24 feb 2008

La opinión de Moisés Naím

¿Por qué Fidel enloquece a los yanquis?/MOISÉS NAÍM
Publicado en EL PAIS; 24/02/2008
¿Cuál fue el país del cual más hablaron Hillary Clinton y Barack Obama en su reciente debate televisado? Cuba. ¿Cuba? ¿Por qué dedicarle más atención a Cuba que a China?
Porque Cuba y Fidel Castro desquician a los políticos estadounidenses. Estados Unidos lleva más de medio siglo haciendo locuras cuando se trata de Cuba. De la invasión en bahía Cochinos a la contratación de la mafia para asesinar a Fidel, sobran los ejemplos de decisiones trastornadas. Pero ningún ejemplo mejor que el embargo que le ha dado al régimen cubano la excusa perfecta para justificar la bancarrota económica y la represión política. Además, el embargo también implica un doble rasero que desprestigia a Estados Unidos.
¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si desde hace 10 años Estados Unidos hubiese tratado a Cuba como trata a Vietnam? A pesar de la guerra y de que el actual Gobierno vietnamita es comunista, autoritario y represivo, Washington mantiene cálidas relaciones con Hanoi. Pero no con La Habana
¿Qué explica tanta y tan prolongada irracionalidad? Moscú y Miami.
Durante la guerra fría fue natural que Washington se obsesionara con una isla transformada en base soviética. Pero terminada la guerra fría, el lobby del exilio cubano ha logrado que Cuba tenga una desproporcionada importancia para los políticos estadounidenses. De John F. Kennedy a George W. Bush, tanto republicanos como demócratas le han evitado a Castro tener que enfrentar la amenaza que significa que Estados Unidos trate a Cuba como otra de las tantas tiranías con las cuales tiene relaciones diplomáticas normales.
Además, la obsesión fidelista ha impedido a los estadounidenses aplicar en Cuba una política basada en las lecciones aprendidas de las transiciones de otros países ex comunistas. La más obvia es que hay más países estancados en la transición que aquellos que progresan rápidamente en su evolución poscomunista.
Esto quiere decir que "el día después" del castrismo puede terminar siendo una noche muy larga. Otra importante lección es que cuanto más internacionalmente aislado ha estado un país comunista, más traumática será su transición.
Por lo tanto, en vez de aislar a Cuba lo lógico sería hacer lo posible por integrarla al mundo. También hemos aprendido que desmantelar un Estado comunista es más fácil que construir su reemplazo. Yugoslavia nos lo recuerda a diario. Y Rusia nos recuerda que los poderosos conglomerados empresariales que capturan al Gobierno pueden ser tan voraces y abusivos como el Partido Comunista cuando tenía el poder. Por ello, introducir una economía de mercado sin tener un Gobierno capaz de limitar los abusos del sector privado conduce a sociedades donde quienes tienen espíritu empresarial tienen más incentivos para emular a Al Capone que a Bill Gates.
Sabiendo todo esto es difícil pensar que lo que reemplazará al régimen castrista es el paraíso democrático y capitalista que los políticos estadounidenses le prometen a Miami. Más bien, las lecciones que nos ofrecen los países que han pasado por experiencias parecidas es que la Cuba poscastrista puede terminar pareciéndose más a Albania que a Bahamas. En vez de un masivo flujo de inversiones hacia Cuba, lo que puede tener lugar es un masivo flujo de emigrantes cubanos escapando de un caótico país donde el Gobierno ya no quiere o no puede retenerlos por la fuerza. Privatizar la economía será un proceso engorroso y complicado por las casi 6.000 multimillonarias demandas interpuestas en Estados Unidos por los dueños de propiedades expropiadas por la revolución. La isla se puede volver el epicentro del tráfico de drogas y la anarquía política puede hacer el país ingobernable.
Este horrible escenario no es ni inminente ni inevitable. Pero tampoco tiene por qué ser inevitable que la única alternativa sea más de lo mismo: un país donde la única forma de alcanzar una vida libre, digna y próspera sea emigrando. La transición es difícil pero no imposible. Y hay países que transitan con éxito su salida del comunismo. Pero para ello es necesario tener claro cuáles son las trabas que impiden el progreso. Por eso hay que levantar el bloqueo estadounidense. Esto no hará desaparecer los problemas de Cuba. Pero al menos aclarará cuáles son.
mnaim@elpais.es

Licitación dolosa en SSP

Licitación dolosa
Raúl Monge, reportero
Revista Proceso, No. 1634, 24/02/2008;
Para constituir el Sistema Único de Información Criminal o Plataforma México, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, que encabeza Genaro García Luna, le asignó un millonario contrato a la empresa Mainbit. De esa forma, la SSP dejó el manejo de información vital para la seguridad nacional en manos de una empresa que arrastra una cola de denuncias, multas e inhabilitaciones.
De manera poco transparente, sin el menor cuidado y con inusual rapidez, el 28 de diciembre pasado la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), encabezada por Genaro García Luna, le asignó a la empresa Mainbit S.A. de C.V., un contrato multianual de servicios informáticos por más de mil 300 millones de pesos.
De acuerdo con la licitación pública 00022001-017-07, la empresa se comprometió a establecer, en un plazo de cinco años, un Centro de Administración Tecnológica para “proveer a los usuarios de la dependencia y sus órganos desconcentrados de capacidad de cómputo y conectividad con altos niveles de servicio”.
El objetivo de la SSP es fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones que utilizan las instituciones de seguridad pública, mediante la interconexión de sus redes con el Sistema Único de Información Criminal (SUIC), también llamado Plataforma México. Con éste podrán uniformarse los métodos, compartir la información de inteligencia policial y crear una base de datos que puedan consultar autoridades de los tres niveles de gobierno.
El 8 y el 9 de enero pasados, el representante legal de la empresa Integradores de Tecnología, Enrique Miguel Samper Aguilar, y la de Arrendamientos y Servicio en Computación, Diana Hernández Almeida, interpusieron sendos recursos de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por considerar que la SSP favoreció “de manera dolosa” a Mainbit al otorgarle el contrato mencionado.
Los abogados señalaron, por ejemplo, que entre la publicación de la convocatoria y la emisión del fallo sólo transcurrieron 17 días hábiles. Esto, pese al cuidadoso análisis que exige el monto del contrato y lo delicado de los servicios en cuestión, que implican el manejo de información clasificada, reportes de inteligencia, investigación policial y el padrón de policías de todo el país, entre otras bases de datos de acceso restringido.
Pero lo más sospechoso para los inconformes es que el fallo se publicó tan sólo 48 horas después de que las cinco empresas participantes entregaron sus propuestas, que en conjunto sumaron más de 8 mil 41 hojas, las que tuvieron que estudiarse en ese corto lapso.
La convocatoria para el concurso se publicó el pasado 6 de diciembre; los días 11 y 12 del mismo mes se desahogaron las juntas de aclaraciones; el 24, las empresas presentaron sus ofertas, y el 28 la SSP emitió el fallo que favoreció a Mainbit, una de las cuatro compañías que en los últimos tres años acapararon casi 70% de las compras de equipo que se realizaron por licitación pública internacional.
En la queja que Samper y Hernández presentaron ante la SFP detallaron que Mainbit, fundada en 1990 por José Antonio Sánchez, arrastra varias demandas, descalificaciones, rescisiones e inhabilitaciones por incumplimiento de contratos con diversas dependencias del sector público.
Entre otros casos refirieron que en marzo de 2006 la SFP inhabilitó y multó a Mainbit por no cumplir un contrato firmado con el Instituto Mexicano del Seguro Social para el mantenimiento de equipos de cómputo. En 2007, agregaron, la empresa participó en una licitación convocada por la delegación Gustavo A. Madero del Gobierno del Distrito Federal para la compra de computadoras, pero fue descalificada por no presentar los “documentos legales correspondientes”.
Sin embargo, el mayor escándalo en que se ha involucrado Mainbit ocurrió durante el último tramo del sexenio anterior, con Enciclomedia, el programa educativo más ambicioso (por su uso político) de la presidencia de Vicente Fox.
Éxitos amañados
Empresas como Qualita, Intel y Foliservis –que participaron en la licitación para proveer de servicios informáticos a Enciclomedia, programa que en muchas escuelas nunca funcionó (Proceso 1628)– denunciaron en su momento los criterios injustos de descalificación, el favoritismo y el uso irregular de información confidencial que mancharon la asignación de los contratos.
En noviembre de 2007 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados dio a conocer el resumen ejecutivo de la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2005, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En este documento se registró una serie de irregularidades en la planeación y aplicación del programa Enciclomedia, en perjuicio del erario, puesto que las empresas ganadoras de la licitación para la primera fase del programa –Mainbit, Tecnología Editorial, Tecno Programadores Humanos Especializados y Corporativo Lanix– presuntamente incurrieron en tráfico de influencias y actos de “colusión” al ajustar sus precios en 10% para beneficiarse entre ellas y obtener los contratos de manera diferenciada.
En el caso de Mainbit, las autoridades fiscalizadoras encontraron que dicha empresa había devengado casi mil millones de pesos hasta diciembre del año pasado por la habilitación de 23 mil 709 aulas. Ello, a pesar de que los equipos instalados –compuesto cada uno por una computadora personal, proyector, pizarrón interactivo, fuente de poder, impresora y mesa para computadora– no estaban en operación.
A raíz de las investigaciones de las autoridades federales sobre el caso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) le rescindió a Mainbit el contrato de Enciclomedia para secundaria y le impuso una multa simbólica (de poco más de 60 mil pesos) por violar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Además, a partir de una queja de la empresa Innovación Millenium, el jueves 21 la SFP decretó “la nulidad total” de la licitación pública internacional 0001 1001-061/07 que realizó la SEP para adquirir computadoras para preparatorias. Una de las dos empresas favorecidas y que ahora deberá reponer 31 millones 523 mil pesos, Sistemas Digitales Jasy (representada por José Alberto Santos), es una filial de Mainbit.
Sin embargo, la SSP pasó por alto los oscuros antecedentes de Mainbit y puso en sus manos el armado del sistema de interconexión que enlazará todas las redes de las dependencias relacionadas con la seguridad pública.
De hecho, un día después de que la SFP anulara el contrato de Sistemas Digitales Jasy, la SSP emitió un boletín en el que se anuncia un acuerdo para “constituir a las secretarías de Seguridad Pública estatales como nodos de conexión primarios en cada entidad federativa a la Plataforma México”.
Esto, agrega la SPP, “permitirá garantizar la coordinación necesaria entre los tres niveles de gobierno para combatir a la delincuencia, con mayor alcance tecnológico y de manera más eficiente”.
De esta manera se integrará una base de datos con alrededor de 300 millones de registros, así como archivos e investigaciones claves para la seguridad nacional.
El representante legal de la empresa Integradores de Tecnología, Enrique Miguel Samper, acusó al secretario García Luna de actuar “de manera dolosa” durante todo el proceso de licitación.
En el recurso de inconformidad que el abogado presentó en la SFP, cuya copia obtuvo el reportero, se denuncia que la SSP no sólo efectuó el concurso con una celeridad inusual, sino que durante las juntas de aclaraciones modificó las bases de licitación para beneficiar a Mainbit.
Cabe señalar que la queja de Innovación Millenium que originó la nulidad de la licitación realizada por la SEP con Sistemas Digitales Jasy y Distek, señala que la SEP modificó la convocatoria para cambiar la fecha establecida en la junta de aclaraciones para abrir las propuestas.
En cuanto a la licitación de la SSP, Samper detalla que en las reglas iniciales la dependencia exigió que las compañías aspirantes presentaran la certificación Microsoft Partner Advantage, que sólo unas cuantas poseen. Mainbit no cumplió con este requisito, por lo que debió ser descalificada.
En la queja se añade que Mainbit no aparece en la lista de empresas certificadas por Microsoft y, en consecuencia, “carece de la capacidad técnica y operativa para ofrecer a la Secretaría de Seguridad Pública los servicios informáticos que requiere”.
Samper Aguilar considera en el documento que la SSP evaluó parcialmente las propuestas y que el dictamen en que fundamentó el fallo carece de “verdaderas y objetivas razones para admitir o desechar las propuestas”.
También la empresa Arrendamientos y Servicio en Computación señaló, en su recurso de inconformidad, que la SSP fue parcial en la licitación número 00022001-017-07.
La representante de esta compañía, Diana Hernández, denunció que la secretaría estableció requisitos que muy pocas empresas podían cumplir, modificó sobre la marcha las bases de licitación y realizó con gran celeridad –y seguramente con poco cuidado– el análisis de miles de documentos de las propuestas legales, administrativas y técnicas.
Hernández asegura que la SSP introdujo cambios confusos y parciales en las reglas, que “restaron transparencia, imparcialidad y claridad al procedimiento de licitación”. Por todas estas razones, solicitó a la SFP que revise en su totalidad el proceso de licitación, pues no hacerlo “tendría un costo muy alto para el gobierno federal”.
En su queja, enviada al director general de Inconformidades de la SFP, César Alejandro Chávez Flores, la abogada plantea que “es importante recordar que el programa sectorial de Seguridad Pública exige que todas las adquisiciones e inversiones en general se lleven a cabo con la mayor diligencia, siguiendo precisamente las instrucciones del presidente Felipe Calderón”.
La SFP tiene 40 días hábiles para resolver si ratifica o modifica la asignación del millonario contrato a Mainbit.

Tal como se esperaba


"Asumo la responsabilidad que se me encomienda con la convicción ... de que el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana es uno solo: Fidel es Fidel", han sido las primeras palabras de Raúl Castro, en un discurso ante la Asamblea Nacional tras ser electo jefe del Estado cubano.
Vestido de traje oscuro y corbata gris, de hecho único militar presente en el acto que no usaba uniforme, dijo "Fidel es insustituible y el pueblo continuará su obra cuando no esté físicamente, porque siempre lo estarán sus ideas".
Raúl Castro Ruz -quién ha prometido "asegurar la continuidad de la revolución- presidirá el Consejo de Estado, la máxima autoridad de la isla, durante los próximos cinco años. Sin embargo, pidió (y obtuvo) permiso de la Cámara para que "las decisiones trascendentales para el futuro del Estado, como la defensa, la política exterior y el desarrollo socioeconómico" fuesen consultadas con su hermano, el histórico dirigente cubano: el camarada Fidel.
¡a cámara contestó a la petición con una interminable ovación!
Subrayó que "sólo el Partido Comunista, garantía segura de la unidad de la nación cubana, puede ser digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en su líder", y agregó que "Fidel está ahí, como siempre".
Como primer vicepresidente ha sido elegido al DR. José Ramón Machado Ventura, miembro del buró político del Partido Comunista desde su constitución y diputado de la Asamblea Nacional y miembro del Consejo de Estado desde su primera legislatura en 1976.
Serán vicepresidentes del Consejo de Estado Carlos Lage, Juan Almeida, Esteban Lazo, Abelardo Colomé Ibarra y Julio Casas Regueiro, todos ya dirigentes conocidos del régimen, y el secretario será José Miyar Barruecos.
Ricardo Alarcón, de 71 años, ha renovado también su mandato como presidente de la Asamblea para un nuevo periodo de cinco años. Ha sido reelegido igualmente el vicepresidente del Parlamento, Jaime Crombet, de 66 años, que ha tenido esa función en las tres anteriores legislaturas. (El Consejo completo abajo).
Asistieron a la sesión de la Asamblea 597 de los 614 diputados elegidos el pasado 20 de enero, obviamente no asistió Fidel, por custiones de salud.
De hecho, al principio de la sesión, los diputados José Miguel Miyar Barruecos y Carlos Valenciaga designados para recoger el voto de Fidel Castro, y llevarlo a la sesión de la Asamblea Nacional. Ambos legisladores visitaron "al compañero Fidel, para validar su certificado de elección como diputado, tomar su juramento y trasladar la boletas correspondientes para que ejerza su derecho al voto", explicó la presidenta de la Comisión Electoral, María Esther Reus.
El líder cubano manifestó su deseo de que en la Asamblea hubiese un "voto unido" -por todos los candidatos-.
Cuando Reus inició la sesión a las 10.00, hora local, al pasar lista a los diputados citó en primer lugar a Fidel Castro, y toda la sala se puso en pie y le tributó una ovación.
Anuncia las primeras medidas de su Gobierno
Reestructurará la Administración y ha anticipado que se producirá una reducción de los organismos del Estado para "hacer más eficiente la gestión" del Gobierno.
"Hoy se requiere una estructura más compacta y funcional, con menor número de organismos de la Administración Central del Estado y una mejor distribución de las funciones que cumple",
indicó.
Asimismo, aseguró que Cuba estudia una posible revalorización del peso, la moneda oficial del país: "estamos estudiano las ideas de Fidel acerca de una revaluación progresiva, gradul y prudente del peso cubano..."
Durante los últimos meses, Raúl Castro ha estado insistiendo en la necesidad de hacer reformas estructurales, aunque sin abandonar el régimen socialista, y se declarío crítico con el "exceso de prohibiciones" que hay en la isla.
Chávez: apludió el nombramiento
Hugo Chávez, se ha felicitado por la elección de Raúl como nuevo presidente de Cuba y aplaudió, puesto en pie, el nombramiento.
Chavez hizo un paréntesis en el programa ¡Aló Presidente! para anunciar que "nuestro gran amigo y camarada Raúl Castro ha sido elegido presidente del Consejo de Estado de Cuba. Vamos a darle un aplauso al camarada y compañero Raúl".
Añadió que el nuevo presidente cubano ha sido "compañero inseparable de Fidel desde la sierra Maestra, el Moncada y la revolución triunfante".
"Siempre ha estado Raúl allí. Siempre callado, prácticamente invisible pero trabajando como el que más, fiel a la revolución, al pueblo cubano y a su hermano mayor Fidel Castro", añadió Chávez.
Añadió que la nueva situación no significa la desaparición de Fidel porque "tú sigues siendo el comandante, Fidel". ¡Viva Fidel, viva Raúl y viva Cuba! Un aplauso, todos de pie, a Raúl, el nuevo presidente del Consejo de Estado, presidente de la hermana república de Cuba!, expresó Chávez.
El nuevo Consejo de Estado de Cuba
Presidente: Raúl Castro Ruz, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista (PCC)
Primer Vicepresidente: José Ramón Machado Ventura, miembro del Buró Político y el Secretariado
Vicepresidentes:
Juan Almeida Bosque, Comandante de la Revolución
Gen. Abelardo Colomé Ibarra, ministro del Interior
Gen. Julio Casas Reguero, viceministro primero de las Fuerzas Armadas
Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político
Carlos Lage Dávila, secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros
Secretario: José Miyar Barruecos, jefe de las oficinas de la Presidencia
Restantes miembros:
José Ramón Balaguer Cabrera, ministro de Salud Pública
Ramiro Valdés Menéndez, Comandante de la Revolución y ministro de Informática
Pedro Sáez Montejo, primer secretario del PCC en Ciudad de La Habana
Luis Herrera Martínez, director del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
Iris Betancourt Téllez, veterinaria, delegada territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
Roberto Fernández Retamar, escritor, presidente de la Casa de las Américas
Francisco Soberón Valdés, ministro presidente del Banco Central de Cuba
Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores
Carlos Valenciaga Díaz, asistente personal de Fidel Castro
Orlando Lugo Fonte, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
Yolanda Ferrer Gómez, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)
Salvador Valdés Mesa, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)
Juan José Rabilero Fonseca, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR)
Julio Martínez Ramírez, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)
María del Carmen Concepción González, lienciada en Historia, miembro del Secretariado del PCC
Tania León Silveira, presidenta de la Asamblea municipal en Colón, Matanzas
Regla Dayamí Armenteros Mesa, economista del hotel Los Caneyes de Santa Clara y miembro del comité provincial del PCC en Villaclara.
Inés María Chapman Waugh, delegada del Instituto de Recursos Hidráulicos en el municipio Frank País, Holguín
Dignora Montano Perdomo, vicerrectora del Instituto Pedagógico de Sancti Spíritus
Surina Acosta Brook, secretaria provincial de la FMC en Santiago de Cuba
Guillermo García Frías, Comandante de la Revolución
Gen. Leopoldo Cintra Frías, jefe del Ejército Occidental
Gen. Alvaro López Miera, viceministro de las FAR y jefe del Estado Mayor General
Agencias.

La batalla de Torréon, Coahuila

La batalla de Torreón
Arturo Rodríguez García, reportero.
Publicado en Proceso, No. 1634, 24/02/2008;
El dominio sobre la Comarca Lagunera es disputado por los cárteles del Golfo, de Sinaloa y de Juárez, en una guerra que no sólo aprovecha la división territorial entre Coahuila y Durango, sino también la falta de coordinación entre los tres niveles de la autoridad civil y, además, el Ejército. La balacera del martes 19 de febrero en plena ciudad de Torreón –con saldo de muertos y heridos– incrementó la sicosis de la población, pero lo peor es que los cuerpos armados oficiales ofrecieron versiones contradictorias entre sí y, en varios aspectos, divergentes de las historias referidas a Proceso por los vecinos de una zona que vivió más de dos horas continuas de balazos y explosiones…
TORREÓN, COAH.- La Comarca Lagunera vive una crisis de seguridad: En lo que va del año se han cometido 23 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, y mientras los cárteles del Golfo, de Sinaloa y de Juárez pelean por lograr la hegemonía, los cuerpos policiacos y el Ejército exhiben falta de coordinación.
Tras el enfrentamiento entre militares y presuntos pistoleros de Los Zetas en esta ciudad, la madrugada del martes 19 de febrero, la incomunicación entre los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno y el Ejército se tradujo en diferentes y hasta contradictorias versiones de los hechos.
Poco después de las 3:00 horas de ese día, comenzó un intenso tiroteo y se detonaron granadas en torno de la avenida Cipreses número 128, esquina con Mimbres, en las inmediaciones de las colonias Lucio Blanco y Jardines de California, una zona muy populosa de Torreón donde se ubican varias escuelas e industrias. La balacera terminó alrededor de las 5:20.
Horas después de la batalla, durante los festejos del Día del Ejército, el comandante de la XI Región Militar –que abarca áreas de Coahuila, Durango y Chihuahua–, Jorge Juárez Loera, comunicaba a los reporteros tres versiones distintas del hecho:
–Primero dijo que los militares habían detenido a un menor de edad que los condujo al sitio donde un grupo de hombres armados tenía una reunión.
–Después, que el enfrentamiento se inició por labores de inteligencia que desde hacía tiempo habían ubicado ese domicilio.
–Finalmente, que una llamada anónima denunció una concentración de hombres armados, de manera que, al llegar los soldados, éstos fueron atacados.
Juárez Loera afirmó que el saldo de la refriega, que según él duró 45 minutos, fue de tres muertos, dos heridos y dos detenidos. Cuestionado sobre la filiación de los sicarios, respondió: “ellos dijeron que son Zetas, vamos a creerles”.
A la misma hora, en la sesión solemne del Congreso local en honor del Ejército, el secretario de Gobierno, Homero Ramos Gloria, aseguraba que los muertos fueron dos y los detenidos cinco. La misma versión ofreció el alcalde de Torreón, José Ángel Pérez Hernández.
El general Juárez manifestó que hubo más de 500 cartuchos percutidos y tres vehículos asegurados, y que sólo se recogieron las armas utilizadas por los agresores –no especificó su número– y cuatro granadas, una de las cuales fue activada aunque no explotó, por lo que un equipo especial del Ejército se la llevó horas más tarde.
Finalmente, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJC) informó que en la confrontación murieron Carlos F. Escamilla y otra persona identificada como Samites. Los detenidos fueron Gerardo Rangel Villa, Jesús Cristo Saucedo Uribe, Benjamín Reyes García, Óscar Manuel Rivadeneira Mendoza y Aurelio Espinoza Martínez.
Medios y testigos
Por su parte, el periódico El Siglo de Torreón publicó el 20 de febrero que la balacera comenzó cuando los militares siguieron un automóvil Neón que les pareció sospechoso, hasta llegar al domicilio donde se produjo la refriega. Esa misma versión –sin citar la fuente– se presentó en la mayoría de los medios de comunicación.
Pero vecinos del sitio, entrevistados por este corresponsal, refirieron otra historia, con la que coincidieron mandos policiacos que pidieron no ser identificados:
La vivienda de la calle Cipreses tenía apenas cinco días ocupada y anteriormente estaba rentada a personal de la siderúrgica Met Mex Peñoles, que tiene instalaciones a dos cuadras del lugar.
Poco después de las 2:00 horas del día 19, una patrulla de la Policía Municipal llegó al domicilio, sus ocupantes conversaron con los inquilinos y se fueron. Cerca de las 3:00 horas, una camioneta blanca tipo Suburban arribó al sitio. En su interior se escuchaba una acalorada discusión. Unos 40 minutos después salieron,y desde la propia Suburban iniciaron el tiroteo.
Alrededor de las 4:00 horas arribaron –en operativo conjunto– aproximadamente 130 elementos, entre policías federales y soldados. Por las calles se escuchaban disparos, gritos, recarga de armas y carreras de personas.
Durante la confrontación, fue cortado el suministro de electricidad, pero no se supo si lo hicieron miembros del Ejército o los sicarios.
Uno de los vecinos aseguró al reportero que los balazos duraron de las 3:20 a las 5:32. “Esa fue la hora en que se oyó el último disparo. No crea que espaciados, las ráfagas eran continuas, más tupido que en Año Nuevo”.
Otro de los vecinos confirma: sólo momentáneamente, en medio de los gritos, cesaban los balazos y los militares invitaban:
–¡Ya entrégate, hijo de la chingada, bájate de allí…!
–¡Vengan por mí, cabrones! ¡Arriba Nuevo Laredo, Tamaulipas! ¡Puro Zeta! –y las ráfagas se reiniciaban.
“Uno de los chavos andaba en las azoteas y los traía al puro pedo. Era el que más gritaba… jovencito de a tiro. Dicen que lo agarraron allá por la Secundaria 2.”
Nadie conocía a los habitantes de la casa marcada con el número 128 de la avenida Cipreses.
Eso sí, la noche de la balacera un carro se estacionó en la siguiente esquina. Afuera de la casa tenían una camioneta y adentro otra, comentan. Se refieren al Neón rojo, una pick-up y una Infinity, vehículos que fueron asegurados.
Las clases se suspendieron en el Jardín de Niños Lucio Blanco, ubicado a un lado de la casa de seguridad; también en la Secundaria Federico Berrueto Ramón, que está a una cuadra, y en el Instituto Tecnológico de La Laguna.
Aunque el general Juárez Loera sostiene que no hubo caídos por la parte militar, uno de los diálogos con los vecinos, en una acera que no está acordonada, señala algo diferente:
–Ahí donde está usted parado, cayó un soldado –dice el testigo, mientras señala una mancha de sangre de casi dos metros de largo.
Otros habitantes de la zona recuerdan e intercambian sus impresiones:
“En esa ventana quedó colgado uno de los muertos”... “en la banqueta cayó el otro”... “de esa cochera sacaron un cuerpo”...
Y las consecuencias: “a la maestra de la casa amarilla le bajó la presión”… “a los que viven donde está esa estética, los sacaron en medio de la bronca”.
–¿Oíste los bombazos? Yo creo que traían bazucas –dice uno de los niños que ese día no asistió a la escuela.
Acomodadas en mecedoras, varias mujeres del área aseguran que escucharon cuatro explosiones. Una de ellas apunta hacia la casa de Los Zetas, donde se observa un agujero rodeado por una mancha negra.
Toda una cuadra en torno del tiroteo permanece acordonada la tarde del 19 de febrero, y sólo unos cuantos policías municipales matan el tiempo jugando con el R-15 que apunta hacia arriba, hacia abajo, hacia ningún lado, mientras sus portadores ríen distraídos, cortan cartucho, se pavonean...
Confusiones fronterizas
La Laguna comenzó el presente año con una ejecución cada tercer día. A la fecha, en la zona se contabilizan 23 ejecuciones, y ha habido un número indeterminado de “levantones” y desapariciones.
Aunque en la segunda semana de enero el registro de crímenes se detuvo, la situación es muy delicada, según el procurador de Justicia de Coahuila, Jesús Torres Charles.
“Resulta evidente –manifiesta– que es un lucha de fuerzas entre delincuentes que se están disputando la hegemonía en la plaza de La Laguna, que están realizando sus acciones y agrediéndose mutuamente para tratar de eliminarse unos a otros.”
Más de la mitad de los cuerpos de los ejecutados este año han sido localizados en el lecho seco del río Nazas, frontera de Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango, considerado también frontera entre los cárteles del Golfo y del Pacífico, por lo que las procuradurías de ambos estados han tenido dificultades para determinar a cuál de ellas corresponde la investigación de varios homicidios.
“Creo que por sentido común el delincuente analiza la situación geográfica-territorial de La Laguna para desplegar esa conducta. Por lógica, sienten algo de seguridad al ejecutar a una persona en un estado y arrojar el cuerpo en otro, para moverse o tener parcialmente libertad”, advierte el subprocurador de La Laguna de Durango, Arturo Sánchez, y explica que, al entrar en un problema de competencia, hay una pérdida de tiempo que, sostiene, es el peor enemigo de la averiguación.
Datos recabados por la PGJ de Coahuila establecen que el conflicto se da principalmente entre el grupo de Los Zetas, encabezado operativamente por un personaje identificado como El Gidi, y dos operadores del narcomenudeo del cártel de Juárez, conocidos como El Dany y El Suave.
De acuerdo con una investigación de inteligencia, integrada por cuerpos locales y federales, El Gidi fue policía municipal de Torreón hasta el año 2000. A él y a un exmadrina de nombre Rafael Parra Reveles se les atribuye haber fungido como introductores de Los Zetas a Torreón. Con El Gidi, infiltraron la policía municipal, mientras que con Parra alinearon a los narcomenudistas que operaban con el cártel de Juárez.
La red de Los Zetas empezó a descubrirse a partir del secuestro del abogado Alfonso Segura Fong, el 26 de junio de 2007, en la etapa final de la lucha más violenta de los cárteles por el control de Torreón. Al entregarlo, Guilbert Quiroga Torres fue detenido cuando pretendía recoger el rescate de 1 millón 300 mil pesos, el 2 de julio del mismo año.
Horas antes, Arturo Silva Soto y Fernando García Rosales fueron detenidos mientras seguían un convoy del operativo conjunto de agentes federales y estatales. Se abrió así la averiguación previa 40/2007 en el fuero común. Resultaron ser miembros del grupo de Los Zetas, donde trabajaban como “Halcones”, en tanto que Quiroga Torres admitió haber participado en varios secuestros de empresarios y de un comandante.
Días después ocurrieron diversas detenciones, entre las que destacó la de Mario Parra Reveles, hermano de Rafael y activista de Torreón, quien estuvo al frente del secuestro. Con ellos se logró el aseguramiento de tres propiedades y al menos ocho vehículos. Una de las casas de seguridad, en la calle Paseo de los Calvos, presentó numerosas manchas de sangre a la luz del luminol, y fue ahí donde se encontraron los zapatos del comandante Enrique Ruiz Arévalo, desaparecido el 16 de mayo de 2007. Rafael Parra, alias El Chaparro, desapareció luego de las detenciones, y el control operativo de Los Zetas quedó en manos de El Gidi.
Esa investigación se encuentra actualmente en manos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Además de la confrontación entre las bandas de narcomenudistas, con las que se relacionan las ejecuciones de 2008, existen bandas que falsamente dicen pertenecer a Los Zetas y que también realizan extorsiones y “levantones”.
Una de esas bandas era encabezada por Mario Fortunato Parra Moreno, de 21 años de edad, sobrino de los Parra Reveles, quien aparentemente aprovechaba las borracheras de su tío Rafael para tomar su R-15 y salir con sus amigos a extorsionar empresarios.
El operativo conjunto
Para el subprocurador de La Laguna de Durango, Arturo Sánchez, los habitantes de la región viven en la zozobra debido a que las políticas de prevención del delito no funcionan y las áreas de procuración de justicia no dan respuesta.
No sólo eso. En lo que va de 2008, además de las ejecuciones y “levantones”, se han emitido siete amenazas de bomba en Gómez Palacio, Durango, que han provocado sicosis en la población.
A partir de mayo de 2007, la presencia de militares y policías federales se incrementó, pero eso no remedió los problemas de seguridad ni detuvo la operación de los grupos de delincuentes organizados.
Ejemplifica: “Un ciudadano viene y denuncia un robo; la prevención no funciona y aquí no tenemos la capacidad de darle respuesta; lo vuelven a robar y el ataque ya no sólo es contra su patrimonio, sino contra su seguridad, porque el acceso a su vivienda implica que un robo derive en lesiones, homicidio, violación”.
Actualmente, La Laguna de Durango investiga cuatro homicidios de delincuencia organizada caracterizados por que los domicilios y las actividades relacionados con ellos corresponden al estado de Coahuila.
En la admisión de limitaciones, Arturo Sánchez sostiene que el problema no sólo es de competencia territorial, sino de competencia legal, pues por sensibilidad de
coordinación la PGR debería atraer los casos con indicios de que son producto de la delincuencia organizada, pero eso no sucede.
Aunque haya elementos de planeación, con logística y armas de grueso calibre, la PGR les exige remitir los expedientes sólo cuando se hallen integrados y se demuestre la competencia federal. Peor aún, esa dependencia ni siquiera participa en los operativos conjuntos con federales donde los agentes del Ministerio Público del fuero común terminan dando fe y poniendo a disposición de la PGR a quienes detienen con armas o droga.
“A esto se agregan –remata Arturo Sánchez– los homicidios dolosos, los ejecutados, decapitados, embolsados, que vienen ocurriendo desde mayo pasado, por lo cual la población está sensible, asustada, agraviada, decepcionada e impotente...”

El cártel de Juárez


El cártel de Juárez, “más fuerte que nunca”
J. Jesús Esquivel, reportero
Revista Proceso, 1634, 24/02/2008;
El presidente Felipe Calderón se ufana frívolamente de su lucha contra el narcotráfico, al grado de compararla con un partido de futbol en el que su gobierno le está metiendo “muchos goles” a los cárteles de la droga. Pero no todos son tan optimistas. La agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, tiene una opinión distinta… John Riley, jefe de la división de esta agencia en El Paso, Texas, asegura que el cártel de Juárez –sólo un ejemplo– se encuentra “más sólido y fuerte que nunca”.
CIUDAD JUÁREZ-EL PASO.-
“Ciudad Juárez está en guerra”, afirma John Riley, agente especial a cargo de la división de la agencia federal antidrogas del gobierno de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en El Paso, Texas.
En lo que va del año, medio centenar de personas han sido ejecutadas en la ciudad fronteriza mexicana por sicarios de los cárteles de Juárez y de Sinaloa, incluidos 26 policías municipales, según informaciones de medios de comunicación de Ciudad Juárez y de El Paso.
Riley, conocido como Jack, asegura que estos dos poderosos cárteles del narcotráfico en México, el de Juárez, encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, y el de Sinaloa, comandado por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, están confrontados “por la plaza”, lo que explica que haya “tanta ejecución y secuestros de policías municipales y estatales”.
Respecto del cártel de Juárez, Riley advierte: “Está más fuerte que nunca...”.
Narcoviolencia en Texas
Juárez, contigua a El Paso, parece una ciudad sin ley. Militarizada y amenazada día tras día por los narcotraficantes, nadie en el gobierno del estado se atreve a explicar las razones de la creciente narcoviolencia registrada ahí en las últimas semanas.
“Eso es lo raro”, comenta Jack a Proceso durante una entrevista realizada en sus oficinas centrales en El Paso, ubicadas en la zona comercial más conocida de esa ciudad texana. “Lo que estamos viendo es una lucha muy extraña entre las organizaciones”.
Explica: “Es extraña porque está ocurriendo a todos los niveles y no necesariamente es orquestada por los jefes de los cárteles; es decir, creemos que la lucha es diaria, pero en las calles; la contienda es por el control de este corredor”.
Jack, encargado de la vigilancia en 45% de la frontera que comparten Estados Unidos y México, señala que esta narcoguerra se intensificó a partir del pasado 16 de enero, cuando fue arrestado Saulo Reyes Gamboa, quien fue director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez durante el trienio 2004-2007. Los agentes de la Oficina de Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que lo arrestaron lo acusan de haber sobornado a un agente aduanero de Estados Unidos para que permitiera el cruce de varios cargamentos de mariguana a ese país.
Cuando fue detenido, a Reyes Gamboa se le decomisaron 447 kilogramos de mariguana que tenía escondidos en una casa en la ciudad de Horizon propiedad de Karina Tarango, quien también fue detenida por agentes de la ICE.
Al día siguiente del arresto, en el centro de Ciudad Juárez fueron localizados los cadáveres de dos policías municipales. Ambos fueron ejecutados a tiros con armas de alto calibre. Y el 21 de enero Francisco Ledesma Salazar, director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, fue asesinado a balazos cuando salía de su casa.
El 24 de enero, en la esquina de Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar, el teniente de la Policía Municipal Julián Chairez Hernández fue encontrado dentro de su patrulla con el tiro de gracia. Siete horas más tarde, en el interior de una casa ubicada en las calles Monte Rainer y Monte Colón fue hallado el cuerpo desnudo de Mirna Yesenia Muñoz Ledo Marín, quien murió a causa de las heridas provocadas por un arma punzocortante.
Pocos minutos después, en la esquina que forman las calles Cutzamala y Marcos Martínez, el coordinador de Operaciones de la Policía Municipal, Francisco Ledesma Salazar, fue acribillado por un grupo de sicarios que viajaba a bordo de una minivan. En un operativo similar, la noche del 25 de enero Fernando Lozano Sandoval, jefe de investigaciones de la policía del estado de Chihuahua, enfrentó a un grupo de pistoleros, quienes le metieron más de una decena de balazos. Pese al ataque, el investigador sobrevivió.
Los asesinatos continuaron en febrero. El sábado 1, los oficiales del Centro de Investigación Policial (Cipol) Luis Alfonso Rivera Villa y Jesús García Rodríguez cayeron a manos de un comando que, según el peritaje, les disparó alrededor de 90 tiros de proyectiles calibre 7.62 que usan los rifles llamados “cuerno de chivo”. El miércoles 6, dos policías municipales fueron ultimados; el jueves 7, otros tres; el viernes 8, dos, y el lunes 11 un comando acribilló a tiros al subdirector de Seguridad Pública de Juárez, Carlos Mario Parra Gutiérrez.
“Esto no ocurría antes”
Según Jack Riley, cuando la DEA confisca un cargamento importante de droga en territorio estadunidense obtiene información que la guía hacia los proveedores. Pero “ahora vemos que se da una represalia casi inmediata; eso no ocurría antes”, subraya en referencia a las recientes ejecuciones de policías mexicanos.
Las oficinas de la ICE en El Paso se niegan a dar detalles en torno al caso de Reyes Gamboa, sobre todo en lo que se refiere al origen de la droga que le confiscaron y a los cargamentos que planeaba cruzar de Ciudad Juárez a El Paso.
Sin embargo, un agente que pidió confidencialidad asegura: “No tenemos duda de que los asesinatos de policías de las últimas dos semanas en Juárez están ligados a la detención de Reyes Gamboa”. Incluso aventura que los narcotraficantes intentan acabar con los policías que ellos mismos tenían a su servicio, ante el temor de que Reyes Gamboa los denuncie a cambio de recibir una sentencia menor.
Para contener la narcoviolencia en esa ciudad fronteriza mexicana, el 23 de enero el gobierno de Felipe Calderón envió a decenas de soldados a patrullar las calles. En la zona centro hay retenes que revisan a los automovilistas y vigilan las calles aledañas; los militares incluso montan guardia frente al Centro Médico de Especialidades, donde se encuentra internado el teniente Lozano Sandoval.
A Riley le complace la decisión del presidente Calderón de militarizar Ciudad Juárez. Es algo que la DEA había venido pidiendo desde el sexenio de Vicente Fox. “Creo que es el primer paso en la dirección correcta. Nunca habíamos visto tan agresivo al gobierno de Calderón en el combate al narcotráfico; debo confesar que esto ha dado como resultado un mejor intercambio de información de inteligencia de nuestra parte”.
Considera que la policía municipal de Ciudad Juárez, y por extensión las demás corporaciones del estado, están infiltradas por los cárteles de la droga, y sostiene que desde que la gente de El Chapo Guzmán comenzó a aparecer por la zona para arrebatarle la plaza a Carrillo Fuentes, la droga –en particular la mariguana– comenzó a llegar en grandes cantidades a El Paso.
“Creemos que las policías municipales están tan corrompidas que cuando las vemos colaborando con las agencias policiales federales de México nos provocan escalofríos. Eso es casi una sugerencia de que los federales también pueden ser víctimas de la corrupción de El Chapo y de Carrillo Fuentes”, señala el agente especial de la DEA en El Paso.
Y para ilustrar su afirmación de que El Chapo le declaró la guerra a Carrillo Fuentes para apropiarse de la plaza de la frontera norte que colinda con Texas y Nuevo México, Riley proporciona al reportero las estadísticas sobre los decomisos de drogas que lograron los agentes a su cargo durante 2007:
En Albuquerque, Nuevo México, los agentes de la DEA confiscaron 7.4 kilos de heroína, 145.9 kilos de cocaína, 9 mil 238 kilos 200 gramos de mariguana y 42.8 kilos de metanfetaminas; en Alpine, Texas, 100 gramos de heroína, 1.7 kilos de cocaína y 12 mil 428 kilos de mariguana; en El Paso, 3.8 kilos de heroína, 434.9 kilos de cocaína, 30 mil 270.3 kilos de mariguana y 800 gramos de metanfetaminas; en Las Cruces, Nuevo México, 119.8 kilos de cocaína, 15 mil 46.2 kilos de mariguana y 5.6 kilos de metanfetaminas, y en Mindland, Texas, 21.1 kilos de cocaína, 509.7 kilos de mariguana y 400 gramos de metanfetaminas.
Corrupción policiaca
Riley admite que la cantidad de drogas confiscada en la zona fronteriza a su cargo quizá sea inferior a la cantidad de narcóticos que logra entrar diariamente a Estados Unidos. Pero considera que ello se debe a “la corrupción policiaca”.
La oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de El Paso es muy renuente a hablar sobre la narcoviolencia en Ciudad Juárez. Un agente afincado en esta ciudad tejana comenta al reportero que “por el momento la plaza está controlada por los narcotraficantes”. Según él, la presencia del Ejército sólo los repliega, pero no los anula. Es posible, dice, “que algunos militares sean aliados del narcotráfico, sobre todo al del cártel de Vicente (Carrillo Fuentes)”.
Jack asegura que el cártel de Juárez está “más sólido y fuerte que nunca” debido a que los militares no fueron enviados a Ciudad Juárez durante el sexenio foxista. En ese período, insiste, las policías municipales y estatales de Chihuahua operaron bajo las órdenes de Carrillo Fuentes.
Esa organización delictiva “está ganando fortaleza todos los días; mucha gente pensó que estaba en declive, pero creo que se fortalece a diario y está en una posición sólida para defender su territorio. Eso es lo que estamos viendo”, comenta.
Sus declaraciones contrastan con las del presidente de México, Felipe Calderón, quien el pasado miércoles 20 elogió su lucha contra el narcotráfico al señalar que “si bien hay bajas”, se le están “metiendo muchos goles a la criminalidad”.
Riley admite que no obstante que sus agentes intentan infiltrar al cártel de Carrillo Fuentes y utilizan informantes para conocer el paradero del capo, no logran cercarlo.
Por lo que atañe a la presencia de miembros del cártel de Sinaloa, la DEA afirma que El Chapo está enviando de manera rutinaria a lugartenientes, y sobre todo a sicarios, para cumplir con trabajos pendientes en El Paso.
Un documento clasificado de la DEA sobre los capos que dominan la plaza Juárez-El Paso obtenido por Proceso indica que Carrillo Fuentes y Guzmán Loera son los más importantes de la región.
Otros de los cabecillas de las organizaciones del narcotráfico que controlan el corredor Juárez-El Paso son Ignacio Nacho Coronel Villarreal, Armando Corral Herrera –ligado a Carrillo Fuentes–, Juan Esparragoza Moreno El Azul e Ismael El Mayo Zambada, así como Alejandro Flores Cacho. A este último el documento lo señala como socio de El Azul y asegura que él es el encargado de introducir toneladas de cocaína a Estados Unidos y a Europa.
Un paso seguro
Las autoridades de El Paso se enorgullecen de que su ciudad esté considerada como una de las más seguras de Estados Unidos. Sin embargo, desde que el cártel de Sinaloa irrumpió en Ciudad Juárez para enfrentar a la organización de Carrillo Fuentes, comenzaron a tomar acciones preventivas para evitar que la narcoviolencia mexicana los contagie.
Hace poco más de dos semanas invitaron al reportero a un recorrido por la región oeste de la zona limítrofe que divide El Paso de Ciudad Juárez. Ahí, policías estadunidenses recomendaban a sus ciudadanos –quienes cruzaban los puentes internacionales para ingresar al territorio mexicano– que tuvieran mucho cuidado porque la presencia del Ejército en Ciudad Juárez demostraba que en esta zona los narcotraficantes estaban ejecutando a personas a cualquier hora del día.
Así mismo, el sábado 9 y el domingo 10, Proceso hizo un recorrido por el centro de Juárez y por el mercado de artesanías que regularmente se encuentra abarrotado y lleno de turistas los fines de semana. La presencia de los soldados y vehículos militares era notable. En el mercado de artesanías la mayoría de puestos permanecían cerrados y sólo había unos cuantos turistas mexicano-estadunidenses.
Para el agente especial de la DEA, Carrillo Fuentes y El Chapo están violentando la tranquilidad que caracterizaba a El Paso. “Los narcotraficantes cruzan la frontera y se establecen aquí (en territorio estadunidense). Meten la droga, la embodegan y después la envían a otros condados. En El Paso, por ejemplo, los narcotraficantes compran propiedades, se establecen dentro de la comunidad y lo hacen con naturalidad, pues El Paso es una ciudad bicultural”.
Asegura que el arresto de Reyes Gamboa atizó la narcoguerra. Y ahora los cárteles de Juárez y de Sinaloa se aprovechan de que los policías o expolicías municipales mexicanos tienen varios familiares al otro lado de la frontera para comenzar a narcotizar El Paso.
Explica: “Simplemente convencen a las personas para que les permitan guardar en sus casas por unos días el cargamento de drogas. La gente accede porque se los pide un policía o un expolicía que les paga varios miles de dólares”. Sería diferente, agrega, si se los pidiera directamente un narco, pues él sí podría obligarlos a embodegar la droga bajo amenaza de muerte.
La policía de El Paso ya amplió sus operativos antinarcóticos para detectar las narcobodegas de los capos mexicanos en esta región. También lo hace la DEA, que en los últimos meses detectó, dice Riley, que “los cárteles mexicanos cuentan con células mejor organizadas para lavar dinero”. Y eso, afirma, “no pasaba antes”.
El jueves 22, el Ejército Mexicano detuvo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a 18 sicarios que se ocultaban en una casa de seguridad y formaban parte de La Línea, una red del cártel de Juárez dedicada a tareas de inteligencia.

"Los Zetas” y los “Gatekeepers”, aliados fronterizos
J. Jesús Esquivel, reportero
EL PASO, TEXAS.- A la agencia federal antidrogas de Estados Unidos, la DEA, le preocupa el hecho de que “muy frecuentemente” Los Zetas se muevan con tanta facilidad en la frontera norte de México para después entrar clandestinamente en Estados Unidos a cometer ejecuciones y secuestros en ciudades como El Paso, Houston y Dallas, en Texas, dice en entrevista el jefe de la División de la agencia en El Paso, John Jack Riley.
“La presencia de Los Zetas no es un fenómeno recurrente en esta parte de la frontera, pero con base en el resultado de nuestras investigaciones hemos detectado que están involucrados aquí en Estados Unidos en secuestros de personas que después son llevadas a México”, comenta.
Entre estas víctimas se cuentan colaboradores de cárteles rivales, como el de Juárez y el de Sinaloa. El secuestro es la “actividad delictiva que está dando más fortaleza a Los Zetas sobre el resto de las organizaciones criminales. Los Zetas son básicamente mercenarios”, destaca el agente especial.
Sin dar detalles de las operaciones que realiza la DEA para detectar a Los Zetas, Riley explica que la frontera de México se está plagando de agrupaciones criminales similares a la que formó el cártel del Golfo para asesinar personas y facilitar el trasiego de las drogas. Pero se niega a decir si su corporación ha detenido a zetas o a personas que trabajen para ellos.
El jefe de la DEA en El Paso señala a los Gatekeepers (Guardianes) como ejemplo de los grupos criminales que operan en la frontera. Se trata de una organización delictiva tan importante como los propios cárteles; de hecho se dedica a pasar droga a Estados Unidos de manera independiente y a distribuirla entre estos grupos (Proceso 1606).
–¿Quiénes son los líderes de los Gatekeepers? –se le pregunta a John Riley.
–El problema con ellos es que cambian con mucha frecuencia sus métodos de operación y su estructura está compartimentada. Lo que están haciendo es contratar a gente que haga las labores de pasaje de droga o dinero, personas que ni siquiera se conocen entre ellas, para evitar que dejen más evidencias.
Según la DEA y algunos documentos obtenidos por el FBI a los que tuvo acceso este semanario, los Gatekeepers podrían estar colaborando ya con Los Zetas, complicando el trabajo de las autoridades de ambos lados de la frontera por contener el paso de narcóticos a Estados Unidos, así como el secuestro y las ejecuciones.
Lo grave, dice Riley, es que han avanzado:
“En la década de los ochenta los colombianos fueron verdaderos maestros en el manejo de operaciones como las que ahora realizan los Gatekeepers. Los colombianos tenían grupos como éstos en Chicago; sus distribuidores de droga y sus lavadores de dinero no se conocían entre ellos, y sus métodos de comunicación eran independientes.
“Este tipo de organización en células es la que están desarrollando aquí en la frontera los narcos mexicanos, aunque debo reconocer que hasta están un poco mejor organizados que los colombianos.”
Contacto militar
Cauteloso al hablar del tema de la corrupción en las corporaciones federales de México y sobre todo en las Fuerzas Armadas, Riley afirma que la DEA ha detectado una asociación delictiva entre Los Guardianes y elementos del Ejército Mexicano, como ha ocurrido con Los Zetas:
“Los Gatekeepers transitan las frontera con mucha regularidad, no tienen un comando central asentado en México y esto es importante para controlar su estructura. Muchos de sus miembros son exmilitares y expolicías o tienen contactos con ambas fuerzas, esto les facilita un cruce rápido de la frontera sin que nadie los detecte.”
Según el jefe de la DEA en El Paso, Los Zetas y Los Guardianes cuentan con una amplia zona de control en la región de Ciudad Juárez-El Paso, ya que están aprovechando como una mina de oro la guerra que se desató entre el cártel de Juárez y el de Sinaloa por el control de la plaza.
Riley argumenta que estas conclusiones son el resultado de la infiltración de agentes de la DEA que operan en México en las organizaciones del crimen organizado, así como del intercambio de información de inteligencia que la agencia estadunidense realiza con autoridades federales mexicanas.
“Estamos siendo más quirúrgicos en la información que les damos, por eso algunas de las unidades especiales del Ejército Mexicano ahora trabajan de manera más directa con nosotros, y hemos visto los resultados. La información de inteligencia es únicamente favorable si se le pasa a gente que toma decisiones con base en la información que recibe. Estamos recolectando mejor información y la estamos analizando más rápido”, señala.
La DEA no confía en todas las autoridades de México, admite Riley, y descarta de la lista de aliados confiables a las policías estatales y municipales, así como a funcionarios de algunos estados, aunque se niega a identificarlos.
“En Juárez, por ejemplo, nuestros agentes tienen a un grupo de contactos muy bien investigados, pero la confianza se logra con base en el trabajo diario entre las agencias, y obviamente con la habilidad de poder identificar a gente con la cual podemos trabajar”, sostiene.
En este sentido, dice el agente, “contamos no sólo con la gente del gobierno mexicano que trabaja con nuestros agentes, sino también con los informantes. Por eso les estamos dando más dinero a nuestros agentes, para que puedan contar con los contactos necesarios y más efectivos, así como con los funcionarios mexicanos, para garantizar que los tenemos en una posición que pueda ser útil para nosotros. Esto cambia de ciudad a ciudad”.
Gracias a ese intercambio de información, las autoridades estadunidenses lograron detectar la presunta nueva alianza entre Los Zetas y Los Guardianes, pero Riley insiste en que sólo es el principio, ya que se necesitan más acciones para detener al crimen organizado y la narcoviolencia que priva en los estados mexicanos, que según el agente de la DEA constituyen una amenaza de contagio para el lado estadunidense.
–¿Qué requiere la DEA para detener ese riesgo?
–Necesitamos más gente operando en México. Los mismos mexicanos han visto lo valioso e importante que es el trabajo de los agentes de la DEA en su territorio. Juárez, de entre todas las ciudades, es sin duda el punto ideal donde la DEA debe contar con más personal, y soy optimista en que esto pueda ocurrir.
De las pistolas a las armas de asalto
J. Jesús Esquivel, reportero
La agencia encargada de controlar el tráfico de armas en Estados Unidos admite que las flexibles leyes de su país facilitan que pasen a México municiones y equipo de alto poder, pero aclara que para cortar el abasto de los principales “importadores” –los cárteles del narcotráfico– es necesario que el gobierno mexicano mejore radicalmente la vigilancia en la frontera y el rastreo del armamento.
HOUSTON.- Los cárteles mexicanos del narcotráfico cambiaron la dinámica del mercado negro de las armas de alto poder que se manufacturan en Estados Unidos; su creciente demanda forzó a los proveedores a robar este tipo de equipo bélico a ejércitos de Centroamérica y Sudamérica, asegura Dewey Webb, encargado de combatir el contrabando de armamento en Houston, McAllen, Laredo y otros puntos fronterizos.
Webb, jefe del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en la división de Houston, Texas, rechaza que algunas de las armas de alto poder que utilizan los narcotraficantes mexicanos hayan sido robadas en bases militares de Estados Unidos, como se ha señalado en reportes periodísticos recientes.
“Esto no quiere decir que los narcotraficantes mexicanos no cuenten con armas de uso militar que han sido robadas, estoy seguro de que este tipo de cosas han ocurrido. Tengo la seguridad de que hay armas militares que llegan a México a través de otras fuentes, y cuando digo otras fuentes me refiero a otros países”, dice Webb en entrevista con Proceso.
Agrega: “Probablemente han sido armas que Estados Unidos vendió o regaló a varios países y que han sido robadas y traficadas a México”.
–¿A que países se refiere usted? –se le pregunta.
–Estados Unidos ha trabajado de manera muy cercana con los países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, y en muchas ocasiones ha sido el proveedor de armas para las fuerzas armadas de esos países. Hay armas de Estados Unidos por todo el mundo que se venden en el mercado negro.
Para el ATF, dependencia del Departamento del Tesoro encargada de investigar el contrabando de armas, la mayor parte del equipo de alto poder entra a México por la frontera sur y por mar, no por la frontera estadunidense.
Potencia de fuego
De acuerdo con el ATF, el equipo bélico favorito de los narcotraficantes mexicanos son los rifles de asalto AK-47, la pistola FM 57 (bautizada por los criminales mexicanos como la “matapolicías”), el lanzacohetes RPG-22, el lanzagranadas M72-A3, los morteros de 40 milímetros y las subametralladoras P-90.
“Hemos visto el cambio en las perspectivas del trafico de armas a México, que ha sido de armas pequeñas a las de tipo militar, que son las armas de asalto”, abunda Webb.
La agencia federal estadunidense no ha identificado a los proveedores de ese armamento, pero el agente especial aclara que los narcotraficantes han desarrollado una complicada red para el tráfico ilegal de armas en la que participan grupos criminales.
El jefe del ATF en Houston señala que agentes a su cargo han detectado que “Los Zetas cuentan con personas que les compran armas aquí en Estados Unidos y también contratan a criminales para que les hagan algunos trabajos (asesinatos)”.
Acota: “Los Zetas es uno de los principales grupos con más demanda de armas porque las usan. Obviamente, como son una parte importante en las operaciones de algunos de los cárteles, Los Zetas necesitan las armas y van a utilizar sus conexiones y contactos criminales para adquirirlas. Son parte de la estructura misma de los cárteles del narcotráfico y son utilizados para el contrabando de armas”.
En cuanto al reclamo del gobierno de Felipe Calderón al de George W. Bush por el flujo ilegal de armas de Estados Unidos a México, Dewey Webb explica que este fenómeno detonó a partir de que México restringió legalmente el uso y la portación de armas en 1968, lo que provocó el súbito aumento de la demanda de armas estadunidenses, como las pistolas calibre .45 y .38 súper, así como rifles calibre .22.
Actualmente, ese tipo de contrabando se concentra en los rifles de asalto de alto poder, como el calibre .50, y en pistolas calibre .40, .45 y 9 milímetros, armamento que utilizan los narcotraficantes y otros grupos del crimen organizado.
Para dar una idea del peligro que representan esas armas, Webb describe los fusiles calibre .50: “Hemos logrado detener varios de estos rifles antes de cruzar la frontera. Tienen un alcance de una milla (mil 609.3 metros), si la persona que lo utiliza tiene el entrenamiento adecuado. No se fabrican muchos calibre 50, son caros; adquirir uno legalmente en Estados Unidos cuesta unos 5 mil dólares”.
Estado estratégico
Para combatir el flujo ilegal de armas de fuego a México, el ATF cuenta con cuatro divisiones: Houston (que es la más grande) y Dallas, en Texas; Phoenix, en Arizona, y Los Ángeles, en California.
Webb señala que su división, la de Houston, es la más activa en esta labor, pues considera que el estado de Texas es el almacén predilecto de los narcos mexicanos.
Así mismo, dice, “la mayoría de las armas que se confiscan en México (y que se contrabandean desde Estados Unidos) proviene aparentemente del estado de Texas. La razón de eso tiene que ver con la posición geográfica. Texas está pegado a los dos principales corredores para el tráfico: el de Laredo y el de Brownsville”, explica el jefe del ATF en Houston.
Es precisamente esta ciudad texana el origen del mayor número de armas para los cárteles mexicanos. Webb explica por qué:
“Houston es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Aquí se llevan a cabo grandes exhibiciones de armas, y los cárteles de la droga de México cuentan con infraestructuras importantes en esta ciudad. Los narcotraficantes contratan a muchas personas aquí para que les compren las armas. Dallas es la fuente número dos y McAllen la número tres.”
Aunque el ATF, al igual que otras agencias estadunidenses, desconoce la cifra precisa de armas que ilegalmente entran a México desde su país, tiene claro que ese negocio les deja millones de dólares en ganancias anuales a los contrabandistas.
Éstos, continúa el agente especial, operan de una manera muy similar a las redes de tráfico de personas o de drogas. Las investigaciones del ATF en los últimos cuatro años muestran que los grupos del crimen organizado contratan a ciudadanos estadunidenses con licencia para portar y adquirir armas, y éstos las adquieren en ciudades como Houston, Dallas, El Paso y San Antonio.
Estos intermediarios aceptan un pago promedio de “unos 500 dólares” por comprar de tres a cinco armas (en su mayoría pistolas calibre .45, .40 o 9 milímetros) y 100 dólares adicionales por cada caja de balas o municiones.
“Los narcotraficantes cuentan con una red de 30 o 40 personas en varios vecindarios donde compran las armas. Muchas de estas personas ni siquiera saben para quién están comprando las armas. Tienen seguramente idea de que las armas irán a parar a México, pero no saben para quién son porque los tienen muy aislados”, aclara Webb.
Cuando los traficantes reúnen cargamentos de más de 200 armas, las reparten en vehículos conducidos por ciudadanos mexicanos o estadunidenses que entran legalmente a territorio mexicano.
“Con una distribución así, los narcotraficantes pasan más de 90% de las armas que compran. Esos viajes son también aprovechados para meter a México el dinero proveniente de la venta de drogas”, agrega el entrevistado.
Eso es posible, dice Webb, porque “si uno se para a observar lo que ocurre en cualquier cruce de la frontera, puede darse cuenta de que los agentes de aduana o de inmigración de Estados Unidos revisan a todos los vehículos que salen de México y entran a Estados Unidos. En el mismo punto de cruce, es fácil darse cuenta de que los agentes aduaneros mexicanos solamente revisan a cinco de 100 vehículos que salen de Estados Unidos para entrar a México”.
Como ejemplo de esa deficiencia, Webb cuenta que recientemente un vehículo fue detenido por agentes del ATF en la ciudad fronteriza de Kingsville, Texas, con “varias armas y 1 millón de dólares en efectivo”. El agente especial admite que, si bien lo común es que pase a México un promedio de cuatro o cinco armas por vehículo, hay casos en que pasan 15 o 20.
Idiomas distintos
Respecto de la queja del gobierno mexicano en el sentido de que las autoridades de Estados Unidos no hacen todo lo posible para contener el tráfico ilegal de armas, Webb señala: “Si contáramos con un mejor sistema de rastreo de las armas podríamos tener una mejor idea de cuántas armas se trafican a México”.
Explica que las autoridades mexicanas tienen muchas dificultades para entregar información sobre las armas que confiscan, para que sean rastreadas en Estados Unidos.
Además, observa, la cifra de las armas confiscadas por el gobierno mexicano es muy pequeña, comparada con los cálculos del ATF sobre la cantidad que los cárteles compran e introducen a México:
“Obviamente, quisiéramos que hubiera más rastreo de armas en México. Se están dando muchas y recientes confiscaciones de armas, pero es pobre el nivel del rastreo para dar con su origen. El rastreo de armas cambia de un año al otro: en 2005 subió, bajó en 2006 y nuevamente subió en 2007. Pero para poner un número no tan alejado de la realidad, podemos decir que se ha rastreado el origen de unas 6 mil armas en los últimos tres años, y éstas no incluyen las rastreadas en 2008.”
Como parte de la estrategia de Estados Unidos para responder a las quejas del gobierno de Calderón por el tráfico de armas, el 16 de enero pasado el ATF y el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC) anunciaron que se instalará el sistema computarizado de rastreo de armas eTrace en nueve consulados estadunidenses en México.
Con este sistema las autoridades mexicanas tendrán acceso directo a la base de datos de Estados Unidos para rastrear e identificar armamento. Hasta ahora, este objetivo se ha topado con la barrera del idioma, pues se utilizan términos técnicos para la designación y clasificación de armas, su uso y sus componentes.
El objetivo de largo plazo es que eTrace esté disponible en todos los estados de la República Mexicana, para lo cual está desarrollándose el software de este sistema en español, pero “además de que es caro, lleva tiempo cambiarlo; costará unos 2 millones de dólares convertir el software de inglés a español”, explica el funcionario del ATF.
–Denos un ejemplo de los problemas que han tenido por el idioma con las autoridades mexicanas.
–Hemos tenido contratiempos en la colaboración con las autoridades mexicanas por los términos que se usan en español para la descripción de las armas y al traducirlos al inglés muchas veces nos confunden. Se cometen errores en la traducción de palabras como telescopio y cargador, por eso es muy importante que eTrace cuente con un software en español.
En cuanto a las autoridades mexicanas que tendrán acceso al sistema computarizado para el rastreo de las armas, Webb señala que serán la PGR (en particular el Centro Nacional de Análisis, Planeación e Información, Cenapi) y la Agencia Federal de Investigación (AFI).
El oficial reconoce que uno de los grandes problemas que genera el tráfico ilegal de armamento en Estados Unidos es la flexibilidad de las leyes estatales relativas a la venta de armas a personas que no tienen antecedentes penales y que cuentan con licencia para comprar armas y municiones.
Sin embargo, aclara, “algunos estados tienen leyes muy estrictas y las de otros son más flexibles, pero las leyes federales se aplican a todos, y si hay gente que compra armas para traficarlas a México, no importa en qué estado las adquieran: al hacerlo con este propósito están violando las leyes federales”.
A modo de conclusión, el agente especial Dewey Webb enfatiza las dos principales causas del problema: “Es más fácil comprar armas en Estados Unidos que en México y por eso es que existe el mercado negro. La otra razón es la gran demanda de armas por parte de los cárteles del narcotráfico mexicano, las usan para atacar a sus competidores, al Ejército y a la policía”.

Un gabinete tembloroso

Reportaje: Un gabinete tembloroso
Rodrigo Vera, reportero
Revista Proceso, No. 1634, 24/02/2008;
Con el nombramiento del cuestionado Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación, el presidente Felipe Calderón pretendió activar a su aletargado gabinete de gobierno –incapaz de generar una sola política pública de importancia– para tratar de impulsar, entre otras, las reformas energética y laboral, como secuela de la débil y costosa reforma fiscal. Sin embargo, en la mente del titular del Poder Ejecutivo está otro objetivo: asegurar el triunfo del PAN en las elecciones intermedias de 2009.
Las expectativas puestas en el joven político de origen gallego –ensalzado como el gran negociador y figura estelar del gabinete– pueden, sin embargo, venirse abajo y acarrearle el descrédito al propio Calderón, dice Gustavo López Montiel, especialista en el estudio de los gabinetes presidenciales. Y explica: “El nombramiento de Mouriño es una prueba de fuego tanto para éste como para Calderón, quien prácticamente lo puso como el blanco de ataque de los grupos políticos internos. En las próximas semanas se sabrá si, efectivamente, Mouriño es el gran articulador de los intereses del presidente”.
–Pero él ya era el operador político de Calderón en la Oficina de la Presidencia…
–Sí, pero entonces operaba en la penumbra de Los Pinos, lo protegía ese halo misterioso que también cubrió a José María Córdoba Montoya, el operador del presidente Carlos Salinas. Nunca supimos sobre la verdadera capacidad de negociación de Córdoba Montoya, precisamente porque nunca se le expuso.
“En cambio, a Mouriño ya no lo protege el presidente en sentido estricto, aunque siga siendo la voz del Ejecutivo. Dejó de ser el Mouriño misterioso para salir a la luz de los reflectores y bajo ciertas condiciones de acceso a la información. Como secretario de Gobernación, se convierte en un actor político distinto a Calderón.”
Ahora, dice López Montiel, uno de los pocos expertos en el país en el tema de la conformación y comportamiento de gabinetes presidenciales, Mouriño acapara la atención de los medios. “Se convirtió en el supersecretario del gabinete calderonista. No es casualidad, por ejemplo, su reciente aparición en las páginas de la revista Quién, donde se da la biografía del llamado ‘galán del gabinete’ y se le muestra brindando en la fiesta de cumpleaños del obispo Onésimo Cepeda”.
–¿Qué retos le esperan al nuevo secretario? ¿En qué temas deberá demostrar sus tan pregonadas capacidades?
–Le tocará preparar el escenario para las elecciones intermedias que se realizarán en 2009, pues el PAN no quiere perder ante el PRI y el PRD lo que ya ganó en 2006. Calderón no quiere correr la suerte de Vicente Fox, quien perdió las elecciones intermedias. Por lo pronto, Gobernación y el PAN ya intervinieron en los “pasados arreglos” mediante los que se designó a los nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral. En esos nombramientos, afirma el analista, Benito Nacif es el consejero más afín a los intereses de la Presidencia. “En suma, se espera que Mouriño sea el gran interlocutor y articulador”.
Así mismo, explica que, a diferencia de los del PRI, los gobiernos panistas –el de Fox y Calderón– han colocado en Gobernación a políticos de bajo perfil: Carlos Abascal, Francisco Ramírez Acuña y ahora a Mouriño.
“Nada que ver con los experimentados y colmilludos políticos del PRI que llegaban a Gobernación: ¡Gutiérrez Barrios! ¡Reyes Heroles! ¡Bartlett Díaz! ¡González Garrido!... Puro figurón, políticos ya probados al llegar al cargo”, asegura.
Los operadores
Doctor en ciencias políticas por la New School for Social Research, de Nueva York, donde se especializó en “teoría de juegos”, una moderna disciplina muy en boga en los círculos académicos de Estados Unidos y Europa, López Montiel asegura que era previsible el relevo de Francisco Ramírez Acuña en Gobernación dada su ineficacia.
Entrevistado en sus oficinas del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, en el cual es director de ciencia política, el investigador asegura que tan pronto ocupó la cartera, Mouriño hizo limpia en Gobernación y colocó nuevo equipo: puso a Ana Teresa Aranda al frente de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos; a Daniel Cabeza de Vaca en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, y a Cuauhtémoc Cardona Benavides en la Subsecretaría de Enlace Legislativo; al exdelegado en Miguel Hidalgo Arne aus den Ruthen Haag lo hizo coordinador de asesores, y en la importante Subsecretaría de Gobierno dejó a Abraham González, que ya operaba con Ramírez Acuña.
Estos funcionarios –dice López Montiel– representan alianzas con grupos al interior del panismo: “Ana Teresa Aranda pertenece al grupo duro del PAN, que tiene influencia sobre todo en el centro del país. Es un grupo de larga trayectoria y mucha fuerza, pese a que ha sido muy golpeado en los últimos años. Cabeza de Vaca venía de la consejería jurídica de Fox, de quien luego fue su procurador general de la República, regresa a la consejería jurídica con Calderón y hoy llega a Gobernación, donde tendrá que cuidar el conjunto de ordenamientos provenientes de Los Pinos. Mientras que Abraham González asegura cierta continuidad y capacidad de operación. Son las principales áreas políticas de la secretaría, manejadas por puros grupos del panismo, como sucede en el resto del gabinete”.
–¿Por qué Calderón esperó un año para poner a Mouriño en el gabinete?
–Porque esperó, sobre todo, a que Germán Martínez ocupara la dirigencia del PAN. Éste es su operador en el partido y Mouriño en el gabinete. La pinza Germán-Mouriño le asegura el control de dos espacios importantes ante las elecciones intermedias. Agrega que –con ellos a la cabeza– el “grupo Calderón” hasta ahora empieza a fortalecerse en el gobierno: al michoacano Ernesto Cordero lo acaba de nombrar su secretario de Desarrollo Social, en sustitución de Beatriz Zavala, por lo que se unen a César Nava, secretario particular de Calderón, y a Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, los otros integrantes del círculo cercano al presidente, según el especialista.Y señala que, a diferencia del variopinto gabinete foxista –en el que incluso tuvieron cabida grupos provenientes del PRI y de la izquierda–, el de Calderón está conformado exclusivamente por grupos del PAN: “Hay una gran diferencia entre los gabinetes de Fox y Calderón. Aquél era de coalición de grupos. Y éste, en todo caso, de coalición panista”.
–¿Qué grupos del PAN tienen presencia en el actual gobierno?
–No son grupos articulados en el sentido estricto, puesto que a cada momento van reconfigurando sus alianzas. Hay grupos del viejo panismo entreverados con la burocracia del PAN y con grupos locales de distintos estados. Eso sí, pueden identificarse algunas cabezas, como los legisladores Santiago Creel y Héctor Larios, quienes actualmente controlan a grupos importantes dentro del PAN.
–¿Cómo ve el desempeño del gabinete calderonista?
–A excepción del gabinete de seguridad, sus acciones han sido dispersas, poco articuladas. Tiene un perfil bajo. Al principio, Calderón empezó diciendo que sería el presidente del empleo. No le funcionó. Su secretario de Trabajo, Javier Lozano, sólo hace alharaca en los medios, pero nada en el terreno laboral. De la Semarnat no conocemos sus políticas para proteger el ambiente, en Turismo o Energía tampoco sabemos de sus acciones… y así nos podríamos ir. La salida de Beatriz Zavala de la Secretaría de Desarrollo Social responde precisamente a que no estaba generando políticas públicas.
“En la Secretaría de Educación Pública se padece uno de los conflictos más públicos, entre su titular Josefina Vázquez Mota y la lideresa del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo. No se le ve solución a esa pugna, que generará obstáculos en la implementación de las políticas educativas. De por sí, la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) le viene dando a México bajos puntajes en materia de aprendizaje escolar.” López Montiel advierte también que en las próximas semanas habrá más cambios.
“Se rumora –dice– que los secretarios de Economía, Agricultura y Reforma Agraria están en la mira. Varios deben de tener sus barbas remojando...”. Incluso vislumbra un aparatoso fracaso para el gabinete de seguridad, la única área del gobierno calderonista que emprende acciones de empuje. Asegura que no podrá contra el narcotráfico: “Al fallarle los temas del empleo, manos limpias y otros, Calderón vio que la lucha contra el narcotráfico sí podía darle resultados mediáticos y alineó a su gabinete hacia ese objetivo. Con esto sólo ha provocado una escalada de violencia en todo el país, al extremo de que estamos a un paso de llegar al narcoterrorismo.
“El Estado se origina principalmente para proteger a la gente. Y el Estado en México ya perdió esa capacidad de protección. Si en un mapa del país se pintan de rojo los espacios bajo control del narcotráfico, pues quedaría todo pintarrajeado.”
Comenta López Montiel: “Quiéralo o no, Mouriño ya se convirtió en el principal aspirante a la Presidencia. Tiene una posición predominante sobre los demás secretarios, porque coordinará las actividades políticas del gabinete. Pero eso mismo lo hace muy vulnerable. Falta que demuestre sus capacidades… ¡Habrá que ver!... ¡Habrá que ver!”.

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