24 mar 2008

David Petraeus


ENTREVISTA: DAVID PETRAEUS Jefe de las fuerzas de EE UU en Irak
FRANCESCA CAFERRI, © La Repubblica
El País, Bagdad - 25/03/2008
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia;
El militar norteamericano analiza en su cuartel general, en el antiguo palacio de Sadam Husein en Bagdad, la situación en Irak cinco años después de la invasión y hace hincapié en el papel de Irán en la violencia que sufre el país
En su tiempo libre, lee biografías de hombres que, como él, han tenido que afrontar durísimos retos militares. Un día sí y otro no sale a correr con sus soldados, y cada semana dedica 10 minutos al barbero. Se ha propuesto asistir, siempre que puede, a las ceremonias en recuerdo de los militares estadounidenses caídos en Irak. Ingenioso, sonriente, cordial, el general David Petraeus parece un militar fuera de lo acostumbrado: durante una hora de entrevista, en su despacho del que era el palacio presidencial de Sadam Husein en Bagdad, no deja entrever ni una sola vez la dureza que tiene que poseer para haber llegado a convertirse en el jefe de las fuerzas de EE UU en Irak.
Pregunta. -El domingo por la noche, el recuento de los muertos estadounidenses desde el inicio de la guerra llegó a la cota de los 4.000. Y, ese mismo día de Pascua, Irak vivió una jornada sangrienta, con lanzamientos de cohetes sobre la Zona Verde de Bagdad. ¿Está retrocediendo Irak?
Respuesta. -Cuatro mil muertos significan que Irak es una realidad muy dura y difícil. En cuanto a los ataques contra la Zona Verde, los llevaron a cabo los llamados grupos especiales, adiestrados y armados por Irán. Los cohetes que lanzaron eran iraníes. Y eso es decepcionante: el presidente Ahmadineyad y otros dirigentes iraníes prometieron a sus homólogos iraquíes que iban a dejar de echar leña al fuego de una realidad que ya de por sí es bastante explosiva. No es ésa la ayuda que los iraquíes quieren que les preste su vecino; lo que quieren es una relación constructiva. Desde luego, nada de armas.
P. -Sin embargo, también han vuelto a hacerse oír los terroristas suníes con el atentado en Mosul. ¿No le preocupa eso?
R. Los atentados de Al Qaeda son resultado de la presión a la que están sometidos, especialmente en Mosul, que es una de las áreas en las que Al Qaeda ha disfrutado durante mucho tiempo de más margen de maniobra y en las que, en el último año, se ha concentrado principalmente la actividad de las fuerzas de la coalición y las iraquíes. Es una zona importante desde el punto de vista estratégico, son las rutas hacia Siria e Irán, y es una región de población mixta. Lo que hicieron el domingo los terroristas es lo que hacen cada vez que les asestamos un duro golpe: tratar de pararnos. Creo, además, que este atentado puede estar relacionado con el hecho de que el embajador Crocker y yo nos disponemos a dar testimonio ante el Congreso; no quieren que demos sólo buenas noticias.
P. -¿Se puede decir que el país camina hacia la reconciliación?
R. La situación de la seguridad ha mejorado mucho. No voy a negar que el domingo fue un día espantoso, pero quizá lo notamos más porque hay menos días espantosos que hace ocho meses. El número de atentados ha descendido un 60% respecto a junio de 2006, el número de muertos civiles ha bajado un 60% desde diciembre de 2006, y eso es señal de progreso. No queremos cantar victoria ni hacer celebraciones, porque nos queda aún mucho por hacer. Todavía tenemos innumerables retos y obstáculos que superar, pero sí se han dado pasos hacia la reconciliación. La sociedad iraquí ha sufrido daños terribles y tardará años en recuperarse.
P. Uno de los méritos que se le reconocen es el de haber involucrado a los suníes en la gestión de la seguridad. ¿Cómo puede estar seguro de que un día esas personas no volverán a combatir?
R. Les estamos dando la posibilidad de ayudar a mejorar la seguridad en sus comunidades. La clave de nuestro proyecto es darles un papel en el proceso para que el nuevo Irak triunfe, en vez de fracasar. Puedo decir que, en ciertas zonas, es inconcebible pensar que los suníes vayan a permitir el regreso de Al Qaeda. Al Qaeda ha traído la muerte, la destrucción y una ideología wahabí que la gente no comparte.
P. -Quizá no llamen a Al Qaeda, pero podrían volver a luchar contra los chiíes...
R. -Repito, la idea es que todos intervengan en el éxito del nuevo Irak. Los suníes saben que se equivocaron al no participar en las elecciones de 2005 y no van a volver a cometer el mismo error, saben que no pueden tener acceso a los beneficios de los recursos iraquíes si no participan en el gobierno al lado de los chiíes.
P. -¿Y los chiíes? ¿Están en contacto con ellos?
R. -Por supuesto. La idea es aplicar el mismo proceso a todos: abordar los problemas, dialogar, tal vez gritar, pero no disparar. Se trata de hacer un esfuerzo para extender el diálogo a todos, incluidos los chiíes, así que también hablamos con ellos.
P. -¿Incluido Múqtada al Sáder?
R. -Mantenemos conversaciones con su grupo.
P. -Todos estos esfuerzos podrían resultar inútiles si el Gobierno iraquí no sigue por la vía de la reconciliación nacional. ¿Está satisfecho con el trabajo que llevan a cabo?
R. No creo que estén satisfechos ni ellos mismos. Pero están esforzándose por hacer alguna cosa. Hemos empezado a ver algunos avances desde el punto de vista político e incluso, ahora, económico: acabo de recibir a una delegación de empresarios extranjeros que han venido a firmar un acuerdo con el gobierno, y ésa me parece una buena señal.
P. -¿Qué situación va a describir cuando hable de Irak ante el Congreso, dentro de unos días?
R. Describiré el nivel de seguridad sobre el terreno, y el embajador hablará del aspecto político y económico. Después hablaremos de los retos que todavía nos aguardan e ilustraremos las recomendaciones que vamos a hacer al presidente y que, por motivos obvios, no puedo revelar todavía.
P. -Sí podrá decir qué piensa del debate sobre la reducción del número de tropas que está desarrollándose en EE UU.
R. El propósito es reducir las tropas de aquí a julio, pero la decisión estará muy condicionada por las condiciones que haya sobre el terreno. No queremos poner en peligro los objetivos que tanto nos ha costado alcanzar con una reducción de tropas demasiado rápida.
P. -En los esfuerzos que ha llevado a cabo, ¿le habría gustado contar con más apoyo de sus aliados europeos y la OTAN?
R. Sólo diré que no ha existido un jefe militar en la historia que no estuviera dispuesto a dar la bienvenida a más tropas.
P. -Usted ha reescrito el manual de operaciones; en muchas zonas, junto a los soldados, hay antropólogos. ¿Cómo y en qué medida ha cambiado el ejército estadounidense debido a Irak?
R. Nos encontramos con un terreno de actuación que ya no era el desierto, sino poblaciones, un terreno humano. Comprender el entorno es fundamental para lo que hacemos y por eso pedimos ayuda a los antropólogos, especialmente a expertos en la cultura árabe e iraquí. Nuestros soldados han sabido comprender la complejidad de la situación. A los jefes nos corresponde dar con buenas ideas, pero la clave del éxito está en saber hacerlas llegar a quienes la ponen en práctica.

La iniiciativa Mérida, pendiente


Se retrasa la ayuda antinarco/
Homero Campa, reportero
Revista Proceso, 1638, 23/03/2008;
El Congreso de Estados Unidos aún no aprueba los 500 millones de dólares para financiar la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2008, pero el gobierno mexicano ya tiene previsto cómo va a gastar otros 450 millones para 2009.
Un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores desglosa los montos de la Iniciativa Mérida para 2009, así como los cuatro rubros generales para los que serían destinados: 238 millones 306 mil dólares (52.96%) para “la cooperación antinarcóticos, contraterrorismo y seguridad fronteriza”; 158 millones 500 mil dólares (35.22%) para “seguridad pública y procuración de justicia”; 30 millones 694 mil dólares (6.82%) para “fortalecimiento de instituciones”, y 22 millones 500 mil dólares (5%) para “apoyo a programas”.
La Iniciativa Mérida prevé un presupuesto total de mil 400 millones de dólares que Estados Unidos aportaría a México en equipo, tecnología y capacitación de personal que labora en dependencias dedicadas a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Estos recursos se ejercerían durante tres años y están sujetos a la aprobación anual del Congreso de Estados Unidos.
México recibiría 500 millones de dólares en 2008. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, los incluyó en su proyecto de presupuesto de defensa que envió el año pasado al Congreso de su país, pero lo hizo bajo el rubro de “recursos suplementarios” para las operaciones militares en Irak y Afganistán (189 mil 300 millones de dólares).
El Congreso estadunidense, sin embargo, aún no aprueba la aplicación de dichos recursos. Es más, no existe un borrador de ley que incluya esa asignación presupuestal, y su eventual aprobación podría aplazarse hasta el próximo 26 de mayo, fecha en que podrían agotarse los fondos del Pentágono para cubrir los gastos en Irak y Afganistán.
Además, algunos congresistas han expresado sus reservas sobre el destino de los recursos para la Iniciativa Mérida y han advertido que pondrán condicionantes para liberarlos. Carl E. Meachan, uno de los principales asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo en enero pasado (Proceso 1629) que varios congresistas pedirán al Departamento de Estado que informe con regularidad sobre “los avances” del combate de México contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Engolosinamiento
El pasado 4 de febrero el presidente Bush envió al Congreso estadunidense el presupuesto para el año fiscal 2009 (de octubre de 2008 a septiembre de 2009). En el apartado alusivo al Departamento de Estado incluyó 550 millones de dólares para la Iniciativa Mérida: 450 millones para México y 100 millones para los países de Centroamérica.
De acuerdo con el citado documento de la SRE, de ese monto total, 147 millones 550 mil dólares (32.79%) se destinarían a la Secretaría de Seguridad Pública y se distribuirían de la siguiente forma: 106 millones para adquirir helicópteros Black hawk que proporcionarán “capacidad de respuesta rápida” en “misiones antinarcóticos”; 10 millones para adquirir “aeronaves ligeras de ala fija” dedicadas a labores de “vigilancia”; 26 millones para equipo de rayos gamma; 4 millones 800 mil dólares para instalar rayos X en camionetas de la policía, y 750 mil dólares para crear 90 equipos de “manejadores” de perros especializados en la detección de drogas.
La Secretaría de la Defensa Nacional –que en 2008 absorbió la mayoría del presupuesto de la Iniciativa Mérida debido a que le fueron destinados ocho helicópteros Bell 412 EP–, en esta ocasión sólo se le otorgarían “aparatos móviles de rayos gamma para inspección no invasiva”, que costarían 20 millones 200 mil dólares.
A la Secretaría de Marina se le dotaría de “aeronaves de vigilancia marítima” con un costo de 100 millones de dólares (22% del total).
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) absorbería 8 millones 864 mil dólares. De esta suma, 3 millones están etiquetados como “entrenamiento antiterrorista”. Al respecto, el documento precisa: “equipo de contrainteligencia (cámaras, monitores, detectores) para el proyecto de entrenamiento antiterrorista”.
Además, el Cisen dispondría de 1 millón 350 mil dólares para “equipo que se instalará en salas de entrevistas tácticas, así como equipo pericial de análisis para computadoras y de análisis de datos”; además de 1 millón 514 mil dólares para adquirir “equipo especializado en el manejo y desactivación de explosivos” y 3 millones para “programas de análisis de datos” por computadora.
Equipo de rayos gamma, así como “perros entrenados para la intercepción” de drogas y explosivos, con costo de 38 millones 400 mil dólares, serían transferidos al Sistema de Administración de Aduanas.
El documento prevé 60 millones 470 mil dólares para el Instituto Nacional de Migración. Más de la mitad de este dinero (39 millones 535 mil dólares) serían utilizada para “ampliar y modernizar la base de datos del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM)”.
También prevé 5 millones 872 mil dólares para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los cuales se utilizarían en “infraestructura de seguridad que monitoree las actividades en centros de distribución del Servicio Postal Mexicano”, sobre todo en el aeropuerto de la Ciudad de México, y en el reforzamiento de la “capacidad de seguimiento satelital del transporte de distribución postal”.
Según el documento, para la Procuraduría General de la República (PGR) estaría destinada la mayor parte de los 30 millones 694 mil dólares etiquetados como “fortalecimiento de instituciones y procuración de justicia”. Destacan las siguientes áreas: “modernización de laboratorios periciales federales, particularmente en balística, análisis químico-biológico y cibernético” (8 millones 529 mil dólares); apoyo a “los esfuerzos previos de digitalización de las labores de los ministerios públicos, instalando el sistema de administración de casos en toda la PGR” (7 millones 600 mil dólares); equipo, asistencia técnica y entrenamiento para modernizar el sistema penitenciario federal, así como para la “preservación de evidencia”, “desarrollo de la ‘cadena de custodia’” y “promoción del fortalecimiento de instituciones y el estado de derecho” (5 millones 500 mil dólares).
Pero toda esa distribución detallada de recursos tendría que esperar a que el Congreso de Estados Unidos apruebe sin modificación alguna el proyecto de presupuesto para 2009 que le envió Bush.
El documento de la SRE lo reconoce: “Por lo que se refiere al presupuesto para el año fiscal 2009, que incluye el segundo tramo de transferencias para la Iniciativa Mérida, no se espera que el Congreso de Estados Unidos actúe antes de las elecciones de noviembre (en ese país). Es decir, tocará a la próxima legislatura confirmar la instrumentación del segundo tramo de la Iniciativa Mérida hacia principios del próximo año (2009)”.

Hacia el Servicio de Protección Federal


Sobreprotección importada
J. Jesús Esquivel, reportero
Revista Proceso, 1638, 23/03/2008;
Por primera vez el gobierno de México solicitó al de Estados Unidos ayuda para proteger al presidente de la República y a los miembros de su equipo de Seguridad Nacional de eventuales atentados del crimen organizado. Durante reuniones celebradas en Washington, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pidió formalmente que el Servicio Secreto de ese país entrene a militares del Estado Mayor Presidencial. Diligente, Washington ofreció a México cursos en la academia militar de West Point, Virginia.
WASHINGTON.- Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP) de México, solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos que el Servicio Secreto de este país imparta cursos de adiestramiento para miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) con el propósito de fortalecer la seguridad del presidente Felipe Calderón y de los integrantes del gabinete de Seguridad Nacional.
García Luna hizo la solicitud en reuniones secretas que sostuvo en esta ciudad, a la que viajó en la semana del 29 de enero al 1 de febrero de este año con funcionarios del Servicio Secreto de Estados Unidos, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
“El gobierno de México pidió al Servicio Secreto apoyo para programas de entrenamiento en materia de seguridad del presidente (Calderón) que se impartirán en la base militar de West Point (Virginia)”, dice a Proceso un vocero de ese servicio, quien pidió el anonimato con base en la política de comunicación de su agencia y en las leyes de Estados Unidos que impiden revelar la identidad de sus miembros.
“Esta es la primera ocasión que el gobierno de México solicita este tipo de apoyo al Servicio Secreto”, subraya. Y explica que “es una práctica normal” el hecho de que “impartamos cursos de capacitación solicitados por autoridades de varios países”, aunque –reitera– “es la primera vez que nos lo pide el gobierno mexicano”.
El vocero, sin embargo, no quiso ofrecer detalles sobre los cursos en West Point para integrantes del EMP.
El emisario
García Luna hizo la solicitud de entrenamiento para miembros del EMP a pesar de que es un funcionario ajeno al área militar. Ello se debió a una cuestión de protocolo: el Servicio Secreto es una agencia civil y los contactos oficiales de los militares mexicanos deben hacerse con sus contrapartes estadunidenses, es decir, los funcionarios del Departamento de Defensa (Pentágono), el cual no tiene a su cargo de manera directa la protección del presidente de Estados Unidos.
Durante su estancia en Washington García Luna no informó a los corresponsales de medios mexicanos acreditados en esta ciudad sobre la petición que hizo al Servicio Secreto ni de las reuniones que sostuvo con funcionarios de la CIA y del FBI.
Consultado por Proceso, Arturo Cano, director de Comunicación Social de la SSP, no quiso hacer comentario alguno en torno de la petición que hizo García Luna en Washington, pero un importante funcionario del gobierno de Felipe Calderón dijo al corresponsal: “No lo desmiento, pero tampoco lo confirmo”.
El Servicio Secreto es el encargado de la seguridad personal –dentro y fuera de Estados Unidos– de los más importantes miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de este país: el presidente de la nación, el vicepresidente, los secretarios de Estado, los líderes de los partidos Demócrata y Republicano en el Congreso Federal, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los expresidentes y el presidente de la Reserva Federal.
Esta agencia también es la encargada de la seguridad de los jefes de Estado y de gobierno que visitan Estados Unidos.
Centenares de sus miembros custodian permanentemente las sedes de los poderes estadunidenses: la Casa Blanca, los edificios de las secretarías de Estado, el Capitolio y la Corte Suprema de Justicia.
Por ejemplo, desde el techo de la Casa Blanca sus agentes vigilan la periferia de este edificio y desde ahí controlan el Capitolio. Cuentan con sofisticados equipos de comunicación y con poderosas armas, como misiles de la clase Minuteman.
Amenazas
La seguridad del presidente Felipe Calderón se ha convertido en una de las principales preocupaciones en la residencia oficial de Los Pinos, donde se han reforzado las medidas de seguridad y vigilancia, incluso con servicios privados (Proceso 1628).
El 22 de marzo de 2007, Calderón declaró a la agencia de noticias Reuters que él y su familia habían recibido amenazas debido a los operativos de su gobierno contra el narcotráfico y a la extradición, en enero de ese año, de varios narcotraficantes a Estados Unidos.
“No sabemos si (las amenazas) sean ciertas o falsas, pero evidentemente eso no cambia nuestra decisión de cumplir con nuestro deber”, dijo Calderón a la agencia británica.
La reportera Lilia Saúl, del diario El Universal, solicitó a la Presidencia de la República –por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental– datos sobre dichas amenazas. Sin embargo, Los Pinos le respondió que esa información está clasificada como “reservada”, según publicó el periódico el pasado 4 de enero.
El 19 de febrero –dos semanas después de la visita a Washington de García Luna– se realizó una reunión en Los Cabos, Baja California Sur, en la que funcionarios del Servicio Secreto; de la CIA; del FBI; del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), y del Departamento de Seguridad Interior se reunieron con funcionarios mexicanos de la Secretaría de Gobernación, de la SSP, de la PGR y con altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del EMP.
En Washington, John Walters, director de la Oficina Nacional para el Control de Narcóticos de la Casa Blanca –conocido como el “zar antidrogas”– declaró en conferencia de prensa con medios mexicanos que ese encuentro en Los Cabos tenía como objetivo preparar la reunión ministerial de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que se llevaría a cabo una semana después en ese lugar de Baja California Sur.
Sin embargo, un funcionario del ATF que estuvo presente en la reunión de Los Cabos revela a este semanario que ahí se afinaron detalles respecto del entrenamiento que ofrecería el Servicio Secreto a personal del EMP.
Señaló que entre los temas abordados estuvo el relacionado con el intercambio bilateral de información de inteligencia, y el relativo a la seguridad de funcionarios mexicanos que han recibido amenazas de cárteles de drogas se consideró “prioritario”.
“En estos tiempos el tema de la seguridad e integridad física de los presidentes y de secretarios de Estado es ya un asunto altamente prioritario para México y Estados Unidos”, aseveró el funcionario de ATF.
El gobierno mexicano no informó sobre los acuerdos alcanzados con las agencias estadunidenses durante esa reunión en Los Cabos.
Apenas el pasado 6 de marzo, el periódico Reforma informó que el Ejecutivo federal prepara la publicación de un decreto presidencial para crear el Servicio de Protección Federal, un cuerpo que se dedicará a la protección de los funcionarios del gabinete de Seguridad Nacional. Como titular del Ejecutivo federal, Calderón preside ese gabinete.
Además, lo integran los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público, Función Pública, Relaciones Exteriores, así como de Comunicaciones y Transportes. El procurador general de la República y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional también son miembros de esa instancia. (Con información de Jorge Carrasco.)

Datos públicos

La fiesta “privada” de Calderón
Daniel Lizárraga, reportero.
Revista Proceso, 1638, 23/03/2008;
Felipe Calderón quiso hacer pasar como una decisión personal el publicar la lista de invitados a su fiesta de cumpleaños, cuando en realidad se trató de una orden del Instituto Federal de Acceso a la información Pública (IFAI) a la Presidencia de la República, opinan tres de los cinco comisionados de dicho organismo: María Marván, Jacqueline Peschard y Juan Pablo Guerrero.
Entrevistados por separado, los comisionados consideran que Calderón tiene derecho a que no se invada su intimidad, pero en este caso había indicios de que los archivos oficiales podían contener la información solicitada por la reportera Lilia Saúl, de El Universal.
La Presidencia declaró que los datos no existían y la periodista interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, donde también demandó que el presidente del organismo, Alonso Lujambio, no participara en la votación, toda vez que fue uno de los invitados a la fiesta presidencial.
Finalmente, Lujambio se quedó y el instituto, por unanimidad, le ordenó a la Presidencia que informara cuánto dinero proveniente del erario gastó en la fiesta y buscar la lista de invitados, especialmente dentro del Estado Mayor Presidencial, algo que desde el primer momento debieron hacer la Unidad de Enlace y el Comité de Información de la Presidencia.
La encargada de la transparencia es Patricia Flores Elizondo, actual coordinadora general de Administración, de acuerdo con una entrevista que ella concedió a la revista Líderes para su edición 131.
La noche del pasado 25 de febrero, Calderón envió un comunicado a la prensa para informar que “de manera libre, voluntaria y espontánea” puso a disposición del IFAI la lista de quienes asistieron a su fiesta de cumpleaños el 17 de agosto de 2007 en Los Pinos.
Al boletín se adjuntó una carta dirigida al presidente del IFAI, Alonso Lujambio, en la cual se enfatiza que la fiesta fue un “evento privado”, aunque por ahora Calderón viva en Los Pinos. Desde entonces, Proceso solicitó a los comisionados que opinaran sobre esa postura, pero ellos estaban en el extranjero. A su regreso, tres de ellos accedieron a dar su opinión.
Interpretación simplista
Juan Pablo Guerrero puntualiza que si había buena voluntad en la Presidencia, “no se mostró cuando hicieron la solicitud, tampoco se mostró cuando entró la queja y no se mostró cuando el IFAI llamó a una audiencia”.
Para el comisionado, que increpó a Lujambio en plena sesión pública por haber asistido a la fiesta de Calderón, dijo que para creer en la generosidad en el ámbito del acceso a la información se requiere de una clara muestra de espontaneidad y oportunidad.
–¿Siempre tuvieron la información y no la quisieron entregar? –se le pregunta a Guerrero.
–El IFAI resolvió que esa información debía entregarse. Si en lo personal el presidente consideró que no procedía esa orden, ya que invadía su privacidad, entonces se pudo iniciar un procedimiento en su contra. No fue el caso, pero más allá de esto, ¿quién hubiera resultado responsable? ¿Presidencia o el ciudadano Felipe Calderón? Toda la argumentación del IFAI fue a la Presidencia.
–¿Le sorprendió la respuesta?
–No es la primera vez que el gobierno hace una tajante distinción entre los documentos que contienen información relacionada con el desempeño de los servidores públicos y los oficios vinculados con otro tipo de actividades, que pudieran caer en el ámbito de lo privado. Esta interpretación absolutista de la Ley de Transparencia resulta cómoda para ellos.
“Así evitan poner en manos de otros, ciudadanos y periodistas, información que quizá pudiera tocar puntos sensibles para su gobierno. Esto sucedió también con el caso de los correos electrónicos, cuando argumentaron que ahí había datos personales y de actividades privadas. El IFAI respondió que debían entregarse los que versaran sobre asuntos de trabajo.”
–¿Hay otros ejemplos de esa interpretación simplista de la ley?
–Cuando alguien solicitó información relacionada con la nacionalidad del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, primero argumentaron que era información confidencial. Luego de que el IFAI determinó que eran archivos públicos, toda vez que él ya había sido diputado federal, local y miembro del gabinete anterior, se hizo la misma maniobra: la Presidencia entregó la información como una concesión personal. En esta interpretación es donde están los riesgos.
–¿Cuáles son los riesgos de hacer una división tajante entre datos personales e información pública?
–Que dejaríamos fuera del alcance de los ciudadanos millones de documentos que tienen que ver con datos de personas, pero también claramente vinculados a sus actividades públicas. Esto es lo que precisamente proponen mis colegas en la nueva Ley de Transparencia, recientemente entregada a la Cámara.
Juan Pablo Guerrero se refiere a la propuesta para una nueva Ley de Transparencia que entregaron los otros cuatro consejeros del IFAI a la Cámara de Diputados el 24 de octubre del año pasado.
–¿La Presidencia impuso su interpretación de la ley sobre la que hizo el IFAI?
–Habrá quien diga: si ya lo entregó, no te ahogues en un vaso de agua. Me parece que esa interpretación de la Presidencia debe analizarse, sobre todo porque va en la misma línea de la nueva ley que impulsan mis colegas del IFAI ante la cámara.
–¿Cuál es el riesgo de que se apruebe la nueva Ley de Transparencia?
–La propuesta de cuatro comisionados contra esa definición: Proponen que todos los datos personales son todos confidenciales, con lo cual podríamos decir que Felipe Calderón tendrá casi garantizado que no se vuelva a conocer su lista de invitados para sus próximos cumpleaños.
“En esa nueva ley no hay acceso a datos personales. La única manera de conseguirlos es que el IFAI, convertido en juez, decida que sí se deben entregar esos datos ponderando algo llamado interés público. Es decir, se valora la importancia social de esa información sobre la afectación a la privacidad.
“El caso Mouriño es un buen ejemplo. Si esos contratos fueran vistos a la luz de la nueva ley, el nombre y las firmas del secretario de Gobernación pudieron ser tachadas. Sólo hubieran entregado el nombre de la empresa.”
“Dependería de la buena voluntad de las dependencias, porque ellos pueden decirte, en una interpretación estricta de la ley, que la información como me la estás pidiendo no existe. Pemex no celebra contratos con personas físicas sino con personas morales...
“En este caso, si lo niegan, el IFAI tiene que decidir si el interés público justifica que se den esos contratos sin omisión de datos personales. Eso es una valoración subjetiva, encuadrada en consideraciones de carácter político. El IFAI sería el árbitro de la política. Los comisionados determinarían con poca jurisprudencia, con poca experiencia, que un dato personal confidencial, como el nombre de un representante legal, tiene que ser público.”
La delgada frontera
Para María Marván,
en la resolución sobre la fiesta de cumpleaños de Calderón no hay nada personal; por el contrario, ahí subyace un análisis sobre el derecho a la intimidad y la vida pública.
“¿El presidente tiene o no derecho a una vida privada, aun viviendo en Los Pinos? Decir que no me parecería muy violento. ¿Entonces en dónde empieza la casa del presidente y dónde la residencia oficial? No es nada fácil. No obstante, en el caso de la fiesta de cumpleaños, el IFAI ordenó practicar una búsqueda exhaustiva en sus archivos oficiales de la institución.”
–¿Cómo interpreta la carta enviada a Lujambio?
–El pleno del IFAI decidió que la lista podría localizarse en alguna instancia administrativa encargada de llamar a los más de 100 invitados, o en el Estado Mayor Presidencial (que la habría usado) para el control de la gente que entraría a Los Pinos.
–¿Qué indicios tenían de que pudieron usarse recursos públicos?
–De acuerdo con los medios de comunicación, en la fiesta participó la banda de la Marina. Aunque no se trate de dinero público, porque seguramente no les pagaron por asistir a Los Pinos, sí hay un empleo de recursos humanos oficiales.
–¿Cómo separaron en este caso la vida íntima de Calderón?
–Por ejemplo, si uno de los hijos de la familia Calderón invita a comer a uno de sus amigos a su casa, a Los Pinos, ¿los gastos que pudieran generarse son públicos o privados? Habría que analizar el caso.
“Pero en la fiesta de cumpleaños hubo más de 100 invitados, no sé si acompañados de sus parejas. Con ello quiero decir que de la información pública disponible pudo desprenderse que al menos alguna instancia administrativa de Los Pinos coordinó la presencia de la orquesta de la Marina, además de que alguien tuvo que avisar del convivio a los invitados, y el Estado Mayor controla la entrada y salida de la casa presidencial.”
A su vez, la consejera Jacqueline Peschard explica:
“En el pleno se aprobó que la Presidencia debía realizar una búsqueda exhaustiva y, si no la encuentra, declara la inexistencia. Todo lo que está dentro de la vida privada es confidencial. No obstante, en este caso se consideró que la lista de invitados pudo ser manejada por el Estado Mayor Presidencial. No era nada personal.
“Si el Estado Mayor tenía esa lista en sus archivos, la información podía entregarse. Si por otro lado, como sucedió, esa lista estaba en manos de un particular (Felipe Calderón), fue éste quien dio su consentimiento.

El "boom" de los Mouriño



El “boom” de los Mouriño/
Jesusa Cervantes y Rosa Santana, reporteras
Pubicado en la revista Proceso, 1638, 23/03/2008;
Las dos administraciones federales panistas han bendecido de sobra a Juan Camilo Mouriño y su familia. Una investigación de Proceso revela que las empresas de este clan se triplicaron en dicho período y mantienen extraordinarios contratos con el sector público, además de allegarse apoyos económicos gubernamentales denominados Pymes, que debieran destinarse sólo a las pequeñas y medianas empresas. Las licencias de las que ha gozado el secretario de Gobernación para hacer negocios personales al amparo del poder público explican por qué el presidente Calderón le asignó la encomienda de negociar la reforma energética del Ejecutivo federal.
La presencia del PAN en la Presidencia de la República, desde Vicente Fox hasta Felipe Calderón, ha dado grandes dividendos a los negocios de Juan Camilo Mouriño Terrazo y sus familiares: en ese lapso, las empresas del ahora secretario de Gobernación y los suyos no sólo se triplicaron, sino que se convirtieron en proveedoras frecuentes de dependencias gubernamentales y actualmente se proponen crecer como contratistas de obra pública dentro de las estructuras de los gobiernos federal, estatal y municipal en todo el país.
Documentos obtenidos por Proceso desmienten lo que, el 28 de febrero, declaró el secretario de Gobernación respecto a una de sus empresas más boyantes, que firmó contratos con Pemex-Refinación por más de 100 millones de pesos: Transportes Especializados Ivancar.
“Esta línea del negocio –dijo Mouriño ante millones de televidentes– prácticamente no ha crecido desde su inicio. La expansión del grupo empresarial se ha dado en la administración de franquicias y en negocios inmobiliarios desde mucho antes de que yo ingresara al servicio público.”
Pero sólo por lo que respecta a las unidades especializadas de Ivancar dedicadas a transportar y suministrar productos de Pemex, éstas pasaron de 10 iniciales –algunas de las cuales tenían hasta 12 años de antigüedad– a 43 unidades nuevas entre 2001 y 2005.
Y aunque ciertamente las demás firmas del grupo empresarial empezaron a expandirse “mucho antes” de 2003, no habían crecido tanto como en la etapa que va del ingreso de Mouriño a la legislatura de Campeche hasta la fecha.
Fue una semana después de que Andrés Manuel López Obrador denunció que Juan Camilo Mouriño jugaba el doble papel de servidor público y contratista del gobierno federal cuando el recién estrenado secretario de Gobernación afirmó que él es servidor público a partir de 2003, al ingresar a la “administración pública”, sin tomar en cuenta que de 1997 a 2000 fue diputado local de Campeche; de 2000 a 2003, legislador federal; este último año, asesor de Felipe Calderón como director de Banobras, primero, y como secretario de Energía después, para finalmente fungir como subsecretario de Electricidad hasta noviembre de 2004, año en que se integró al equipo calderonista en la búsqueda de la candidatura presidencial por el PAN.
Cuando Mouriño se estrenó como legislador de Campeche, su familia tenía, aparte de Ivancar, 18 gasolinerías en el sureste. Para el año 2000, las estaciones de gasolina llegaban a 21 y, para este 2008, suman 38. Y no sólo eso, sino que en el mismo lapso el clan Mouriño constituyó el Grupo Energético del Sureste, Esges, Gasovales GES, Inmobiliaria GES, Grupo Maritimo Mouriño, Tesorera GES, Naviera Isla de Tris, Restaurantes Sub, Grupo Acuícola del Sureste y Urbanizadora la Marina. Además de adquirir 10 franquicias de Burguer King, una de Church’s Chicken, dos de Tortas Locas Hipocampo, tres de Baskin Robbins, dos de Tintorería Max y tres de Autolavado GES Autowash.
Esta información –obtenida por Proceso en el Registro Público de Campeche– refleja entre otros hechos que sólo desde el gobierno panista de Vicente Fox –a quien Carlos Mouriño Atanes apoyó y promovió entre los empresarios del sureste– el clan duplicó el número de gasolinerías, cada una de las cuales requiere de una inversión de 10 millones de pesos, e instaló dentro de las mismas 31 Tiendas GES de Conveniencia.
Por lo que respecta a las franquicias de alimentos mencionadas, fueron adquiridas después de 2003, justo el año en que, según el secretario de Gobernación, decidió “dedicarse por completo al servicio público”.
De modo que desde 1997, las empresas de Mouriño y sus parientes se han triplicado, al pasar de 22 a 70. Esto, sin contar las 31 Tiendas GES de Conveniencia que se han establecido en las gasolinerías.
“Hacia finales del 2003, al asumir mi primera responsabilidad en la administración pública –manifestó también Mouriño– tomé la decisión más importante de mi vida: dedicarme por completo al servicio público (…) El precio que pagué no fue menor. Le he arrebatado tiempo a mi familia, renuncié a las acciones de cerca de 80 empresas de uno de los grupos empresariales más importantes del sureste mexicano y también dejé muchas de las comodidades que tienen los que viven en el interior del país.”
Y, en efecto, Proceso confirmó que, en noviembre de 2003, Mouriño sólo renunció a las acciones de GES, al que se refirió como “uno de los grupos empresariales más importantes del sureste mexicano”, pero en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Campeche no hay evidencias de que haya renunciado al resto de los negocios, a los cuales se incorporó cumpliendo el papel de socio, tesorero o apoderado.
Obligado por el escándalo que significaron los documentos exhibidos por López Obrador para someter a juicio político al secretario de Gobernación, después de una semana de silencio, Mouriño hizo las declaraciones referidas y, el 11 de marzo, entregó a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública los siete contratos –más un convenio modificatorio– que Ivancar firmó con Pemex-Refinación y que eran la materia del debate.
Fuera dejó los contratos que otras de sus empresas han firmado con dependencias federales y organismos descentralizados mientras él ha sido, de 2003 a 2007, funcionario de la “administración pública”.
Haciendo historia
En el mensaje que dirigió el 11 de marzo a los medios de comunicación, Mouriño señaló que la relación entre Ivancar y Pemex inició cuando él apenas tenía 14 años, en 1985, aunque omitió decir que en 2003, al ingresar a lo que llama “la administración pública” (es decir, Banobras y Sener), sus empresas familiares y su propio padre, Manuel Carlos Mouriño Atanes, se convirtieron en los proveedores predilectos de varias delegaciones de las secretarías de Estado en Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
En sus dos declaraciones públicas el secretario de Gobernación sólo se refirió a los contratos que Transportes Especializados Ivancar firmó con Pemex Refinación, pero nada dijo de las firmas Esges, fundada en 2000; Gasovales Ges, creada en 2003, e Inmobiliaria GES, constituida en 2005.
De acuerdo con la investigación realizada por este semanario, Esges y Gasovales Ges han sido las proveedoras del área central de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Pesca de Campeche y de la Comisión Nacional del Agua (a partir de 2003), del IMSS (desde 2004), de la SCT (de 2005 a 2007), del ISSSTE (hasta 2007), de la Sedeso (Oportunidades, 2006 y 2007), de Diconsa (2007), de Nafin (2005) y del Colegio de la Frontera Sur (2007).
Los montos de los contratos extendidos por el gobierno federal al clan Mouriño van desde los 25 mil hasta los 5 millones de pesos.
Todas las licitaciones referidas –de las cuales Proceso tiene copia– desaparecieron ya de la página electrónica de Compranet del gobierno federal, aunque varias de ellas aún podían consultarse hace tres semanas.
En 1999, mientras Juan Camilo Mouriño fungía como diputado estatal, recibió el poder para “comparecer ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar todo tipo de diligencia” en relación con la empresa Naviera Isla de Tris, según consta en el número 4483 del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Campeche.
Seis años después, los Mouriño conformaron la empresa Inmobiliaria GES, uno de cuyos objetos sociales es ofertar al gobierno todo tipo de servicios, desde bacheo y transporte de vallas metálicas hasta construcción de puentes y tendido de vías de ferrocarril.
En el Registro Público de la Propiedad de Campeche queda claro que el gobierno federal es el principal objetivo de empresas como Naviera Isla de Tris e Inmobiliaria GES. Y también, que Juan Camilo Mouriño no ha dejado de ser socio de ésta última.
El objeto social de Inmobiliaria GES, dicen los registros, es “contratar y subcontratar obras de señalamientos a cualquier tipo de vías de comunicación o cualquier otra naturaleza; contratar o subcontratar obras de construcción con personas físicas y morales; con los gobiernos federal, estatal o municipal, así como empresas paraestatales y empresas e instituciones del sector público o privado; participar en concursos de asignación de obra de construcción ante dependencias del gobierno federal, estatal o municipal, instituciones y personas físicas y morales, sean públicas o privadas y ante entidades paraestatales”.
Pero esto no significa que Juan Camilo Mouriño y sus parientes descuiden las relaciones económicas con los gobiernos estatales, aunque actúen de manera irregular, como en el caso de la licencia para “casa habitación” que la Comisión Ordenadora del Uso de Suelo del Estado de Yucatán (Cousey) otorgó en 2007 a la Inmobiliaria GES, con el fin de que ésta edificara un fraccionamiento llamado “plataforma logística”.
El hecho es que en el terreno de 200 mil metros cuadrados que Inmobiliaria GES compró a la Comisión Ordenadora del Uso de Suelo del Estado de Yucatán, en 7 millones de pesos, en lugar del fraccionamiento convenido está construyendo una fábrica de torres eólicas de última generación, el llamado “negocio del futuro”.
Se trata de un área que el propio gobierno del panista Patricio Patrón Laviada quiso convertir en zona industrial, pues se encuentra ubicada cerca del puerto de altura de Progreso, de la carretera y de las vías del ferrocarril. En cuanto a los privilegios que reciben de la administración pública los negocios de la familia Mouriño, está documentado el caso de 48 empresas que, sólo en Campeche, reciben apoyos económicos gubernamentales denominados Pymes, que debieran destinarse sólo a las pequeñas y medianas empresas. Dichos apoyos los obtiene, entre otros, el consorcio Grupo Energético del Sureste, el que, además, ha incumplido sus obligaciones fiscales.
De acuerdo con los datos que aparecen en el folio mercantil número 9329, el Servicio de Administración Tributaria “trabó embargo (a GES) por un millón 295 mil 340 pesos” el 17 de diciembre de 2001, por haber faltado a sus obligaciones fiscales.
Los registros no dan cuenta del pago ni del levantamiento del embargo, pero nadie ignora que GES sigue creciendo, e inclusive Juan Camilo Mouriño recibió dividendos de la misma por 450 mil pesos en 2003, antes de donar sus seis acciones a su papá...
La indagatoria, una farsa
Jesusa Cervantes
, reportera.
Revista Proceso, no, 1638, 23/03/2008;
En su intento por limpiar la imagen del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, el gobierno federal incurrió en un acto “ilegal y contrario a la Constitución”, en tanto que la Cámara de Diputados vició el procedimiento “violentando el espíritu” de la Carta Magna.
Para el abogado Jaime Cárdenas Gracia, actual integrante del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, y para el constitucionalista Elisur Arteaga, estas maniobras muestran que el objetivo de las autoridades es uno solo: exonerar al funcionario.
En entrevistas por separado, ambos critican la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), que el martes 11 inició una averiguación previa para esclarecer los hechos que involucran a Mouriño en el posible tráfico de influencias, toda vez que, dicen, fungió como proveedor del gobierno federal a la vez que se desempeñaba como servidor público.
Arteaga señala: “La PGR actúa a solicitud de Mouriño y lo hace como cómplice para exculparlo. Lo que está haciendo es violatorio de la Constitución. Se va a convertir en una instancia legitimadora de la ilegalidad de Mouriño.”
Y explica: El artículo 16 de la Carta Magna establece que debe existir una querella o denuncia para que se pueda abrir una averiguación previa, pero en este caso no la hay.
A su vez, Cárdenas sostiene que el anuncio hecho por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ese mismo martes –en el sentido de que “hará un escrutinio minucioso en torno a la naturaleza, el origen y la legalidad de los contratos que fueron suscritos por Pemex Refinación y por la empresa Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V.” y de la cual el aún secretario de Gobernación firmó como apoderado legal– no tiene sentido.
“Si partimos del comunicado emitido –dice– (la dependencia) va a dejar de cumplir con su función, que consiste en analizar la conducta del servidor público llamado Juan Camilo Mouriño, no la legalidad de un contrato”.
E insiste en que se debe investigar si la conducta del secretario de Gobernación viola o no la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. “Es engañoso lo que dice el comunicado, porque toda contraloría sí analiza actos jurídicos, pero lo hace en función de las conductas de los servidores públicos”, agrega.
Según Cárdenas, los procesos emprendidos por la PGR y la SFP para investigar los contratos que firmó Mouriño no son creíbles, sobre todo porque el presunto investigado no se ha separado aún de su cargo, lo que, agrega, “inhibe la actuación de ambas instancias y no hace creíbles las posibles indagatorias”.
Más: los encargados de PGR y la SFP “dependen jerárquicamente, no de manera formal pero sí políticamente, de Juan Camilo Mouriño”, explica.
Y el constitucionalista Arteaga comenta que en el caso de la PGR es todavía más grave, pues Mouriño es el jefe del Gabinete de Seguridad y el procurador Eduardo Medina Mora es su subalterno. “Aquí hay una incongruencia”, afirma.
Solapamiento de la PGR
Después de que Ana Lilia Pérez, reportera de la revista Contralínea, informó la segunda quincena de febrero sobre los ocho contratos entre Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V. y Pemex Refinación (en los que Mouriño firmó como apoderado), y de que Andrés Manuel López Obrador entregó al PRD, al PT y a Convergencia “el expediente Mouriño”, el secretario de Gobernación empezó a ser cuestionado en los medios de comunicación. Incluso acudió el jueves 6 al Noticiero de Joaquín López Dóriga para sostener que los contratos que él firmó “son legales”.
Pocos le creyeron. Según una encuesta realizada por el diario Milenio el lunes 10, el 85% de los entrevistados respondió que, “legal o no, no es ético su actuar (de Mouriño)”, mientras que el 68% opinó que el funcionario “debe renunciar”.
Al día siguiente, Mouriño entregó a la PGR y a la SFP los contratos que firmó su empresa y, con una prontitud inusual, ambas instancias emitieron su respuesta. La primera informó que había abierto una averiguación previa; la segunda, que iba a empezar la investigación en torno a la legalidad de los contratos.
Cárdenas sostiene que la celeridad con que actuó la PGR la llevó a violar la Constitución y a convertir la supuesta investigación en un absurdo. “El artículo 16 de la Constitución señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
E insiste: “Para iniciar una averiguación previa –como afirma la PGR– debe existir una querella o denuncia, y no hay tal.”
Entonces, dice, lo absurdo es que no hay quién denuncia ni se sabe qué se denuncia; por lo tanto la PGR no sabe qué es lo que va a investigar, no sabe qué posible conducta ilícita se le está imputando a Mouriño.
“Todo esto huele a estrategia política y no jurídica para exonerarlo y para que se diga ante la opinión pública que los contratos son legales, lo cual llevará a que no se revise el actuar de las 80 empresas que tiene (la familia Mouriño) ni los contratos que pudiera haber firmado con cualquier otra dependencia de gobierno”, asegura Cárdenas.
Y advierte que la prontitud con la que actuó la PGR y la forma procesal tan errática en que lo hizo, puede llevar a esta dependencia a determinar que como nadie presentó una denuncia el asunto se archive. También, dice, hay una violación al artículo 20 constitucional, según el cual el inculpado, en este caso el secretario de Gobernación, debe tener el derecho de audiencia y saber “el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar al cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria”.
“Aquí –dice Cárdenas– Mouriño no sabe quién lo está acusando porque no hay denunciante; entonces también se viola este precepto.”
A su vez, Elisur Arteaga sostiene que la PGR está actuando de manera ilegal, pues usurpa funciones que no le corresponden.
Según el organigrama de la PGR, el área que debe realizar la indagatoria es la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), que está a cargo de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Por cierto, este funcionario fue quien, el 29 de noviembre de 2006, determinó “el no ejercicio de la acción penal” en contra de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún por la denuncia sobre posible tráfico de influencias que interpuso un grupo de legisladores encabezados por el entonces diputado federal Jesús González Schmal.
Muñoz Vázquez fungía entonces como subalterno del titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, quien hoy es subordinado de Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación.
Los otros amigos
En el caso de la indagatoria que abrió la SFP, según su comunicado del martes 11, el propósito es “hacer un escrutinio minucioso en torno a la naturaleza, origen y legalidad de los contratos”.
Para Jaime Cárdenas, sin embargo, ese es un ardid y la secretaría está faltando a sus funciones, pues no sólo debe investigar si Mouriño violó las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino también a los funcionarios que participaron en la firma de esos contratos: desde el entonces director de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio –quien hoy es senador y goza de fuero constitucional, lo cual impide someterlo a cualquier juicio– hasta Felipe Calderón, quien durante el tiempo que se firmaron los contratos era secretario de Energía y jefe de Mouriño.
Por el contrario, Arteaga afirma que si bien la SFP no falta a la ley, es poco creíble que se realice una verdadera investigación. Y explica que el titular de esta secretaría, Salvador Vega Casillas, forma parte del grupo político de Calderón-Mouriño y del presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares.
Durante la LVIII Legislatura, en la que estuvieron Calderón y Mouriño, Vega Casillas fue diputado federal, y al inicio del sexenio calderonista era subsecretario de la SFP, precisamente cuando el titular de esta dependencia era Germán Martínez.
Y si a esto se le suma que Vega Casillas es esposo de la subprocuradora de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Gladys López Blanco, quien se encarga de comprobar que las gasolinerías no violen la norma y vendan al consumidor “litros de a litro”, el asunto se vuelve menos creíble aún, consideran Cárdenas y Arteaga.
Su sospecha se debe a que Mouriño admite que es dueño, junto con su familia, de 80 empresas, de las cuales por lo menos 40 son gasolineras.
Mientras PGR y la SFP actuaron con prontitud para abrir una averiguación previa e investigar el caso Mouriño, la Cámara de Diputados hubo de esperar nueve días antes de constituir la comisión especial del caso. l

Nasralá y Hezbolá


Hasan Nasralá (o, Sayed Hasan Nasrallah), secretario general del movimiento chií libanés Hezbolá (o Hezbollah; léase Partido de Dios.
Tiene 47 años, trae un turbante negro que lo identifica como descendiente del Profeta Mahoma;
Es considerado el único musulmán que ha derrotado a Israel en el campo de batalla; por eso se ha convertido en el nuevo icono del mundo árabe e islámico;
Es más algunos analistas han llegado a compararle con el egipcio Gamal Abdel Náser, uno de los héroes árabes contemporáneos; (Pero Nasser, era un musulmán seglar pío y respetuoso, mientras que Nasralá es fundamentalista)
Para la profesora Amal Saad-Ghorayeb, el líder religioso "ha superado la división entre suníes y chiíes, entre árabes y no árabes. (y) sin pretenderlo, los israelíes han agrandado su talla bastante más de lo previsible";
Para la mayoría de los libaneses, no es el líder de un grupo terrorista como pretenden Israel y EE UU, sino al contrario, sus continuas referencias a recuperar la dignidad arrebatada encuentran credibilidad en su propia trayectoria personal;
A diferencia de Bin Laden, con quien le compara Israel, Nasralá nunca ha predicado la yihad global; su objetivo siempre ha sido combatir la ocupación israelí de Líbano;
Además de respetado dirigente religioso, versado en la más alta teología islámica, es un astuto comandante militar;
¿
Y Hezbolá?
No es un partido político normal, es un movimiento islámico;
Para Florentino Portero es "un partido que al mismo tiempo es una organización terrorista, una milicia, un grupo multimedia, un sistema de asistencia…, que representa el programa islamista de los ayatolás y que se ha trasformado en una ONG capaz de actuar en cualquier parte del mundo;
Agrega que "su ejército privado, formado por la Fuerza al-Quds, la división internacional de la Guardia Revolucionaria iraní, es un ejemplo de adiestramiento, moral de combate y capacidad técnica;
No sólo es muy superior al ejército libanés, es que éste último está compuesto mayoritariamente por chiítas que difícilmente aceptarían luchar contra sus hermanos."
Para el profesor Fawaz A. Gerges, el Partido de Dios no se reduce a unas milicias; se trata de un movimiento social y político que goza de una gran base de apoyo en el seno de la comunidad libanesa chií, que representa alrededor del 35% de la población del país, cuatro millones de habitantes;
Además dispone de toda una infraestructura de servicios sociales -escuelas, clínicas, ambulatorios y puestos de trabajo- que mantiene a cientos de miles de chiíes pobres en el sur de Líbano, en el sur de Beirut y en el valle de la Beqaa;
Desde mediados de los años 80 se ha medido en el campo de batalla contra el poderío militar israelí;
En el 2000, obligó a Israel a retirarse bajo intenso fuego de una estrecha lengua de tierra en el sur de Líbano;
La pericia militar y organizativa de Hezboá deja pequeña la del palestino Hamas y de otros grupos radicales como Al Qaeda;
Señala el proefesor que sobre la la cuestión de la comparación entre Hezbolá y el IRA, Hezbolá guarda cierta similitud con el IRA en términos de estructura, organización y objetivos;
Agrega que si Israel logra matar a la generación actual de combatientes de Hezbolá, surgirá otra generación más radical y militarizada que la actual;
"El desafío planteado no estriba en derrotar militarmente a Hezbollá -tarea imposible-, sino en rodearlo desde dentro: alentar y fomentar las fuerzas progresistas en el seno de la comunidad chií, animadas de una perspectiva distinta, y ayudar a reforzar y consolidar las instituciones libanesas como alternativa a las redes sociales y paramilitares de Hezbolá"

Tambores de guerra


El asesinato de Imad Mugniyab (el de la foto) ocurrida el 12 de febrero - muy cerca de la sede de los servicios de inteligencia de Damasco- contribuyó a tensar aún más la situación entre Líbano e Israel
Este lunes 24 de marzo, Hasan Nasralá, líder de Hezbolá aprovechó la celebración del arbaín de Mugniyab -la celebración que marca el final de los 40 días de duelo tras la muerte de un musulmán- para prometer que vengará su muerte y aventurar que una eventual respuesta de Israel en forma de guerra "no será un picnic porque el 85% de los libaneses apoya los esfuerzos para derribar a la entidad sionista".
Durante un discurso de más de una hora retransmitido por satélite a los miles de seguidores congregados en el barrio chií de Hareth Hreik, en el sur de Beirut, en la misma carpa que alojó el funeral de Mugniyab, Nasrala auguró "nuevas derrotas" para Israel, a quien culpa del asesinato (...) y afirmó que la desaparición del estado sionista es una responsabilidad ineludible.
Agregó que "los israelíes deben saber que nuestra sangre no se derrama en vano en las calles. El que mató a nuestro líder debe ser castigado en el momento, lugar y con el medio que decidamos".
En tanto, Tel Aviv no ha admitido su responsabilidad en el atentado.
Nasralá es consciente del temor entre la población libanesa, especialmente la que habita en el sur, a que la venganza del Partido de Dios provoque otra guerra aún más destructiva que la que arrasó el país en 2006.
También Israel es consciente del riesgo existente, tanto que su ministro de Defensa, Ehud Barak, trató de tranquilizar a la población ante el final de los 40 días de luto afirmando que "los servicios de seguridad e inteligencia están preparados para hacer frente a las amenazas de ataques y atentados por parte de Hezbolá".
Mugniyah, responsable de operaciones del Partido de Dios en los últimos años y organizador de buena parte de los secuestros de extranjeros que marcaron, en los 80, la guerra libanesa, era considerado uno de los artífices de lo que Hezbolá considera su "victoria" contra Israel en la guerra de 2006 que costó la destrucción del Líbano. Aquel enfrentamiento de 33 días se cobró más de 1,200 vidas libanesas y 160 israelíes y no logró los objetivos marcados por Tel Aviv, según el informe Winograd
encargado a una comisión no independiente por el Ejecutivo israelí para depurar responsabilidades.
La derrota -según muchos observadores incluso israelíes - de Tel Aviv hace temer que sus dirigentes traten de resarcirse con otra guerra que, de producirse, resultará aún más mortífera para ambos bandos.
Según un informe 'secreto' filtrado al diario israelí 'Yediot Ahronot', una eventual guerra entre Israel y Hizbulá, Irán o Siria implicaría, del lado israelí, "centenares de muertos, miles de heridos, lanzamiento de misiles contra Tel Aviv, la parálisis total del aeropuerto, carreteras vitales bombardeadas, colapso del sistema de irrigación y largos cortes de electricidad".
¡La cosa no es tan fácil y la amenaza ser seria!
¿Quién era Mugniyab?
Tenía 46 años y era para EE UU e Israel, el terrorista más buscado del mundo junto con Bin Laden;
Calificado para algunos como el "Carlos libanés";
Pero, para los adeptos al Partido de Dios chií, fue su principal responsable de operaciones y el cerebro de algunas de las acciones más espectaculares de los años 80 y 90;
Nació en 1962 en la localidad libanesa de Tayr Diba, en el sur del país, aunque pronto se desplazó a Beirut, donde vivió la guerra civil, en la que habría participado activamente.;
En 1976 se integró en la Fuerza 17, cuerpo de élite del movimiento Al Fatah de Yaser Arafat, participando como francotirador en los combates contra las fuerzas cristianas;
Se le considera responsable de la Yihad Islámica, aparecida a principios de los 80 en el Líbano con apoyo iraní;
En 1982, tras la invasión israelí del Líbano, se sumó a los muchos líderes chiíes que respondieron al llamamiento del ayatolá Jomeini, desde Teherán, para formar un movimiento global basado en el fundamentalismo islámico;
En el libro En el sendero de Hezbolá de Ahmed Amin al Sayid se comenta que se reunió con responsables religiosos de diferentes organizaciones como Subhi al Tufaili y Abbas al Musawi del Partido Al Dawa, Hasan Nasrala, Naim Qasem, Mohamed Yazbak y Ibrahim Amin al Sayid, del partido Amal, y Abed al Hadi Hamadih por el Partido Comunista Libanés; el encuentro tuvo lugar en el valle de la Bekaa, actual feudo del Partido de Dios, en una reunión que alumbró la organización de resistencia libanesa tal como la conocemos y donde Mughniyah fue nombrado, según algunas fuentes, responsable de la Inteligencia.
El movimiento, emergido como una fusión entre la militancia islámica chií del Líbano y el padrino iraní, no tardó en actuar contra los tachados como enemigos del islam: EE UU, Israel y sus socios en el país de los Cedros.
Mugniyah estuvo implicado en muchos de los ataques más espectaculares de aquella década: EE UU le atribuye el atentado con bomba contra su Embajada en Beirut que se cobró 63 muertos en 1983, las bombas contra los barracones de los marines y de las fuerzas francesas, que costaron 241 y 58 vidas respectivamente, en 1983 y también le acusa del secuestro del vuelo de la TWA en 1985, en el que murió un norteamericano;
Además, se le vincula con numerosos secuestros de extranjeros reivindicados por Yihad Islámica que marcaron una época en la guerra civil libanesa;
"Es el terrorista más peligroso que nunca hemos encontrado", explicaba el agente de la CIA Bob Baer al periodista de la CBS Dan Rather en 2002. "Es probablemente el agente más inteligente, el más capacitado que nunca hemos encontrado, incluyendo al KGB y al resto. Entra por una puerta, sale por otra, cambia de coche a diario, nunca arregla encuentros por teléfono, nunca es predecible. Sólo usa gente relacionada con él en la que puede confiar. Nunca recluta gente. Es un maestro de terroristas, el grial que buscamos desde 1983";
Entre 1992 y 1993 se le atribuyen dos ataques masivos que tuvieron lugar en Argentina. Las autoridades de ese país, le acusan del atentado contra la Embajada israelí de 1992, que acabó con 29 vidas, y también del ataque contra la mutua judía AMIA en 1994, que mató a 86 personas;
Fuente: El Mundo y El País.

El PRD en "El Mundo "

LA PRENSA CALIFICA DE 'COCHINERO' EL PROCESO
La izquierda mexicana afronta su peor crisis tras las primarias en el PRD de López Obrador
López Obrador y su 'delfín', Encinas, apuestan por la protesta y la ingobernabilidad
Ortega, por su parte, defiende dialogar y buscar pactos con el Gobierno de Calderón
Publicada en El Mundo on line, actualizado lunes 24/03/2008 20:14 (
CET)
JACOBO G. GARCÍA, reportero.
MÉXICO DF.- Más de una semana después de las celebración de elecciones internas en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), continua sin haber resultados y el proceso se ha convertido en un "cochinero" —como lo califica la prensa— que ha puesto al borde de la ruptura a la principal formación opositora.
Lejos de mejorar su imagen, lo que pretendía ser un alarde democrático de la izquierda mexicana ha terminado en una rica exhibición de pucherazos, amenazas, quema de urnas y trampas durante las votaciones en el partido del ex candidato presidencial Andrés Manel López Obrador
, celebradas el domingo 16 de marzo.
Hasta el momento los dos aspirantes enfrentados por la presidencia del PRD, Alejandro Encinas y Jesús Ortega, se han declarado vencedores de unos comicios que siguen sin tener un ganador, a la espera de que se resuelvan las numerosas denuncias presentadas y que mantienen paralizado el recuento de votos.
Pero mientras se conoce el nombre del nuevo presidente del PRD, anunciado para el miércoles, durante toda la semana los aspirantes han intercambiado insultos y ataques a la yugular y han movilizado a sus simpatizantes, que aguardan junto a la sede en medio de una gran tensión.
Interrupción del escrutinio
Inicialmente, el árbitro de los comicios anticipó el triunfo de Encinas basándose en encuestas a pie de urna y en el recuento de una selección de mesas. Más tarde, cuando el escrutinio daba un empate técnico, el proceso fue interrumpido de forma sospechosamente abrupta y sin explicaciones. Una práctica que a muchos recordó el pucherazo de 1988, cuando el fraude orquestado por Carlos Salinas de Gortari apartó de la presidencia al entonces candidato del PRD, Cuauthémoc Cárdenas.
Con el 70% de las urnas computadas, Encinas aventajaba a Ortega por sólo 29 centésimas (42,62% frente a 42,33%). Posteriormente, con el 91% de las actas en mano, Ortega aseguró que aventaja a Encinas por 27.000 votos.
Uniéndose al clamor de gran parte del partido, el fundador y líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, pidió la anulación de los comicios y criticó la imagen que el PRD ha dado al país. "El proceso ha llegado a tal grado de desaseo y confrontación que exhibe lo extremo de su degradación. El partido, sucio y lastrado como se encuentra hoy por las violaciones a sus reglas internas y los vicios en las conductas de muchos de sus dirigentes y militantes, pierde su condición de instrumento de lucha por la soberanía de la nación y por la democracia", señaló.
López Obrador, en las calles
Pero más allá de las críticas, la importancia de estas elecciones radica en el rumbo que tomará a partir de ahora la principal formación de izquierdas del país, dividida entre el proyecto impulsado por López Obrador y Encinas, su 'delfín', que apuesta por la movilización social y la opción de la protesta y la ingobernabilidad para frenar las reformas del gobierno "espurio" de Felipe Calderón, o la que representa Ortega, dispuesto a dialogar y llegar a acuerdos con el Ejecutivo.
Sin ir más lejos y en medio de la grave crisis, López Obrador anunció para el martes la movilización de miles de simpatizantes que rodearán el Congreso y cortarán varias carreteras como medida de presión para impedir que el Gobierno presente una reforma energética. El candidato derrotado sigue sin reconocer a Calderón y recorre diariamente el país en una larga gira de mítines con una banda presidencial cruzándole el pecho.
Después de muchos meses denunciando pucherazo y una presidencia ilegítima tras la elección de Calderón en 2006, hasta los medios más cercanos siguen ruborizados por el tono y la gravedad de las acusaciones lanzadas en los últimos días entre las distintas familias del PRD. El columnista de 'Milenio' Ciro Gómez Leyva pidió el jueves desde las páginas del diario que "nunca más el PRD vuelva a denunciar un fraude electoral en contra. Por decoro. Por pudor. Por favor".
Trampas de todo tipo
El PRD, fundado por Cárdenas, hijo del histórico general, surgió como una escisión del entonces todopoderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI) para renovar desde la izquierda la política mexicana.
Desde el fraude electoral de 1988, el PRD ha ido escalando en votos y presencia hasta llegar a niveles históricos. Actualmente es la segunda fuerza parlamentaria tras el gobernante Partido Acción Nacional (PAN) de Calderón, ante quien López Obrador perdió en 2006 por un puñado de votos.
Para muchos analistas, sin embargo, las elecciones internas han sacado a la luz las peores artes aprendidas durante décadas en el PRI: asaltos de oficinas electorales, compra de votos, quema de urnas, hurto de actas pistola en mano, manipulación del padrón, robo de papeletas, urnas embarazadas —llenas de sufragios antes de votar—, urna carrusel —votar varias veces—, ratón loco —el votante no encuentra su nombre en las listas hasta que desiste por cansancio—, urna zapato —todos los votos para un candidato—, uso de recursos públicos...
Rozando lo absurdo, los equipos de campaña regalaban incluso a los votantes un ticket para canjear por alimentos o dinero en efectivo cada voto recibido.

El quid es: sí era ciudadano o miliciano

Se confirma. era "un ecuatoriano" el cadáver trasladado con 'Raúl Reyes' y que ha permaneció desde el 1 de marzo en el anfiteatro de Bogotá.
Se trata de Franklin Ponelia Molina, alias Lucho, quien junto a, Nubia Calderón Trujillo, alias Esperanza, ambos "miembros activos de las Farc", dice el gobierno colombiano.
Asegura el gobierno que el hombre y la mujer eran encargados de "facilitar el desplazamiento e identificación falsa de miembros de esta organización narcoterrorista, en territorio ecuatoriano; información esta que en su momento le fue suministrada mediante documentos fílmicos y testimoniales a las autoridades ecuatorianas".
Añadió que la labor de identificación se logró "en el desarrollo de la operación de inteligencia militar iniciada por integrantes del Ejército de Colombia, en coordinación con autoridades ecuatorianas, en territorio de dicho país y que dio como resultado final la captura de alias Simón Trinidad, miembro del denominado Estado mayor de las Farc, en el mes de enero de 2004".
Pero, la confirmación de la ciudadanía del hombre muerto en el ataque el 1 de marzo al campamento de las Farc en territorio ecuatoriano deja en tensión las relaciones entre Colombia y Ecuador. Ya el sábado por la noche, el presidente Rafael Correa, manifestó que si se confirmaba que se trataba de un ciudadano ecuatoriano, se podría agravar la crisis con Colombia. "No dejaremos ese asesinato en la impunidad", declaró.
En respuesta inmediata, la Casa de Nariño recordó que "el campamento de alias "Raúl Reyes" era un sitio de terroristas que actuaban contra el derecho a la seguridad del pueblo colombiano".
Sin embargo, tanto el presidente Rafael Correa, como el presidente Álvaro Uribe, expresaron este fin de semana su intención de acudir a la OEA para zanjar las nuevas diferencias surgidas por el ataque al campamento de las FARC.
Esta misma semana debe llegar a Bogotá la comisión que tiene como tarea "verificar" el cumplimiento de los acuerdos bilaterales, que incluye el restablecimiento de las relaciones dipplomáticas.
Ahora el quid del asunto es si el difunto es un civil o un guerrilero. Y ahí las cosas cambian. Incluso el caso podría irse a la Corte Internacional de Justicia.
Empero, el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos descartó que las relaciones con Ecuador se deterioren.
En una entrevista con la cadena radial Caracol, dijo categórico: cualquier persona que esté en un campamento de terroristas, toma un riesgo muy, muy alto porque es un objetivo militar legítimo..."
Pregunta: "¿Qué hace cualquier persona en un campamento de terroristas? -agrego- a esos campamentos insurgentes "no van de turismo, como alguna persona mencionó hace un par de días con el caso de las mexicanas que estaban de turismo, creo que la opinión pública es poco más inteligente como para tragarse ese cuento"...,
DE ULTIMO
El Presidente Hugo Chávez pidió al presidente Uribe que calle a los "voceros de la guerra" . "No queremos una nueva escalada de tensión entre nosotros, pero las declaraciones del ministro de Defensa (Juan Manuel Santos) tensan las relaciones con Colombia", dijo.
"El ministro de Defensa acaba de decir que Colombia ejerció contra Ecuador un ataque legítimo, y acaba de decir que volverían a hacer lo mismo (...) Desde aquí, presidente Uribe hago un llamado a la reflexión", dijo Chávez.
"Presidente Uribe póngame a buen recaudo a los voceros de la guerra como su ministro de defensa, es un vocero del imperio", agregó el mandatario venezolano durante la inauguración de un hospital en el estado petrolero de Zulia.
Fuente: El Mundo, El Nuevo Herald y AFP

La opinión de Denise Dresser

(Felipe) Mal montado/Denise Dresser
Publicado en Refoma, 24/03/2008;
Según un viejo político, es difícil liderear la embestida de una caballería cuando te ves ridículo sentado sobre el caballo. Y esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Felipe Calderón. Ha convocado a librar una gran batalla en nombre de la modernización de Pemex, pero está mal montado sobre el equino que la encabeza. Se ha sentado de lado cuando debería cabalgar de frente; ha aflojado las riendas cuando debería apretarlas; ha mantenido a Juan Camilo Mouriño en la silla a su lado, cuando desde hace tiempo debió haberlo bajado de ese lugar. Si la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad, hoy Calderón parece acorralado por la suya. Mientras Felipe deambula, Andrés Manuel cabalga (pero ¿a donde?) Mientras el ejército calderonista no sabe qué armas empuñar, la tropa lópezobradorista las usa sin misericordia. Si el Presidente no logra recuperar el trote, perderá la batalla y el país, la oportunidad de librarla en buena lid.
Ante el profesionalismo político demostrado por Felipe Calderón en el primer año, sorprende la magnitud de los errores cometidos en los últimos meses. Uno tras otro y cada vez más graves. Hablar de la reforma energética sin haber diseñado la estrategia política y mediática para lograr su aprobación. Proponer la elaboración de un diagnóstico con el cual comprar tiempo que sólo Andrés Manuel López Obrador utilizó en su favor. Negar la autoría de un "spot" sobre Pemex para poco después lanzarlo al aire. Defender incondicionalmente al secretario de Gobernación cuando la función dual que desempeñó despierta dudas sobre su afán modernizador. Permitir el surgimiento de un vacío sobre el contenido de la reforma que AMLO y su cruzada contra la supuesta privatización llenó. Calderón sonó la trompeta pero no se puso las botas, ni cogió el fuete, ni apretó los espuelas, ni se sentó de lleno en la silla.
Todos los presidentes exitosos tienen una característica en común: la disposición para confrontar la principal ansiedad de la gente de su tiempo. El petróleo es una de esas fuentes de ansiedad y Calderón lo ha encarado de manera equívoca. Evadiendo, postergando, obnubilando. Permitiendo que su principal contrincante determine los términos del debate público y para mal. Generando una crisis de confianza en el gobierno y su capacidad para transformar a Pemex sin beneficiar a los mismos de siempre. Ante el hoyo en el cual se ha metido, sólo le queda una opción: desmontarse del caballo, reconocer los errores en su conducción, remediarlos lo más pronto posible y volverse a subir. Algo similar a lo que hizo durante la campaña cuando le confesó a Joaquín López-Dóriga que las cosas no iban bien. Algo parecido a lo que acaba de hacer Barack Obama ante el giro inesperado y dañino que ha tomado su candidatura presidencial. Replantear o fracasar.
Presentar argumentos políticamente ambiciosos, intelectualmente sólidos, emocionalmente resonantes. Informar, educar, inspirar a la ciudadanía a pensar en Pemex y en el petróleo de otra manera. Usar el púlpito de la Presidencia para convencer a los escépticos, informar a los desinformados, trazar los pasos de la reforma que propone y su necesidad. Reconocer que cada bando tiene agravios acendrados pero de difícil comprensión para unos y para otros. Entender que no basta ir en busca del "tesoro"; también habrá que explicar cómo se repartirá, en manos de quién quedará, qué tipo de desarrollo fomentará, qué modelo de país financiará, qué clase de mexicanos construirá.
Pero esta labor indispensable de convencimiento público no puede partir de verdades a medias o de la simple denostación del adversario y sus motivos. No debe partir del paradigma estrecho que concibe a las alianzas estratégicas como una panacea para todos los males que aquejan a Pemex. No puede partir de una postura definida por la negociación con el PRI tras bambalinas y a espaldas de la sociedad. No debe estar enraizada en la perspectiva de quienes quieren extraer más petróleo pero no han explicado qué harán con los recursos renovados que generará. No puede suponer que cualquiera con preguntas legítimas sobre la forma de explotar o repartir la riqueza petrolera se opone a la modernización de México. Si el gobierno de Felipe Calderón quiere estimular un debate abierto, objetivo y sereno no debe promoverlo desde el maniqueísmo polarizador o la manipulación desilusionante con la que mimetiza a sus enemigos.
Calderón sólo logrará montar de mejor manera cuando comience a respetar la inteligencia de la ciudadanía que gobierna. Cuando logre delinear los dilemas de Pemex con candor, con valentía, con claridad. Y eso entrañaría cabalgar hacia donde todavía no existe un camino y comenzar a labrarlo: enfocando el debate no sólo en cómo extraer más petróleo, sino también en cómo usar de mejor manera la riqueza que produce. Centrando la atención no sólo en cómo extraer un recurso patrimonial, sino también en la forma de usarlo para el desarrollo. Llamando no sólo a ir tras el tesoro, sino también aclarando quién lo disfrutará.
Pero arribar a ese lugar de entendimiento compartido requerirá ciertos pasos imprescindibles. Y el primero sería anunciar que le ha pedido la renuncia a Juan Camilo Mouriño. Que Felipe Calderón va a ser el primer presidente de México en deslindarse de un amigo y colaborador cercano, responsable de un conflicto de interés. Que quiere acabar con el patrimonialismo en el gobierno y este caso es prueba del compromiso calderonista con su erradicación. Que la reforma energética no se hará a la medida de una élite rentista y la salida de Mouriño lo demuestra. Que ha escuchado a la ciudadanía y es sensible a sus reclamos. Que el gobierno es capaz de transformar una supuesta derrota política en una oportunidad para replantear el debate sobre un tema combustible.
Porque si todo esto no ocurre, la reforma energética será inviable. La transformación de Pemex serán inconseguible. El replanteamiento del papel que juega el petróleo en el desarrollo de México no tendrá lugar. Por más publicistas que contacte y más "spots" que disemine y más conductores de televisión que contrate, el equipo de Felipe Calderón no logrará su aprobación. O sólo la conseguirá en términos políticamente suicidas. O habrá diluido tanto su alcance que servirá de poco. O la obtendrá a costa de polarizar nuevamente al país en lugar de conducirlo. Si no se monta sobre el tema energético con el sombrero de la sinceridad en la mano, llegará cojeando al campo de batalla. Si el Presidente no puede inaugurar una conversación convincente y honesta sobre el petróleo, sin duda lo tumbarán del caballo en cuanto aparezca.

La opinión de Ricardo Raphael

Socialdemócrata…/Ricardo Raphael
Publicado en El Universal, 24 de marzo de 2008
Patricia Mercado Castro, candidata presidencial en el 2006, ha sido fatalmente expulsada de la dirección de su partido. En un eficaz intento por sacarla de Alternativa Socialdemócrata, la actual dirección de esa fuerza política no escatimó ánimo, esfuerzos, ni recursos.
El escritor español Javier Marías advirtió recientemente que en los combates políticos las reglas de la caballerosidad tienden a relajarse. En este caso particular ocurrió algo un poco más drástico; tales reglas desaparecieron.
Con la expulsión de Mercado y de los suyos de esta expresión partidaria poco o nada quedará de novedoso, opcional o diferente. La dirección encabezada por el señor Alberto Begné Guerra habrá logrado cambiarle por segunda vez el nombre a su partido: primero se le sustrajo el apellido “y Campesina” y ahora el término “Alternativa”. Conforme siga esta tendencia es de suponerse que pronto se estarán peleando en ese territorio los sociales contra los demócratas.
La vida dentro de los partidos es muy enredada. Y si éstos se dicen de izquierda —como bien se sabe en el PRD— las cosas suelen ser aún peores. Con todo, sirvan algunas piezas de este rompecabezas para ofrecer criterios de discernimiento.
Hace a penas un par de semanas el vicepresidente de esa fuerza política, Jorge Wheatley Fernández, envió una carta desesperada a los militantes socialdemócratas donde dejaba en claro que el proceso interno para la constitución de la nueva dirección había perdido el rumbo:
“El proceso hacia la Asamblea Nacional no se ha traducido en un esfuerzo por atraer … a ciudadanos auténticos y para construir, desde la base, órganos de ciudadanos libres. (Se) ha recurrido a fórmulas de la vieja política, precisamente lo que este partido se propuso combatir.”
Este funcionario hizo obviamente referencia al uso indiscriminado de recursos clientelares y de alianzas políticas —a la postre muy costosas— que se han utilizado, no sólo para apropiarse de la nueva dirección sino para eliminar al adversario.
Con algo de ingenuidad pero sobre todo con mucha desesperación, Wheatley concluyó su comunicado con lo siguiente: “Este esfuerzo es el producto de más de una década de lucha, organización y propuesta… Alternativa Socialdemócrata no le pertenece a nadie, a ningún grupo y a ninguna personalidad.”
El vicepresidente se engaña. A él personalmente le tocó escuchar cuando Begné advirtió a quien esto escribe que en su entendimiento de las cosas eran irrelevantes los esfuerzos emprendidos antes de Alternativa.
Lo dijo con toda transparencia y pulcritud. Sin engaños, pues: la tradición que comenzara con Democracia Social y que luego se continuara con México Posible no tendría cabida en Alternativa mientras él estuviera al frente del partido.
De esa identidad previa le estorbaban en particular dos cosas: lo que Begné llamaba, con tono de menosprecio, la agenda “pinky”, y la dificultad para sacar adelante su muy personal estrategia política de alianzas.
Por agenda pinky Begné agrupa los temas relativos al respeto de la diversidad social y a la lucha por la igualación de las libertades que se hubieran promovido, tanto en la contienda del 2000 como en la del 2003.
Mientras hacía mofa con el término, olvidó Begné la difícil batalla que antes suyo se hubiera librado para legislar en contra de la discriminación, y también menospreció las banderas de Alternativa que el diputado Jorge Calrlos Díaz Cuervo hondeó en el Distrito Federal con respecto a la despenalización del aborto y a las uniones de hecho.
Un segundo tema que hizo de la ex candidata presidencial un elemento incómodo para la política de la actual dirección partidaria fue el asunto de las alianzas electorales. De acuerdo con el grupo encabezado por Begné, nada tenía de contrario a los principios del partido, o al voto emitido por los electores de Alternativa en el 2006, adoptar una política de alianzas a conveniencia.
En su día se valoró como políticamente astuto, por ejemplo, que Alternativa acudiera a las elecciones locales de Veracruz con el PRI (y en asociación con el gobernador Fidel Herrera). No importó que esta sociedad no diera a Alternativa una sola curul en el Congreso del estado. La coalición propuesta se hizo, según denunció Mercado, a cambio de recibir un millón de pesos mensuales.
Lo verdaderamente censurable del hecho fue que, mediante triquiñuelas burocráticas, se excluyó intencional y explícitamente a la ex candidata presidencial y a un grupo de dirigentes, de la deliberación y votación referida. En este episodio Begné mostró sin ambages su talante demócrata y también su estilo personal para dialogar.
La actual dirección decidió hace mucho tiempo que los primeros fundadores de Alternativa eran prescindibles. No solo Patricia Mercado, sino otros varios que habían participado antes en ese esfuerzo. Al más viejo estilo se eliminó el disenso por la vía de la erradicación de las voces que lo portaban.
Contrario a lo que Wheatley deseaba hace un par de semanas, ese partido sí le pertenece a alguien, a un grupo, a quien con sus convicciones excluyentes no reviso uno sólo de sus escrúpulos personales a la hora de arrollar a Mercado. Aquella candidata que en el 2006, gracias al respeto público que despertó, lograra ratificar el registro para Alternativa.
Fin de una historia que, durante diez años, llevó a que se confeccionara una nueva opción partidaria para el país. Este bastión se ha convertido en otra cosa distinta a lo que originalmente quiso ser.
Begné logró su cometido. En la Asamblea Nacional a celebrarse el próximo fin de semana Patricia Mercado no asistirá como delegada. Habrá sido rudamente defenestrada. Se trata, por cierto, de la misma mujer que un día pidió a los socialdemócratas un voto de confianza a favor de Alberto Begné, para que este político mexicano presidiera su partido.
El dirigente ha hecho gala de su oficio para marginar y luego para aplastar a quienes pensaban distinto a él. Actitud que no tiene nada de notable —mucho menos de astuta— si de un lado se cuenta con los recursos públicos que el IFE entrega a la dirección y, del otro si se carece de esmero moral a la hora de aliarse con el diablo.
Es una lástima.

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