todo porque pueden clonar los permisos y beneficiar a más oaxaqueños.
b. “Dejó incrustados como proveedores de las diversas dependencias del gobierno estatal”, a un grupo de comerciantes que la comandancia militar presume parte del crimen organizado.
c. El ex gobernador tiene “a su disposición, de manera irregular”, 40 vehículos pertenecientes a la seguridad pública del estado.
5. Un grupo de gente armada, con uniformes de la AFI, se dedica a asaltar en el área conurbada de Oaxaca. Fueron entrenados al parecer por oficiales de la Marina que son ex funcionarios del gobierno estatal pero siguen “cobrando sus emolumentos en dicho gobierno”.
6. En el Istmo y la Costa, hay bandas dedicadas al narcotráfico, el secuestro y las extorsiones que “actúan con apoyo de algunos policías ministeriales y agentes del ministerio público”.
7. El hombre a quien el gobernador le dejó el gobierno cuando se fue a la campaña presidencial, “opera una organización supraestatal en la que figuran unos 40 elementos de la policia ministerial”. Dispone de “vehículos, arma, equipo electrónico de inteligencia” y “cuatro casas de seguridad”.
Omito a propósito los nombres propios de los actores de esta relación. Hay algo arquetípico en ellos, que no quiero diluir.

Uribe en la ruta de Fujimori

Álvaro Uribe, bajo la amenaza del fin de Fujimori/Joaquim Ibarz, corresponsal.
Publicado en La Vanguardia, 07/05/2008;
Alberto Fujimori se convirtió en el presidente más popular en toda la historia de Perú cuando el 5 de abril de 1992 dio un autogolpe de Estado con el que inauguró un régimen dictatorial. El apoyo al mandatario de origen japonés llegó al 83% cuando meses después las fuerzas de seguridad peruanas capturaron a Abimael Guzmán, el sanguinario fundador de Sendero Luminoso. Sin embargo, años después, Fujimori renunció por fax de forma vergonzosa a la presidencia tras huir a Japón. Ahora se encuentra encarcelado en un penal de máxima seguridad de Lima.
Hugo Chávez también ha gozado de índices de popularidad superiores al 80%. Sin embargo, el pasado 2 de diciembre el pueblo venezolano, cansado de la escasez de alimentos, la inseguridad y la autocracia totalitaria, rechazó en las urnas su pretensión de perpetuarse en el poder mediante un referéndum que abría las puertas a un régimen dictatorial. Chávez está ahora involucrado en un fenomenal escándalo de corrupción que compromete a toda su familia, padres y hermanos que durante años han saqueado Barinas, su estado natal. Los juristas ya anticipan que cuando Chávez abandone el poder en 2013, podría ser enjuiciado y condenado por múltiples delitos.
El presidente Álvaro Uribe cuenta con el mayor apoyo que mandatario alguno haya logrado concitar en Colombia: supera el 80 por ciento. Criticar en público a Uribe es casi una ofensa a la patria. Los golpes contundentes que en los últimos años las Fuerzas Militares han dado a una guerrilla que se financia con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, actúan como una especie de pantalla que protege al presidente del escándalo de la parapolítica (nombre que se da a los vínculos políticos y económicos de congresistas, gobernadores y alcaldes con los jefes de los grupos paramilitares). Las FARC también se utilizan como coartada para pasar por alto los señalamientos sobre la limpieza y legitimidad de la votación del Congreso colombiano que permitió cambiar la Constitución, dando vía libre a la reelección presidencial en 2006.
La opinión de Juan Restrepo, ex corresponsal de TVE
Juan Restrepo, que como corresponsal de Televisión Española ha sido agudo observador de la realidad colombiana durante las dos últimas décadas, declara a "La Vanguardia" que lo grave y sintomático de la situación política de su país es que la transformación de las FARC en un grupo criminal que causa mucho dolor y sufrimiento ha dado a Uribe "patente de corso para saltarse la Constitución y las relaciones entre las instituciones". Restrepo señala que el sentir de la mayoría de los colombianos parece ser de aprobar lo que haga o deje de hacer Uribe, sin cuestionamiento alguno. Restrepo afirma que los colombianos le están diciendo a Uribe: "Siga usted por ese camino, señor presidente; no importa lo que haga, nosotros miraremos para otra parte con tal de que siga castigando a la guerrilla como se merece".
Fujimori, Chávez y Uribe tienen en común que han cambiado la Constitución de forma poco democrática para poder reelegirse. Aunque Uribe en algunos aspectos ha seguido los pasos de Hugo Chávez, también mantiene afinidades con el modo de actuar de Alberto Fujimori. En especial por la manera cómo uno y otro consiguieron los votos necesarios en el Congreso para seguir en el poder. De Fujimori tenemos los testimonios de los llamados vladivideos, que grabó su poderoso jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, que precipitaron el derrumbe de un régimen minado por la corrupción y por violaciones a los derechos humanos. A Uribe se le complica la situación al empezar a aflorar testimonios de congresistas que admiten abiertamente que votaron a favor de la reelección a cambio de prebendas y dinero en efectivo.
Hay que hacer justicia a César Gaviria (1990-1994).
Se debe reconocer que ha sido el único presidente iberoamericano que en las últimas décadas ha cambiado la Constitución sin buscar ningún beneficio personal. Un punto básico de la Carta Magna impulsada por Gaviria que aprobaron los colombianos en diciembre de 1990, una de las mejores –si no la mejor- del continente, era el principio de la no reelección, en ninguna de sus formas. La experiencia ha demostrado de manera concluyente que la reelección inmediata es muy perniciosa en América Latina, y más cuando los presidentes hacen nuevas Constituciones a su medida y para su propio beneficio, como han sido los casos de Menem, Fujimori, Chávez, Cardoso y Uribe.
El 25 de octubre de 2003, Uribe sufrió un fuerte varapalo cuando, de manera imprevista, fue derrotado en un referéndum que convocó para aprobar 15 confusos artículos de la Constitución, que podían haber entrado en vigor con un simple decreto del ejecutivo. En uno de los puntos se proponía la congelación salarial y de pensiones de los funcionarios del Estado durante dos años. Pese a la propaganda totalitaria que Uribe monopolizó durante toda la campaña, identificando el voto negativo y la abstención con la violencia guerrillera, no logró ni tan siquiera el 25% de los votos que estipuló –otra argucia poco democrática- para que pudiera ser aprobada la reforma de la Carta Magna.
Uribe no convocó al pueblo para poder reelegirse
Uribe llamó a las urnas a los colombianos para incluir en la Constitución mediante referéndum temas inocuos, que el elector ni tan siquiera entendía. Sin embargo, para un cambio de tanto calado como la reelección inmediata del presidente, que alteraba el espíritu de la Constitución de 1991, recurrió al Congreso y no convocó al pueblo. Uribe escogió un atajo que, por decir lo menos, daba pie a todo tipo de sospechas. En vez de celebrar una consulta para cambiar un punto tan fundamental de la Carta Magna, decidió apelar a un Congreso desprestigiado.Uribe utilizó al mismo Congreso que años antes había absuelto, en medio de otro sonado escándalo, al presidente Ernesto Samper de la acusación formal de financiar su campaña con dinero del narcotráfico. El llamado Proceso 8.000 fue una burda parodia de juicio, con asesinatos de testigos clave, como el de la llamada Monita Retrechera (jefa del cartel de la isla de San Andrés, en cuyo avión viajó Horacio Serpa con fajos de billetes días antes de la elección presidencial y que, tal como ella misma reveló en una grabación, regaló un collar de diamantes a la esposa de Samper) y el chófer de Horacio Serpa, y con acusaciones fundamentadas de compra de votos de legisladores mediante prebendas y cargos administrativos.
Abochornada, toda Colombia pudo comprobar como Heyne Mogollón, quien debía actuar como fiscal acusador en representación de las Cámaras, en el mismo hemiciclo obedecía las instrucciones por escrito que le había hecho llegar el abogado defensor del presidente Samper, Luis Guillermo Nieto Roa. Gracias a una filmación de un cámara del noticiero AM/PM se pudo conocer aquel testimonio en un proceso marcado por la indignidad. La intervención de la congresista Ingrid Betancourt, durante la cual afirmó que estaba avergonzada de tener como presidente a un delincuente elegido por los narcotraficantes, fue de las más contundentes.
Uribe recurrió a ese Congreso tan cuestionado para propiciar la vía más rápida y más simple para reelegirse. Bastaba con ganarse el voto de diputados y senadores para modificar la Carta Magna, sin necesidad de convocar referéndum alguno (ni Chávez ni Fujimori se atrevieron a tanto, los dos hicieron una consulta popular para que los ciudadanos refrendaran la reelección inmediata; Chávez perdió cuando quiso que se aprobara una segunda reelección, que es lo que pretendería ahora el presidente Uribe).
Dudas sobre la legitimidad de la reelección de Uribe
Uribe está en el ojo del huracán no sólo porque una buena parte de los parlamentarios que le apoyan se encuentran en la cárcel o son investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con grupos paramilitares responsables de matanzas atroces, sino porque algunos de sus más cercanos colaboradores están acusados de cohecho por la supuesta compra de votos de parlamentarios que hicieron posible su reelección. Si es grave que se cuestione la legitimidad del Congreso en las dos últimas legislaturas, lo es mucho más que surjan dudas sobre la legitimidad de la reelección presidencial de Uribe.En la última semana, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de la ex congresista Yidis Medina por supuesto cohecho, delito que implica la existencia y la investigación contra los sobornadores. El cohecho es un delito cometido por un funcionario público, o ciudadano que ejerce funciones públicas, cuando acepta sobornos o dádivas para adoptar determinadas decisiones. Y que la jurisprudencia considera tan culpable al sobornado como al sobornador, por lo que se aplica la misma pena a unos y a otros.
La ex congresista Medina también puede ser acusada de fraude procesal, debido a que en declaraciones a la fiscalía en 2004, en una investigación disciplinaria, dio una versión totalmente opuesta.La historia de Yidis Medina, que hasta ahora no merecía excesiva atención, al considerarse un episodio más de clientelismo para la reelección de Uribe, desembocó en un escándalo de consecuencias impredecibles que podría poner contra las cuerdas al presidente colombiano.
El 8 de agosto de 2004, Yidis Medina concedió una entrevista al periodista Daniel Coronell, director de 'Noticias Uno', en la que dijo que el entonces secretario privado de la presidencia, Alberto Velásquez, y otros funcionarios le ofrecieron cargos burocráticos a cambio de su voto a favor de la reelección de Uribe. Medina afirma que el mismo presidente Uribe estuvo al tanto de esas ofertas, versión que la Casa de Nariño y los funcionarios mencionados han negado de plano. La entrevista fue divulgada hace unos días por 'Noticias Uno'. Fuentes cercanas a la investigación explicaron que las declaraciones de Medina se consideraron como una confesión, por lo que se ordenó su detención.
Desde el momento en el que se abrió la investigación, la Corte contempló llamar a declarar al embajador colombiano en Italia, Sabas Pretelt, en aquellos días ministro del Interior; al actual ministro de Protección Social, Diego Palacios; y al entonces viceministro de Justicia y hoy fiscal general, Mario Iguarán. Todos ellos fueron mencionados por la ex congresista como funcionarios que estaban al tanto o participaron en las supuestas ofertas del Gobierno.Medina afirma que le ofrecieron un consulado y puestos en el Seguro Social en la gobernación del Magdalena Medio, en la Red de Solidaridad Social y en otros organismos del Estado. La diputada podría disponer de esos cargos para repartirlos entre parientes y amigos.
La prueba reinaHace unos días, Yidis Medina entregó al juez lo que podría considerarse la prueba reina de sus explosivas acusaciones: los comprobantes de varias transferencias de dinero en efectivo en una cuenta del ex diputado Teodolindo Avendaño que, según su testimonio, era el pago para que el 2 de junio del 2004 no asistiera a la sesión de la Comisión Primera del Congreso en la que se iba a votar la reelección de Uribe. Ese día la diputada cambió su posición en contra de la reelección presidencial inmediata. Su voto fue determinante para salvar el Acto Legislativo que reformó la Constitución y resucitó la reelección en Colombia.
Yidis Medina y Teodolindo Avendaño habían anunciado que estaban en contra de la reelección del presidente. Sus votos eran decisivos para bloquear las intenciones de Uribe de seguir otro período en la Casa de Nariño. Sin embargo, en la votación Yidis apoyó la reelección y Avendaño no asistió a la sesión. De esta forma, el jefe de Estado tenía el camino libre para aspirar a un segundo mandato, que tenía ganado de antemano. Treinta y seis horas antes de cambiar su voto, Medina y Avendaño firmaron una proposición para bloquear la reforma constitucional y cerrarle el paso a la reelección. Sin embargo, Teodolindo no asistió al debate y Yidis cambió su voto y dio el sí a última hora. Uribe se posesionó por segunda vez como presidente el 7 de agosto de 2006.
Corrupción con dinero contante y sonante
La gravedad de este caso es que ya no se trataría solamente de pagar con puestos a los congresistas por sus votos -práctica común en el legislativo colombiano-, sino con dinero en efectivo. De cara a la justicia, la corrupción con dinero contante y sonante es sin duda más grave que la corrupción con cargos en la administración; en este último caso es muy difícil, casi imposible, diferenciar entre participación burocrática, una práctica condenable aunque pudiera ser legítima, y pago de favores, que es un delito de cohecho.
La columnista María Jimena Duzán, una de las pocas voces que ha mantenido su postura crítica y clarividente sobre los excesos autoritarios de Uribe, escribe en el diario "El Tiempo" que a pesar de la campana neumática que le han aplicado ciertos medios al escándalo de Yidis Medina, las nuevas revelaciones, así como su decisión de autoinculparse ante la Corte, "han reabierto un oscuro y tenebroso episodio que este gobierno había conseguido soslayar y hasta borrar de nuestra memoria reciente". Duzán señala explícitamente "el derroche de favores y de prebendas que el gobierno de Uribe tuvo que desplegar en el Congreso hace tan sólo tres años para comprar los votos necesarios que permitieron su reelección".
Es el talante de Uribe.
Ese que Antanas Mockus cuestiona sin ambages, al decir que no le importan los medios que tenga que utilizar para lograr sus fines. Y cuando esos medios se desbordan, no tiene problema en negar a quienes utilizó para sus propósitos. Y si son exitosos, no duda en atribuirse los éxitos que resulten de allí. "Lo hace casi sin parpadear". Es la ética en la que no importan los principios, sino los resultados.
Quien durante su primera campaña electoral se comprometió a combatir la politiquería, resultó el presidente más politiquero Uribe multiplicó la politiquería y el clientelismo que prometió combatir. Aún peor, ahora se ha lanzado en una campaña de cuestionamiento y desprestigio de la Corte Suprema de Justicia, una de las pocas instituciones que ha podido mantener su independencia y su fuerza moral. Francisco Ricaurte, presidente del alto tribunal, afirma que "la Corte no se amilana". Al preguntarle la revista "Cambio" sobre la denuncia de Uribe referente a que funcionarios judiciales hacen ofertas a paramilitares desmovilizados para que declaren en contra del presidente, Ricaurte responde en forma taxativa: "El presidente Uribe debe señalar con nombres propios a esos funcionarios. Las investigaciones de la Corte no tienen relación directa con el presidente y están fundadas en pruebas recaudadas legalmente". Ricaurte también desmiente que los paramilitares dieran dinero para la elección del fiscal general: "Es una estrategia tendenciosa para deslegitimar las decisiones de la Corte y desacreditar a sus magistrados. Es un expediente ruin fabricado para sembrar un manto de dudas sobre las investigaciones. A pesar de esos virulentos ataques, incluso de funcionarios del Gobierno, la Corte seguirá cumpliendo su función de manera cabal. La Corte no se amilana por agresiva que sea la estrategia de difamación".
El comentarista Pedro Medellín Torres señala que si el presidente colombiano hubiera seguido el camino de Mockus, Fajardo, Bromberg, Cardona y tantos otros que han demostrado que es posible gobernar sin acuerdos por debajo de la mesa, la política se estaría tramitando de otra manera. "Uribe no puede eludir su responsabilidad en la crisis. Las cosas no sucedieron a sus espaldas. Su gobierno gestó la coalición que hoy lo tiene contra los palos. Allí nació el partido de la U, se fortalecieron el Conservador y Cambio Radical y tuvieron un lugar decisivo Colombia Democrática, Colombia Viva y Convergencia Ciudadana. A ellos les entregó la burocracia y la contratación pública. Y su voracidad sólo terminará estrechando el cerco. Esa que, cuando todo se degrada, sólo permite considerar la hora de renunciar, como dice Mockus, antes de que la historia y la justicia den su fallo definitivo", recalca Medellín Torres.
El debate por la reelección inmediata fue intenso y las anomalías no lo fueron menos. Un senador de la Comisión Primera del Senado, Darío Martínez, señaló que había contabilizado 17 vicios de forma y errores de procedimiento en los ocho debates que se requieren en Colombia para que un proyecto de reforma constitucional pueda ser aprobado. El profesor y ensayista Ricardo de Lima afirma que se cometieron muchas irregularidades para no tener que considerar las inhabilidades e incompatibilidades en que estaban incursos miembros de las dos Cámaras.
Embajadas a cambio del voto
Ricardo de Lima sostiene que Uribe repartió puestos y ayudas económicas a los congresistas para asegurar su reelección. "Varios senadores que aprobaron la reelección fueron premiados con embajadas para sus familiares más cercanos". Tres ejemplos para no cansar al lector. Carlos Holmes Trujillo, hermano del senador José Renán Trujillo, fue nombrado embajador en Suecia; el hijo del senador Enrique Gómez Hurtado fue designado embajador en Francia. Alberto Santofimio Hernández, hijo del ex ministro y ex parlamentario Alberto Santofimio (actualmente en la cárcel acusado de ser el autor intelectual del asesinato del candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Carlos Galán) fue nombrado primer secretario y agregado comercial de Colombia en París. Cuando fue designado para tan alto cargo diplomático, su padre ya había estado tres veces en la cárcel, eran conocidas sus relaciones con el cartel de Cali y desde 1999 se sospechaba sobre su posible participación en el crimen de Galán. Incluso se divulgaron fotos de Santofimio con el capo Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín.
José Renán Trujillo y Enrique Gómez Hurtado se declararon impedidos para votar en el Congreso. Sin embargo, legisladores favorables a la reelección, como Germán Vargas Lleras (presidente del Senado), inauguraron el carrusel del levantamiento de los impedimentos que, según Ricardo de Luna, funcionó de la siguiente manera: yo me declaro inhabilitado para votar el proyecto porque tengo familiares en el Estado, pero fulano me absuelve y vota que yo no estoy inhabilitado. Cuando le corresponde el turno a fulano que también tiene hermanos embajadores o altos funcionarios en el Estado y quien previamente me había levantado el impedimento, yo voto que tampoco fulano esta inhabilitado.
La revista bogotana "Cambio", revela que Yidis Medina ratificó ante el juez que Avendaño recibió más de 10 entregas de dinero (por un valor superior a los 100.000 euros), que fueron aportados por un contratista del Estado, quien a su vez utilizó fondos públicos para pagar el cohecho. Medina dijo ante magistrados auxiliares de la Corte, que ella recibía los fajos de billetes que luego traspasaba a la cuenta de Avendaño.Si la Corte acepta como prueba el testimonio filmado y grabado de Yidis Medina, en el que se autoinculpa de cohecho, también se debería llamar a juicio a los sobornadores por ella mencionados, nada menos que al presidente de la República, un par de altos funcionarios, Sabas Pretelt y Diego Palacios, y el ex secretario privado de la presidencia, Alberto Velásquez. Todos ellos serían tan culpables como la presunta sobornada. Sin embargo, después de toda una campaña de intimidación y desprestigio que el propio presidente ha desatado contra el alto tribunal, por ahora ni siquiera se plantea que la Corte acuse directamente a Uribe, Se le vendría el mundo encima aunque su argumentos jurídicos fueran irrebatibles.
El analista Germán Patiño escribe en el diario "El País" de Cali que no cabe la suspicacia, pues no se trata de una persona que con su testimonio pretenda perjudicar a otros, sino de alguien que se autoinculpa, al aceptar la condición de persona sobornable. De hecho, si es cierto lo que Yidis afirma, puede ser condenada a entre cuatro y seis años de cárcel. Y lo mismo debería suceder con sus sobornadores. Subraya Patiño que la orden de detención dictada por la Corte tiene innegables consecuencias en el futuro inmediato del país.
Mockus pide la dimisión de UribeAntanas Mockus, ex alcalde de Bogotá, uno de los pocos políticos colombianos con autoridad moral por una nítida trayectoria de honradez e independencia, ha escrito en el diario bogotano "El Tiempo" que "si yo fuera Uribe ya habría renunciado. Yidis, en toda su ingenuidad, confesó que su voto fue obtenido con promesas de nombramientos (la expresión técnica exacta para designar el delito confesado es cohecho). Y sin su voto no habría habido reelección. Matemático. Si Yidis se hubiera mantenido en su negativa, Uribe no estaría gobernando. (A menos que alguien se hubiera inventado otro atajo)".Mockus le dice a Uribe en forma directa lo que nadie se ha atrevido a pedir: "Apreciado Presidente: sin el voto de Yidis o Teodolindo, usted no habría sido elegido. No nos venga ahora con el cuento de que el fin (indudablemente noble, nada menos que "salvar la patria") justificaba los medios (la oferta de Gabelas a Yidis). No es sólo un tema jurídico. Es también, y sobre todo, un tema político. Pero en Colombia la gente juega a sustituir por un enrevesado juicio legal el juicio moral y cultural que dicta el sentido común. No ocultemos el sol tapándolo con las manos: lo que sabemos todos da para un juicio político claro y sin demoras. Es tiempo de renuncias. Después, la historia, con su sabiduría, y la justicia darán su dictamen definitivo".
Es entendible la crispación que existe en la Casa de Nariño y en la clase política colombiana. No es para menos: 68 parlamentarios han sido vinculados a procesos judiciales por sus vínculos con grupos paramilitares y 33 están presos, entre ellos Mario Uribe, primo hermano del presidente, aliado político y su hombre de máxima confianza. Bajo la misma condición de investigados o encausados viven más de cien dirigentes políticos que han ostentado la representación parlamentaria o las funciones de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Lo más escandaloso es que la inmensa mayoría de los implicados en la llamada 'parapolítica' son aliados del presidente de la República. La 'parapolítica' no sólo ha echado raíces en el Congreso, sino que se ha extendido a parlamentos regionales, gobernaciones, concejales, alcaldías y un sector empresarial que, de una u otra forma, se ha beneficiado de los tentáculos de una "mafia organizada".
La creciente crisis de la 'parapolítica' paralizó al Congreso. Los legisladores que han renunciado o que están detenidos fueron substituidos por otros miembros de sus mismos partidos. Pero muchos de los suplentes también son investigados. La detención por la fiscalía del ex senador Mario Uribe terminó por confirmar que el escándalo de la 'parapolítica' es el más grave de la historia de Colombia. Un Congreso casi moribundo intenta a última hora una autorreforma que carecería de legitimidad.
El semanario bogotano "El Espectador" destaca en un editorial que la 'parapolítica' ha entrado en una nueva fase. De las denuncias aisladas sobre la complicidad de ciertos congresistas con jefes paramilitares en algunas regiones localizadas, "se ha pasado al sentimiento creciente de que los testimonios de cargo encerraban una verdad inocultable sobre los nexos entre mafia y política". "El Espectador" subraya que la sociedad mira indignada "cómo el voto popular había sido traicionado, hasta convertirse en simple vehículo de una pavorosa corruptela armada". Según "El Espectador", la geografía de la 'parapolítica' "se amplía, y anuncia ya una crisis de dimensiones insospechadas. (…). Si la tendencia continúa, pasaremos del escándalo al colapso del Congreso. Como la ciudadanía exige, con indignación justificada, que los implicados en el estropicio -bien a título directo o como herederos espurios, por la dudosa vía de las suplencias, de un poder que no obtuvieron por el voto limpio- pierdan el derecho a decidir sobre la reforma electoral, ya no luce imposible que el Congreso se paralice". El 27 de mayo de 2007, el día anterior a las elecciones presidenciales, en una rueda de prensa este cronista planteó al entonces candidato a la reelección Álvaro Uribe una pregunta que no tuvo contestación. Dijimos que tanto en los comicios legislativos y presidenciales de 2002 como en los de 2006, se habían formulado múltiples denuncias sobre el respaldo de los paramilitares a políticos que aspiraban llegar a la Cámara, al Senado y a la propia presidencia. Luego le dijimos a Uribe por qué en ningún momento había rechazado de manera explícita el apoyo de los paramilitares. Esta fue su evasiva respuesta: "Joaquim, cómo me preguntas eso, ya me lo preguntaste hace cuatro años". Seguidamente, sin contestar la pregunta, se puso a hablar sobre las prácticas terroristas de las FARC y sus nexos con el narcotráfico.
Pese a la creciente magnitud del escándalo, el comentarista Carlos Castillo Cardona escribe en el diario "El Tiempo" que no va a pasar nada con las investigaciones sobre la reelección de Uribe. En tono sarcástico, afirma: "Este país es una roca. Que esté tranquilo el 84% que apoya a Uribe, nada va a cambiar. No sé por qué tanta alharaca. No se asusten por los excesos verbales de estos días ni por las diligencias que se han practicado y las que vienen ni por las noticias escandalosas que se han oído ni por las muchas que se oirán. El país de los defectos es inamovible. Para los que están del lado del poder no es necesario que se asilen en embajadas (¡santa ingenuidad!), tampoco deben sacar sus capitalitos del país, ni deben correr de sus puestos, suspender sus negocios o abandonar casas y oficinas. Los opositores no deben alegrarse en demasía, no tendrán la oportunidad de desempolvar viejas teorías de gobierno ni de inventar nuevas, pues aquí nada se va a mover".
En este sentido, Antonio Caballero, el analista más mordaz de Colombia, escribe sin tapujos en la revista "Semana" que habiéndose ya hecho reelegir una vez, y quebrado con ello no sólo el espinazo de la Constitución sino también, cosa mucho más grave, la tácita tradición de respeto por el sucesor, "Uribe está obligado a hacerse reelegir otra y otra y otra vez, para toda la vida. No es una ambición, sino una obligación: una condena".Caballero sostiene que si Uribe deja saber ahora que se quiere bajar se lo comerían los suyos, sintiéndose engañados, traicionados. "Las Yidis y los Teodolindos, los parapolíticos y los empresarios, los Santos, los Londoños, los Nogueras, los Mancusos, los Macacos. Y mientras más se quede y más frondoso crezca su rabo de paja -la nacoparapolítica, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos-, más obligado está a seguir quedándose, pues sólo el tigre que monta impide que se lo coman también sus enemigos: la oposición a la que tanto ha calumniado, las Cortes a las que ha tratado con tanta arrogancia, las ONG a las que tanto ha despreciado", afirma Caballero. Según Caballero, si Uribe deja el poder, terminará en el exilio, y perseguido por la justicia internacional; o en la cárcel, y juzgado por la justicia colombiana. El modelo es Alberto Fujimori. "¿Se acuerdan del 'Chinito' salvador del Perú? Ochenta y cuatro por ciento de popularidad en las encuestas. Y hoy está preso, y se queda dormido en el juicio", recuerda el comentarista.
Son muchos los analistas que opinan que el pueblo colombiano está cansado de la guerra interna y, por encima de todo, ansia la paz. Como Uribe ha contribuido a dar tranquilidad al país, le resbalarían las acusaciones que se formulan contra él.
El comentarista Bernardo Gutiérrez comparte la opinión de Castillo Cardona y de Caballero. En declaraciones a "La Vanguardia", señala que Chávez y Fujimori no tenían un pretexto tan contundente para perpetuarse en el poder con la aceptación de las mayorías como la posee Uribe con la existencia de las FARC. "En un país desinformado, manipulado y alienado por la imagen paternalista y autoritaria de Uribe, la presencia de las FARC será siempre el puntal para mantener esos altos índices de popularidad de los que disfruta Uribe". Según Gutiérrez, sólo en el caso de que comenzaran a fracasar los operativos militares contra la guerrilla se podría ver una hipotética baja en la popularidad del presidente. Incluso en este último caso eso tomaría su tiempo.
"A los colombianos poco les importa -poco les ha interesado en la historia reciente- lo que suceda en términos de ordenamiento jurídico y de componendas políticas en general: les basta con percibir que el poder lo ejerce un dirigente con los suficientes pantalones para retar a los matones de las FARC. Tampoco les importa que en términos de costo-beneficio la acción del Estado no sea tan eficiente frente a resultados no muy satisfactorios en la lucha contra las guerrillas; les basta con la alharaca triunfalista de unos medios de comunicación que, salvo uno que otro, corean sin reservas unos supuestos avances definitivos por parte del Estado", afirma Bernardo Gutiérrez.
Recalca Gutiérrez que mientras Uribe tenga oportunidad de pronunciar discursos destemplados, pero vigorosos, contra los "narcoterroristas", tendrá el apoyo de la mayoría. "El colombiano medio –señala- no está preparado para la complejidad de análisis que podría llevarlo a desechar el brillo mediático de Uribe y su gobierno. En fin, veremos, predecir el futuro es cortejar el error..."Álvaro Uribe parece desdeñar la gravedad de los señalamientos que se le formulan. La columnista Salud Hernández-Mora escribe en "El Tiempo" que lejos de pensar en la renuncia del presidente por el juego sucio en la votación de Yidis, como sugiere Antanas Mockus, en la Casa de Nariño sólo se piensa en la segunda reelección. La misma periodista Hernández escribe que Sabas Pretelt, Diego Palacio y el ex secretario Alberto Velásquez deberán agudizar la imaginación "para convencernos de que sólo intentaron persuadir a Yidis con bonitas palabras de las bondades de traicionar a su tribu en aras del supremo bien común, de que no hubo ofrecimiento burocrático alguno para que ejecutara su triple salto mortal".

Cuenta Pública

DOF, 7/05/2008;
DECRETO que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA REFORMADAS, ADICIONADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 74 fracción IV, actuales primer y octavo párrafos; 79 fracciones I y II, y actual quinto párrafo; 122 Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos c) primer párrafo y e) y 134 actuales primer y cuarto párrafos; se ADICIONAN los artículos 73 fracción XXVIII; 74 fracción VI; 79 segundo párrafo, pasando los actuales segundo a sexto párrafos a ser tercer a séptimo párrafos, respectivamente, y fracción IV, segundo párrafo; 116 fracción II, párrafos cuarto y quinto; 122, Apartado C, Base Primera, fracción V inciso c) tercer párrafo y 134 segundo párrafo, pasando los actuales segundo a octavo párrafos a ser tercero a noveno párrafos, respectivamente, y se DEROGA el artículo 74 fracción IV, quinto, sexto y séptimo párrafos, pasando el actual octavo párrafo a ser quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. ................................................
I. a XXVII. ...................................................
XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;
XXIX. a XXX. .........................................
Artículo 74. ...........................................
I. a III. ...............................................
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.
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Quinto párrafo.- (Se deroga)
Sexto párrafo.- (Se deroga)
Séptimo párrafo.- (Se deroga)
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;
V. ..................................................
VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.
La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.
La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.
La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;
VII. a VIII. ..........................................................
Artículo 79. .........................................................
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
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I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.
Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.
Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;
II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, así como también un apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.
El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado a la Cámara de Diputados el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.
La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.
En el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia.
La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.
La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda el informe del resultado a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;
III. .....................................................
IV. .....................................................
Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo previsto en la Ley.
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Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la entidad de fiscalización superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la entidad de fiscalización superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley.
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Artículo 116. .........................................................
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I .....................................................
II ..............................................................
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.
III a VII. ..................................................
Artículo 122. ...................................................
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A) y B) ................................................................
C) ..........................................................................
BASE PRIMERA. .....................................................
I a IV. ..................................................................
V. ...........................................................................
a) y b) .................................................................
c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la entidad de fiscalización del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74, en lo que sean aplicables.
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El titular de la entidad de fiscalización del Distrito Federal será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.
d) .....................................................................................
e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
f) a o) ...............................................................................
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA .........................................
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.
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El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en el transitorio tercero siguiente.
SEGUNDO. El Congreso de la Unión, así como las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, deberán aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un plazo de un año, contado a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, salvo en el caso de lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV constitucional.
TERCERO. Las fechas aplicables para la presentación de la Cuenta Pública y el informe del resultado sobre su revisión, entrarán en vigor a partir de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2008.
CUARTO. Las Cuentas Públicas anteriores a la correspondiente al ejercicio fiscal 2008 se sujetarán a lo siguiente:
I. La Cámara de Diputados, dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de este Decreto, deberá concluir la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005.
II. Las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2006 y 2007 serán revisadas en los términos de las disposiciones aplicables en la materia antes de la entrada en vigor de este Decreto.
III. La Cámara de Diputados deberá concluir la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2006 durante el año 2008.
IV. La Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2007 será presentada a más tardar el 15 de mayo de 2008, el informe del resultado el 15 de marzo de 2009 y su revisión deberá concluir en 2009.
México, D.F., a 19 de febrero de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. Esmeralda Cardenas Sanchez, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a seis de mayo de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.