La ¿Suprema? Corte/Ana Laura Magaloni
Publicado en Reforma, 8 diciembre 2007
El veredicto de la opinión pública y la sociedad ha sido contundente: la decisión de la Corte en el caso de Lydia Cacho fue una decisión equivocada, injusta y lamentable en muchos sentidos. Creo que esta decisión debe servir para iluminar las deficiencias y asignaturas pendientes de la propia Suprema Corte, para por lo menos así aspirar a resolverlas.
El poder de los jueces se centra en su capacidad argumentativa. Lo que cuenta para que sus determinaciones sean aceptadas por la sociedad son las razones que dan para llegar a ellas. Estas razones no sólo tienen que ver con el mundo de las normas, sino también con la manera como el juez interpreta y se hace cargo de la justicia, la utilidad social y el impacto de su decisión. Es rotundamente falso que los jueces sean una especie de autómatas que simplemente "aplican" la ley. Si ello fuese cierto, la decisión de la Corte en el caso de Lydia Cacho hubiese sido tomada por unanimidad y no fue así. Inevitablemente, detrás de las decisiones judiciales se esconden los juicios de valor, las elecciones axiológicas y la forma como conciben su papel los jueces que las emitieron.
He leído las versiones estenográficas de las tres sesiones que le dedicó el pleno a este asunto. Lo que más ha llamado mi atención es la incapacidad que tuvieron los ministros para centrar la discusión en las preguntas relevantes que el caso de Lydia Cacho les planteaba. Los ministros olvidaron cuál era realmente el problema que estaban discutiendo, en términos del país, la sociedad, la democracia y sus instituciones. La discusión se centró en las pruebas, como si su fueran jueces de primera instancia discutiendo un caso de robo simple, y no ministros de la Suprema Corte debatiendo los límites y las resistencias de las propias instituciones democráticas para hacer que en el ejercicio del poder no quepa el despotismo, la arbitrariedad ni la venganza.
8 dic 2007
La opinión de Sanguinetti
Desde el transatlántico/Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay.
Publicado EL PAÍS, 05/12/2007;
La Cumbre de Santiago ha sido un mal sueño para los latinoamericanos. Nos ha mostrado como un espacio de Occidente que aspira a ser Primer Mundo pero arrastra aún la pesadilla histórica del caudillismo populista, antiliberal y ramplón.
En un gran momento económico que nos permite a todos crecer, la configuración del espacio iberoamericano nos ha reintegrado como conjunto a una gran civilización, cuya lengua está presente tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay quienes no entienden el valor de esta construcción y menosprecian las cumbres, pese a que ellas dan la ocasión de ocupar un espacio internacional que nos importa, tanto a España y Portugal como a nosotros. Naturalmente, si lo que ofrecemos es la imagen iracunda del subdesarrollo en estado puro, con la grosería en el estilo y el desprecio a los códigos institucionales, todo se trastoca. El desafío es que la hierba mala no se coma a la buena.
Como siempre en estos casos, el tema ha dado mérito a los esquemas más simplificados. Desde el elogio al falso anti-imperialismo del presidente venezolano, cuyo país vive de venderle petróleo a Estados Unidos, hasta un españolismo trasnochado, que con rostro de dignidad herida ubica al Rey y al propio presidente Zapatero en el rincón derecho de un imaginario ring nacionalista.
En una mirada desde este lado del Atlántico, registramos, una vez más, la incomodidad de los planteos del presidente venezolano, dirigidos a la televisión, del mismo modo que antes adolecíamos de los de Fidel Castro, más serios pero igualmente productos de mercadeo, invariablemente construidos sobre el anuncio de un plan siniestro para atentar contra su vida que prologaba toda cumbre. Este ha sido el lastre que ha debido sobrellevar este navío en sus 17 años de navegación.
Lo peor sería que la intemperancia de los intemperantes debilitara la Comunidad Iberoamericana. Desnudado el mal, ese formidable espacio democrático debe preservarse más que nunca, porque es de los pocos lugares donde el diálogo político puede abordar el debate institucional e intentar que escuchen algo distinto los que sólo están acostumbrados a recibir elogios hijos del miedo o la prebenda.
Se trata, entonces, de seguir adelante con el trabajo e incluso no desmayar en el esfuerzo de que el Bicentenario de la independencia latinoamericana sea un gran motivo de reflexión sobre el presente y el futuro, a la luz de un movimiento liberal que alumbró en América con ese proceso y en España con las Cortes de Cádiz. Fue ese un gigantesco empeño, lleno de luces y sombras, seguido luego por dos siglos de vida republicana que ya van siendo tiempo suficiente para que no sigamos echando culpas hacia atrás y nos preguntemos qué estamos haciendo hoy mismo con los fabulosos ingresos del petróleo, la soja o la carne.
El episodio en sí no deja de ser un episodio. Aunque ejemplarizante, porque el presidente del Gobierno español dio una lección de institucionalidad, al demostrar que todos tienen derecho a hablar, aunque nadie el de trasladar al ámbito internacional contenciosos particulares y mucho menos insultar a quienes han sido miembros de esas cumbres como presidentes de democracias. En cuanto a la reacción del Rey, que tanto se ha zarandeado, ha testimoniado su dimensión en el escenario iberoamericano y mundial: la misma reacción y las mismas palabras, en otra boca, no habrían pasado de cuatro líneas en una crónica humorística. Que él ha arriesgado no hay duda; que ha empeñado su investidura en un episodio que lo somete al juicio general, tampoco hay duda. Pero el hecho es que él y sólo él podía alguna vez decir lo que todo el mundo piensa de esos alardes retóricos desbordados en que el presidente Chávez incurre, abusando de la paciencia del conjunto, fatigada de oír los mismos eslóganes una y otra vez.
No es la primera vez que don Juan Carlos se sale de los cánones protocolarios para ayudar a la institucionalidad democrática, las más de las veces impensadamente, como en el caso. España, sin ir más lejos, lo sabe por el tejerazo, pero nosotros también, porque cada vez que llegó a un país latinoamericano sacudió a la opinión con un fogonazo de libertad. Puedo recordar, simplemente, que en Montevideo, cuando estábamos impedidos de hacer política, vino de visita en plena dictadura y nos recibió a todos los dirigentes de los partidos en la Embajada española, en cuya puerta se congregó una multitud cuando se enteró del gesto. Esa tarde de un otoñal 21 de mayo de 1983, el Uruguay democrático volvió a vibrar y todos los actos protocolares del gobierno de facto, quedaron aplastados debajo de ese episodio resonante.
Por cierto el Rey no ha abusado de su investidura ni de su prestigio empeñándose en esos gestos de un modo banal, pero tampoco se ha resignado a ser un adorno en la liturgia del Estado. Así es que ha crecido su figura, así es que ha logrado ser quien es, a esta altura un patrimonio común: para España, como garante de su unidad e institucionalidad democrática; para Latinoamérica, como mensajero de la libertad y buque insignia de una civilización hispanoparlante que, paso a paso, amplía su espacio en el mundo contemporáneo.
Publicado EL PAÍS, 05/12/2007;
La Cumbre de Santiago ha sido un mal sueño para los latinoamericanos. Nos ha mostrado como un espacio de Occidente que aspira a ser Primer Mundo pero arrastra aún la pesadilla histórica del caudillismo populista, antiliberal y ramplón.
En un gran momento económico que nos permite a todos crecer, la configuración del espacio iberoamericano nos ha reintegrado como conjunto a una gran civilización, cuya lengua está presente tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay quienes no entienden el valor de esta construcción y menosprecian las cumbres, pese a que ellas dan la ocasión de ocupar un espacio internacional que nos importa, tanto a España y Portugal como a nosotros. Naturalmente, si lo que ofrecemos es la imagen iracunda del subdesarrollo en estado puro, con la grosería en el estilo y el desprecio a los códigos institucionales, todo se trastoca. El desafío es que la hierba mala no se coma a la buena.
Como siempre en estos casos, el tema ha dado mérito a los esquemas más simplificados. Desde el elogio al falso anti-imperialismo del presidente venezolano, cuyo país vive de venderle petróleo a Estados Unidos, hasta un españolismo trasnochado, que con rostro de dignidad herida ubica al Rey y al propio presidente Zapatero en el rincón derecho de un imaginario ring nacionalista.
En una mirada desde este lado del Atlántico, registramos, una vez más, la incomodidad de los planteos del presidente venezolano, dirigidos a la televisión, del mismo modo que antes adolecíamos de los de Fidel Castro, más serios pero igualmente productos de mercadeo, invariablemente construidos sobre el anuncio de un plan siniestro para atentar contra su vida que prologaba toda cumbre. Este ha sido el lastre que ha debido sobrellevar este navío en sus 17 años de navegación.
Lo peor sería que la intemperancia de los intemperantes debilitara la Comunidad Iberoamericana. Desnudado el mal, ese formidable espacio democrático debe preservarse más que nunca, porque es de los pocos lugares donde el diálogo político puede abordar el debate institucional e intentar que escuchen algo distinto los que sólo están acostumbrados a recibir elogios hijos del miedo o la prebenda.
Se trata, entonces, de seguir adelante con el trabajo e incluso no desmayar en el esfuerzo de que el Bicentenario de la independencia latinoamericana sea un gran motivo de reflexión sobre el presente y el futuro, a la luz de un movimiento liberal que alumbró en América con ese proceso y en España con las Cortes de Cádiz. Fue ese un gigantesco empeño, lleno de luces y sombras, seguido luego por dos siglos de vida republicana que ya van siendo tiempo suficiente para que no sigamos echando culpas hacia atrás y nos preguntemos qué estamos haciendo hoy mismo con los fabulosos ingresos del petróleo, la soja o la carne.
El episodio en sí no deja de ser un episodio. Aunque ejemplarizante, porque el presidente del Gobierno español dio una lección de institucionalidad, al demostrar que todos tienen derecho a hablar, aunque nadie el de trasladar al ámbito internacional contenciosos particulares y mucho menos insultar a quienes han sido miembros de esas cumbres como presidentes de democracias. En cuanto a la reacción del Rey, que tanto se ha zarandeado, ha testimoniado su dimensión en el escenario iberoamericano y mundial: la misma reacción y las mismas palabras, en otra boca, no habrían pasado de cuatro líneas en una crónica humorística. Que él ha arriesgado no hay duda; que ha empeñado su investidura en un episodio que lo somete al juicio general, tampoco hay duda. Pero el hecho es que él y sólo él podía alguna vez decir lo que todo el mundo piensa de esos alardes retóricos desbordados en que el presidente Chávez incurre, abusando de la paciencia del conjunto, fatigada de oír los mismos eslóganes una y otra vez.
No es la primera vez que don Juan Carlos se sale de los cánones protocolarios para ayudar a la institucionalidad democrática, las más de las veces impensadamente, como en el caso. España, sin ir más lejos, lo sabe por el tejerazo, pero nosotros también, porque cada vez que llegó a un país latinoamericano sacudió a la opinión con un fogonazo de libertad. Puedo recordar, simplemente, que en Montevideo, cuando estábamos impedidos de hacer política, vino de visita en plena dictadura y nos recibió a todos los dirigentes de los partidos en la Embajada española, en cuya puerta se congregó una multitud cuando se enteró del gesto. Esa tarde de un otoñal 21 de mayo de 1983, el Uruguay democrático volvió a vibrar y todos los actos protocolares del gobierno de facto, quedaron aplastados debajo de ese episodio resonante.
Por cierto el Rey no ha abusado de su investidura ni de su prestigio empeñándose en esos gestos de un modo banal, pero tampoco se ha resignado a ser un adorno en la liturgia del Estado. Así es que ha crecido su figura, así es que ha logrado ser quien es, a esta altura un patrimonio común: para España, como garante de su unidad e institucionalidad democrática; para Latinoamérica, como mensajero de la libertad y buque insignia de una civilización hispanoparlante que, paso a paso, amplía su espacio en el mundo contemporáneo.
Una posibilidad
¡Por fin! y debido a presiones, el Presidente colombiano Alvaro Uribe, anunció ayer, que aceptará desmilitarizar un área de 150 kilómetros cuadrados para que delegados suyos discutan con los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) los términos en que serían intercambiados medio centenar de militares y civiles secuestrados, en algunos casos desde hace 10 años.
La propuesta de Uribe fue planteada hace días por el ex mandatario Andrés Pastrana durante una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, convocada por el gobierno colombiano para estudiar la actual crisis diplomática surgida con Venezuela.
''Ahora la Iglesia Católica y la Comisión Nacional de Conciliación nos proponen una zona de encuentro. El gobierno manifiesta la disposición de aceptarla con unos puntos importantes a tener en cuenta'', anunció Uribe esye viernes 7 de diciembre, durante una ceremonia de ascensos de generales de la Policía Nacional, en Bogotá.
Dijo que el territorio que pondrá a disposición del posible canje, "debe ser de alrededor de 150 kilómetros, en zona rural, donde no haya puestos militares o policiales que sea necesario remover, preferiblemente sin población civil o con muy poca población, para no crear esos riesgos a la población civil. Esa zona tendría la presencia de observadores internacionales y allí los presentes, para definir el intercambio humanitario, no deberían estar armados''.
Para determinar la que Uribe llama ''zona de encuentro'', fue autorizado el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, ''para que con la Conferencia Episcopal de Colombia busquen la manera de reunirse con las FARC, y dentro de las condiciones enumeradas se defina el sitio'', dijo ayer la Presidencia mediante un comunicado de prensa.
Uribe agregó que hará el canje siempre que los guerrilleros por liberar "no vuelvan a delinquir''.
Años atrás Uribe había aceptado desmilitarizar una zona del país de 200 kilómetros para negociar el canje y anunció que estaría en "un área rural de la cordillera central, en el departamento del Valle del Cauca''.
''Ahora la Iglesia Católica y la Comisión Nacional de Conciliación nos proponen una zona de encuentro. El gobierno manifiesta la disposición de aceptarla con unos puntos importantes a tener en cuenta'', anunció Uribe esye viernes 7 de diciembre, durante una ceremonia de ascensos de generales de la Policía Nacional, en Bogotá.
Dijo que el territorio que pondrá a disposición del posible canje, "debe ser de alrededor de 150 kilómetros, en zona rural, donde no haya puestos militares o policiales que sea necesario remover, preferiblemente sin población civil o con muy poca población, para no crear esos riesgos a la población civil. Esa zona tendría la presencia de observadores internacionales y allí los presentes, para definir el intercambio humanitario, no deberían estar armados''.
Para determinar la que Uribe llama ''zona de encuentro'', fue autorizado el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, ''para que con la Conferencia Episcopal de Colombia busquen la manera de reunirse con las FARC, y dentro de las condiciones enumeradas se defina el sitio'', dijo ayer la Presidencia mediante un comunicado de prensa.
Uribe agregó que hará el canje siempre que los guerrilleros por liberar "no vuelvan a delinquir''.
Años atrás Uribe había aceptado desmilitarizar una zona del país de 200 kilómetros para negociar el canje y anunció que estaría en "un área rural de la cordillera central, en el departamento del Valle del Cauca''.
Dice El Tiempo en su edición on line de este sábado 8 de diciembre:
Así fue como Álvaro Uribe aceptó conceder zona de encuentro para acuerdo humanitario
Múltiples consultas con amplios sectores de la nación, y una férrea oposición de varios de sus consejeros, tuvo el mandatario antes de acoger la idea de la Iglesia.
Cuando el padre Darío Echeverri, secretario de la Comisión Nacional de Reconciliación, lo llamó telefónicamente el miércoles en la noche para pedirle que volviera a considerar la zona de encuentro de la que le había hablado en alguna remota oportunidad, Uribe le dijo "sí".
Apenas atinó a decir que le pondría algunas condiciones. Con todo y la fe que practica, el padre Echeverri casi no lo podía creer.
"Fue una fracesita sencilla: se le pidió que volviera a considerar la creación de una zona de encuentro para hablar sobre el acuerdo humanitario. El Presidente respondió con un 'sí', pero que añadiría algunos requisitos", reveló monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, superior jerárquico del padre Echeverri.
Esa fue una noche dura para el Presidente. Se había comenzado a desmontar de uno de los inamovibles que el país le había escuchado repetir por años y años. Por su cabeza pasaban muchas cosas: las imágenes de los secuestrados en poder de las Farc reveladas en las pruebas de supervivencia, el clamor de sus familiares, las opiniones de más de 15 presidentes de todo el mundo con quienes había hablado, pero también el pedido de millares de personas que a lo largo y ancho del país le han encarecido no abandonar la política de seguridad democrática.
Entre el miércoles y el jueves, y mientras el tema del intercambio humanitario pasaba a ser un tema de primera página en muchos diarios internacionales, Uribe hizo decenas de consultas con empresarios, líderes políticos, asesores y amigos personales, sobre la "fracesita" del padre Echeverri.
Para tomar la decisión, Uribe tuvo que controvertir horas y horas a cercanos asesores suyos que le aconsejaban que no lo hiciera.
La decisión final de aceptar la zona de encuentro la tomó Uribe el pasado jueves a eso de las 8 de la noche, en su despacho de la Casa de Nariño, luego de una reunión con varios asesores. De pronto, el mandatario se puso de pie y exclamó: ¡Hay que hacer eso!
Otros factores de decisión
Pero "todo jugó para que el Presidente tomara esa decisión", dijo una fuente palaciega. Todo: el sufrimiento de los secuestrados, el llamado de la comunidad internacional, el clamor interno; y, sobre todo, su decisión radical de recuperar el control de la situación en momentos en que dos iniciativas lideradas por mandatarios de otros países (Nicolas Sarkozy, de Francia y Hugo Chávez, de Venezuela), amenazan con copar el ámbito internacional.
EL TIEMPO conoció que si las Farc asumen con responsabilidad la nueva iniciativa, está dispuesto a ir más allá. De hecho, no exigió que la zona sea en una u otra zona del país, sino que delegó eso al acuerdo que logren el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, la Iglesia y las Farc.
El sorpresivo anuncio generó reacciones favorables, inclusive dentro de sus contradictores. El ex presidente Andrés Pastrana, quien se había enfrentado a Uribe de manera muy dura 24 horas antes, en la Comisión Asesora, por su negativa a facilitar la negociación del canje humanitario, se apuró a felicitar al mandatario. Lo mismo hizo su principal partido opositor, el Polo Democrático Alternativo.
En todo caso, tras el viraje de Uribe, las Farc quedan obligadas a responder.
Y la Iglesia Católica, una organización libre de sospechas políticas, recupera el papel de la mediación, que Uribe había descartado tras el fracaso la ayuda del presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba.
Ahora Uribe podrá ir a Buenos Aires, el próximo domingo, donde se encontrará con varios de sus colegas, con hechos nuevos, y dispuesto a ceder apenas el mínimo terreno a protagonistas internacionales.
No hay un punto fijo, puede discutirse
Diferencias con la propuesta de hace 2 años
En la propuesta que hicieron los Países Amigos en diciembre del 2005, se hablaba del corregimiento El Retiro, entre Florida y Pradera, que está habitado por unas 50 familias. Hoy Uribe plantea preferiblemente una zona lejos de la presencia de la población civil.
Antes, como se ve, el sitio estaba determinado. Ahora, el Gobierno deja que sea definido en medio del diálogo entre la guerrilla, el Comisionado de Paz y la Iglesia.
En el 2005 no se establece un límite de tiempo para negociar y liberar a los secuestrados. Esta vez, el Gobierno habla de 30 días. La Iglesia cree que es un tiempo suficiente para lograr la liberación.
Hace dos años se propuso una zona de negociación de alrededor de 180 kilómetros, hoy el Gobierno la delimita en 150 kilómetros, donde no requiera de despeje por parte de la fuerza pública.
Puntos comunes con la propuesta del 2005
Se mantiene la idea de que organismos internacionales sirvan de veedores en el proceso de negociación, así como la coordinación de observadores integrados por los organismos humanitarios.
Se propuso en ese entonces la participación de la Cruz Roja, que garantizaría la seguridad del desplazamiento de los negociadores. Hoy el presidente Uribe abre las puertas para que ese organismo verifique las condiciones de la zona y de los secuestrados en poder de la guerrilla.
Se planteó en ese entonces que los guerrilleros no llegaran a la zona de facilitación con armamento, hoy el presidente Uribe ratifica esa misma propuesta y anuncia que ese territorio debe estar donde no haya puestos militares o de la Policía.
Continúa la propuesta de la liberación de todos los secuestrados, incluyendo los tres norteamericanos retenidos en el 2003.
Pastrana apoya a Uribe y Polo espera respuesta positiva de las Farc
Dos días después de que protagonizaron uno de los más duros enfrentamientos que se recuerden en la Casa de Nariño, el ex presidente Andrés Pastrana le envió ayer una carta al presidente Álvaro Uribe en la que se declara "emocionado" por la decisión del mandatario de acceder a la creación de una zona de encuentro para el acuerdo humanitario.
Pastrana, según supo EL TIEMPO, le recomendó a Uribe el miércoles destinar una zona con ese propósito en donde no hubiera necesidad de mover fuerzas militares ni de policía.
"Con su determinación se da con grandeza un paso de vital importancia en el camino de la libertad de tantos compatriotas. Con esta nueva luz de esperanza ganan los secuestrados, ganan sus familias y gana Colombia", dijo el ex mandatario.
Y tras la visita que hicieron ayer al Polo Democrático el ministro del Interior, Carlos Holguín, y el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, para informar las últimas decisiones del Ejecutivo, el presidente de esa colectividad, Carlos Gaviria, señaló que el anuncio del presidente Uribe de facilitar una zona de encuentro para dialogar con las Farc y lograr por esa vía la liberación de todos los secuestrados, es una posibilidad real que se abre y de la cual las Farc deberían responder de manera "positiva".
Gobierno de Francia ya contactó a Farc
PARÍS
Así lo confirmó David Martinon, portavoz del presidente francés, Nicolás Sarkozy, quien aseguró que "agentes (de su país) entraron en contacto con las Farc", sin dar más detalles.
"Es evidente que es una misión muy difícil porque, como pueden imaginarse, eso se hace en medio de la selva y no es sencillo", dijo Martinon a los periodistas en la capital francesa.
Agregó que "esas personas son maravillosas porque toman riesgos personales y por eso hay que mantenerlas en el anonimato".
Martinon, no obstante, calificó de "prematura" la hipótesis de un viaje del presidente Nicolas Sarkozy a Colombia.
También se conoció en París que el gobierno colombiano comunicó a Francia, horas antes, la decisión del presidente Alvaro Uribe de autorizar la zona de encuentro.
El comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, "se comunicó temprano en la mañana (de ayer)" con el gobierno francés para informarle del anuncio que se disponía hacer Uribe, dijo a agencias internacionales una fuente de la Presidencia de Francia, que requirió el anonimato.
También se anunció que está previsto un encuentro en Buenos Aires entre el presidente Alvaro Uribe y el primer ministro francés, François Fillon, quien irá a Argentina en representación del presidente Sarkozy en la toma de posesión de Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta de ese país.
Se dejó claro que el único tema que tratarán Uribe y Fillon será la liberación de los secuestrados.
*Con información de AFP y EFE
Múltiples consultas con amplios sectores de la nación, y una férrea oposición de varios de sus consejeros, tuvo el mandatario antes de acoger la idea de la Iglesia.
Cuando el padre Darío Echeverri, secretario de la Comisión Nacional de Reconciliación, lo llamó telefónicamente el miércoles en la noche para pedirle que volviera a considerar la zona de encuentro de la que le había hablado en alguna remota oportunidad, Uribe le dijo "sí".
Apenas atinó a decir que le pondría algunas condiciones. Con todo y la fe que practica, el padre Echeverri casi no lo podía creer.
"Fue una fracesita sencilla: se le pidió que volviera a considerar la creación de una zona de encuentro para hablar sobre el acuerdo humanitario. El Presidente respondió con un 'sí', pero que añadiría algunos requisitos", reveló monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, superior jerárquico del padre Echeverri.
Esa fue una noche dura para el Presidente. Se había comenzado a desmontar de uno de los inamovibles que el país le había escuchado repetir por años y años. Por su cabeza pasaban muchas cosas: las imágenes de los secuestrados en poder de las Farc reveladas en las pruebas de supervivencia, el clamor de sus familiares, las opiniones de más de 15 presidentes de todo el mundo con quienes había hablado, pero también el pedido de millares de personas que a lo largo y ancho del país le han encarecido no abandonar la política de seguridad democrática.
Entre el miércoles y el jueves, y mientras el tema del intercambio humanitario pasaba a ser un tema de primera página en muchos diarios internacionales, Uribe hizo decenas de consultas con empresarios, líderes políticos, asesores y amigos personales, sobre la "fracesita" del padre Echeverri.
Para tomar la decisión, Uribe tuvo que controvertir horas y horas a cercanos asesores suyos que le aconsejaban que no lo hiciera.
La decisión final de aceptar la zona de encuentro la tomó Uribe el pasado jueves a eso de las 8 de la noche, en su despacho de la Casa de Nariño, luego de una reunión con varios asesores. De pronto, el mandatario se puso de pie y exclamó: ¡Hay que hacer eso!
Otros factores de decisión
Pero "todo jugó para que el Presidente tomara esa decisión", dijo una fuente palaciega. Todo: el sufrimiento de los secuestrados, el llamado de la comunidad internacional, el clamor interno; y, sobre todo, su decisión radical de recuperar el control de la situación en momentos en que dos iniciativas lideradas por mandatarios de otros países (Nicolas Sarkozy, de Francia y Hugo Chávez, de Venezuela), amenazan con copar el ámbito internacional.
EL TIEMPO conoció que si las Farc asumen con responsabilidad la nueva iniciativa, está dispuesto a ir más allá. De hecho, no exigió que la zona sea en una u otra zona del país, sino que delegó eso al acuerdo que logren el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, la Iglesia y las Farc.
El sorpresivo anuncio generó reacciones favorables, inclusive dentro de sus contradictores. El ex presidente Andrés Pastrana, quien se había enfrentado a Uribe de manera muy dura 24 horas antes, en la Comisión Asesora, por su negativa a facilitar la negociación del canje humanitario, se apuró a felicitar al mandatario. Lo mismo hizo su principal partido opositor, el Polo Democrático Alternativo.
En todo caso, tras el viraje de Uribe, las Farc quedan obligadas a responder.
Y la Iglesia Católica, una organización libre de sospechas políticas, recupera el papel de la mediación, que Uribe había descartado tras el fracaso la ayuda del presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba.
Ahora Uribe podrá ir a Buenos Aires, el próximo domingo, donde se encontrará con varios de sus colegas, con hechos nuevos, y dispuesto a ceder apenas el mínimo terreno a protagonistas internacionales.
No hay un punto fijo, puede discutirse
Diferencias con la propuesta de hace 2 años
En la propuesta que hicieron los Países Amigos en diciembre del 2005, se hablaba del corregimiento El Retiro, entre Florida y Pradera, que está habitado por unas 50 familias. Hoy Uribe plantea preferiblemente una zona lejos de la presencia de la población civil.
Antes, como se ve, el sitio estaba determinado. Ahora, el Gobierno deja que sea definido en medio del diálogo entre la guerrilla, el Comisionado de Paz y la Iglesia.
En el 2005 no se establece un límite de tiempo para negociar y liberar a los secuestrados. Esta vez, el Gobierno habla de 30 días. La Iglesia cree que es un tiempo suficiente para lograr la liberación.
Hace dos años se propuso una zona de negociación de alrededor de 180 kilómetros, hoy el Gobierno la delimita en 150 kilómetros, donde no requiera de despeje por parte de la fuerza pública.
Puntos comunes con la propuesta del 2005
Se mantiene la idea de que organismos internacionales sirvan de veedores en el proceso de negociación, así como la coordinación de observadores integrados por los organismos humanitarios.
Se propuso en ese entonces la participación de la Cruz Roja, que garantizaría la seguridad del desplazamiento de los negociadores. Hoy el presidente Uribe abre las puertas para que ese organismo verifique las condiciones de la zona y de los secuestrados en poder de la guerrilla.
Se planteó en ese entonces que los guerrilleros no llegaran a la zona de facilitación con armamento, hoy el presidente Uribe ratifica esa misma propuesta y anuncia que ese territorio debe estar donde no haya puestos militares o de la Policía.
Continúa la propuesta de la liberación de todos los secuestrados, incluyendo los tres norteamericanos retenidos en el 2003.
Pastrana apoya a Uribe y Polo espera respuesta positiva de las Farc
Dos días después de que protagonizaron uno de los más duros enfrentamientos que se recuerden en la Casa de Nariño, el ex presidente Andrés Pastrana le envió ayer una carta al presidente Álvaro Uribe en la que se declara "emocionado" por la decisión del mandatario de acceder a la creación de una zona de encuentro para el acuerdo humanitario.
Pastrana, según supo EL TIEMPO, le recomendó a Uribe el miércoles destinar una zona con ese propósito en donde no hubiera necesidad de mover fuerzas militares ni de policía.
"Con su determinación se da con grandeza un paso de vital importancia en el camino de la libertad de tantos compatriotas. Con esta nueva luz de esperanza ganan los secuestrados, ganan sus familias y gana Colombia", dijo el ex mandatario.
Y tras la visita que hicieron ayer al Polo Democrático el ministro del Interior, Carlos Holguín, y el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, para informar las últimas decisiones del Ejecutivo, el presidente de esa colectividad, Carlos Gaviria, señaló que el anuncio del presidente Uribe de facilitar una zona de encuentro para dialogar con las Farc y lograr por esa vía la liberación de todos los secuestrados, es una posibilidad real que se abre y de la cual las Farc deberían responder de manera "positiva".
Gobierno de Francia ya contactó a Farc
PARÍS
Así lo confirmó David Martinon, portavoz del presidente francés, Nicolás Sarkozy, quien aseguró que "agentes (de su país) entraron en contacto con las Farc", sin dar más detalles.
"Es evidente que es una misión muy difícil porque, como pueden imaginarse, eso se hace en medio de la selva y no es sencillo", dijo Martinon a los periodistas en la capital francesa.
Agregó que "esas personas son maravillosas porque toman riesgos personales y por eso hay que mantenerlas en el anonimato".
Martinon, no obstante, calificó de "prematura" la hipótesis de un viaje del presidente Nicolas Sarkozy a Colombia.
También se conoció en París que el gobierno colombiano comunicó a Francia, horas antes, la decisión del presidente Alvaro Uribe de autorizar la zona de encuentro.
El comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, "se comunicó temprano en la mañana (de ayer)" con el gobierno francés para informarle del anuncio que se disponía hacer Uribe, dijo a agencias internacionales una fuente de la Presidencia de Francia, que requirió el anonimato.
También se anunció que está previsto un encuentro en Buenos Aires entre el presidente Alvaro Uribe y el primer ministro francés, François Fillon, quien irá a Argentina en representación del presidente Sarkozy en la toma de posesión de Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta de ese país.
Se dejó claro que el único tema que tratarán Uribe y Fillon será la liberación de los secuestrados.
*Con información de AFP y EFE
Editorial de El Tiempo;
Diciembre 8 de 2007
Se acaba el tiempo
La carta del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, a 'Manuel Marulanda' y a los rehenes y el anuncio de Álvaro Uribe de una zona de encuentro para hablar con las Farc muestran que las esperanzas de solución al drama de cientos de secuestrados, que parecían liquidadas tras el abrupto retiro de Chávez de la escena, no se han perdido del todo. A pesar de la gravísima crisis que el proceso atravesó, una nueva aunque tenue luz brilla al final del túnel.
Pero los sucesos recientes también están llevando lo del intercambio humanitario a caminar constantemente por el filo de la navaja. Con la aparición de las últimas pruebas de supervivencia, el mundo parece haberse dado cuenta de que el tiempo corre inexorablemente en contra de los secuestrados. Íngrid Betancourt y muchos de sus compañeros de infortunio están en creciente peligro de muerte. No solo por el riesgo permanente en que los pone su situación de rehenes, sino porque su salud se deteriora a ojos vistas por las espantosas condiciones en que los tienen las Farc.
Mientras tanto, los hechos se precipitan en desordenada sucesión. El presidente francés hace pública una inusitada carta de jefe de Estado a 'Tirofijo'. Hugo Chávez recibe el pedido de los familiares de continuar con su esfuerzo y, junto con Piedad Córdoba, esboza una agenda paralela para el intercambio. Por su lado, el presidente Uribe se mueve febrilmente con llamadas a once mandatarios, el frustrado envío del Alto Comisionado a París, el anuncio de un 'borrador' de acuerdo y un decreto que regula la liberación de guerrilleros en caso de intercambio. Y el viernes, en otro giro sorpresivo, el Presidente propone a las Farc una 'zona de encuentro'.
* * * *
Se dirá que sus características -'apenas' 150 kilómetros cuadrados, con las partes desarmadas y observadores internacionales- la hacen similar a la propuesta de Bolo Azul, que ya rechazaron las Farc. El Presidente, además de insistir en el 'inamovible' de que los guerrilleros liberados no deben volver a las Farc, anunció un fondo de 100 millones de dólares para premiar a guerrilleros que deserten con rehenes. Algo que bien puede incentivar fugas con ayuda de los captores, pero también volver aún más draconianas las condiciones del cautiverio.
La propuesta del Gobierno, que ha recibido amplio apoyo político (desde el ex presidente Pastrana hasta el Polo Democrático), tiene elementos nuevos. No especifica lugar: parece una oferta abierta para negociar con las Farc dónde sería la zona (¿el Yarí, el Caguán, Pradera?), y, aunque se habla de 30 días, estos podrían prorrogarse. Y, a diferencia de lo que dijo Uribe al cancelar la mediación de Chávez, el Comisionado no es el único interlocutor, y se involucra a la Iglesia, protagonista de alta credibilidad.
Las Farc no han contestado aún la carta de Sarkozy, pero le dijeron, con significativa prontitud, que 'baje el tono' en criticarlas y que acepte que, 'para recibir, hay que dar'. Y no se descarta que den pasos unilaterales en dirección a Chávez (se dice que enviarían más pruebas de vida), quien, a su vez, parece haber suspendido sus ataques a Uribe.
Esta caja de Pandora de anuncios, cartas y propuestas insinúa que la puerta del intercambio humanitario todavía está entreabierta. Y pese a que el propio Uribe llegó a decir que no habría más mediación internacional, esta parece más viva que nunca. Sarkozy escribió al saliente presidente Kirchner; el Primer Ministro italiano y el gobierno brasileño han ofrecido sus oficios; y hay expectativa por lo que discutan los involucrados, que asistirán (además de Piedad Córdoba y la madre de Íngrid) a la posesión de Cristina Fernández, mañana en Buenos Aires.
* * * *
Los desafíos de Uribe son serios. Sus iniciativas indican que es consciente de que debe buscar que la presión internacional recaiga sobre las Farc, por inhumanas, y no sobre el Gobierno, por no despejar. A eso apunta el anuncio de la 'zona de encuentro'. Y a ello contribuyen los llamados de la Defensoría y la Procuraduría para que las Farc permitan una visita humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja a los rehenes.
Para avanzar, lo primero es eliminar la improvisación. Ocurrió al recurrir a Chávez sin medir los efectos políticos que afectaron la relación con Venezuela. Y pasó con el Comisionado, quien, después de anunciar su viaje a París, casi debió bajarse del avión a pedido de los franceses. Uribe debe definir qué quiere de la comunidad internacional: si facilitación, mediación, acompañamiento, o solo mantenerla informada (difícil, dado que la actividad de Sarkozy o Chávez rivaliza con la de Uribe).
Estas confusiones, que crecen con la sucesión de anuncios a veces contradictorios del Gobierno, no contribuyen a avanzar hacia el acuerdo humanitario. A la vez, convertir la negociación en un tumulto internacional de voces disonantes puede terminar jugando a favor de las Farc.
Más sustancia y coherencia, pues, son indispensables, y ojalá el anuncio de la 'zona de encuentro' sea el paso en esa dirección. Y si bien puede ser políticamente rentable para cada mandatario hacer anuncios públicos, para lo que cuenta -la liberación de los secuestrados-, lo mejor sería que todas estas propuestas, desde Colombia y el exterior, transcurrieran en la más estricta discreción, incluido lo que pase con la 'zona de encuentro'. Aquí, el Presidente y el Comisionado deben tomar la vocería exclusiva, sin otras voces de ministros o asesores. Se debe negociar con las Farc, con emisarios reservados y sin micrófonos perturbadores. Si al menos en esta discreción se ponen de acuerdo los presidentes en Buenos Aires, la luz que hoy asoma tímidamente al final del túnel quizá no se apague a la vuelta de unas semanas. No sobra recordarlo: el tiempo se acaba para los secuestrados en Colombia.
La carta del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, a 'Manuel Marulanda' y a los rehenes y el anuncio de Álvaro Uribe de una zona de encuentro para hablar con las Farc muestran que las esperanzas de solución al drama de cientos de secuestrados, que parecían liquidadas tras el abrupto retiro de Chávez de la escena, no se han perdido del todo. A pesar de la gravísima crisis que el proceso atravesó, una nueva aunque tenue luz brilla al final del túnel.
Pero los sucesos recientes también están llevando lo del intercambio humanitario a caminar constantemente por el filo de la navaja. Con la aparición de las últimas pruebas de supervivencia, el mundo parece haberse dado cuenta de que el tiempo corre inexorablemente en contra de los secuestrados. Íngrid Betancourt y muchos de sus compañeros de infortunio están en creciente peligro de muerte. No solo por el riesgo permanente en que los pone su situación de rehenes, sino porque su salud se deteriora a ojos vistas por las espantosas condiciones en que los tienen las Farc.
Mientras tanto, los hechos se precipitan en desordenada sucesión. El presidente francés hace pública una inusitada carta de jefe de Estado a 'Tirofijo'. Hugo Chávez recibe el pedido de los familiares de continuar con su esfuerzo y, junto con Piedad Córdoba, esboza una agenda paralela para el intercambio. Por su lado, el presidente Uribe se mueve febrilmente con llamadas a once mandatarios, el frustrado envío del Alto Comisionado a París, el anuncio de un 'borrador' de acuerdo y un decreto que regula la liberación de guerrilleros en caso de intercambio. Y el viernes, en otro giro sorpresivo, el Presidente propone a las Farc una 'zona de encuentro'.
* * * *
Se dirá que sus características -'apenas' 150 kilómetros cuadrados, con las partes desarmadas y observadores internacionales- la hacen similar a la propuesta de Bolo Azul, que ya rechazaron las Farc. El Presidente, además de insistir en el 'inamovible' de que los guerrilleros liberados no deben volver a las Farc, anunció un fondo de 100 millones de dólares para premiar a guerrilleros que deserten con rehenes. Algo que bien puede incentivar fugas con ayuda de los captores, pero también volver aún más draconianas las condiciones del cautiverio.
La propuesta del Gobierno, que ha recibido amplio apoyo político (desde el ex presidente Pastrana hasta el Polo Democrático), tiene elementos nuevos. No especifica lugar: parece una oferta abierta para negociar con las Farc dónde sería la zona (¿el Yarí, el Caguán, Pradera?), y, aunque se habla de 30 días, estos podrían prorrogarse. Y, a diferencia de lo que dijo Uribe al cancelar la mediación de Chávez, el Comisionado no es el único interlocutor, y se involucra a la Iglesia, protagonista de alta credibilidad.
Las Farc no han contestado aún la carta de Sarkozy, pero le dijeron, con significativa prontitud, que 'baje el tono' en criticarlas y que acepte que, 'para recibir, hay que dar'. Y no se descarta que den pasos unilaterales en dirección a Chávez (se dice que enviarían más pruebas de vida), quien, a su vez, parece haber suspendido sus ataques a Uribe.
Esta caja de Pandora de anuncios, cartas y propuestas insinúa que la puerta del intercambio humanitario todavía está entreabierta. Y pese a que el propio Uribe llegó a decir que no habría más mediación internacional, esta parece más viva que nunca. Sarkozy escribió al saliente presidente Kirchner; el Primer Ministro italiano y el gobierno brasileño han ofrecido sus oficios; y hay expectativa por lo que discutan los involucrados, que asistirán (además de Piedad Córdoba y la madre de Íngrid) a la posesión de Cristina Fernández, mañana en Buenos Aires.
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Los desafíos de Uribe son serios. Sus iniciativas indican que es consciente de que debe buscar que la presión internacional recaiga sobre las Farc, por inhumanas, y no sobre el Gobierno, por no despejar. A eso apunta el anuncio de la 'zona de encuentro'. Y a ello contribuyen los llamados de la Defensoría y la Procuraduría para que las Farc permitan una visita humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja a los rehenes.
Para avanzar, lo primero es eliminar la improvisación. Ocurrió al recurrir a Chávez sin medir los efectos políticos que afectaron la relación con Venezuela. Y pasó con el Comisionado, quien, después de anunciar su viaje a París, casi debió bajarse del avión a pedido de los franceses. Uribe debe definir qué quiere de la comunidad internacional: si facilitación, mediación, acompañamiento, o solo mantenerla informada (difícil, dado que la actividad de Sarkozy o Chávez rivaliza con la de Uribe).
Estas confusiones, que crecen con la sucesión de anuncios a veces contradictorios del Gobierno, no contribuyen a avanzar hacia el acuerdo humanitario. A la vez, convertir la negociación en un tumulto internacional de voces disonantes puede terminar jugando a favor de las Farc.
Más sustancia y coherencia, pues, son indispensables, y ojalá el anuncio de la 'zona de encuentro' sea el paso en esa dirección. Y si bien puede ser políticamente rentable para cada mandatario hacer anuncios públicos, para lo que cuenta -la liberación de los secuestrados-, lo mejor sería que todas estas propuestas, desde Colombia y el exterior, transcurrieran en la más estricta discreción, incluido lo que pase con la 'zona de encuentro'. Aquí, el Presidente y el Comisionado deben tomar la vocería exclusiva, sin otras voces de ministros o asesores. Se debe negociar con las Farc, con emisarios reservados y sin micrófonos perturbadores. Si al menos en esta discreción se ponen de acuerdo los presidentes en Buenos Aires, la luz que hoy asoma tímidamente al final del túnel quizá no se apague a la vuelta de unas semanas. No sobra recordarlo: el tiempo se acaba para los secuestrados en Colombia.
Comunicado de MRLCB
Comunicado 19 del Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB); 05/12/2007;
Al pueblo de México
Hermanos, hermanas
El camino es largo y desconocido en parte;
conocemos nuestras limitaciones.
Haremos el hombre del siglo XXI: nosotros mismos.
Nos forjaremos en la acción cotidiana, creando un hombre nuevo...
Ernesto “Che” Guevara
La oscura noche de la impunidad cubre nuestra patria. La vemos, la respiramos, la sufrimos. Enloda, pudre, roba, encarcela, desaparece, quiere acabar con nuestros mejores sueños. Envilece la vida política impuesta de arriba.
La represión a los estudiantes y egresados de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, refleja el poco respeto por la vida humana que tienen los que hoy nos mal gobiernan. Los derechos de los jóvenes y las necesidades educativas les valen lo que a un magistrado de la suprema corte las leyes.
No existen las diferencias entre un gobernador de “izquierda” perredista, uno de “centro” priísta y uno de derecha panista. Los principios de los empresarios están determinados por el interés económico.
En el caso Lidia Cacho, la actuación de la Suprema Corte de Justicia es patética. Los argumentos legaloides de los magistrados darían risa si no hubieran niños de por medio. Es evidente que el poder que protege a la pornografía infantil es fuerte y amplio. Va más allá del cínico Mario Marín y los gángsters Miguel Angel Yunes, Kamel Nacif, Emilio Gamboa y Manlio F Beltrones. Tiene muchos tentáculos económicos y políticos.
Está en las instituciones federales, estatales y municipales, en las cámaras, en el poder judicial. Unos defienden la pederastia abiertamente, otros, como Calderón, se guardan sus opiniones pero garantizan la impunidad siempre y cuando les reporte ganancia política. Hoy por ti, mañana por mi.
En Oaxaca, la infamia es gobierno. Mas de 20 muertos, cientos de encarcelados y torturados en diferentes momentos, un repudio generalizado y se sostiene a Ulises Ruiz Ortiz.
La venganza represiva en San salvador Atenco contra los que se opusieron a la construcción del aeropuerto aun está reciente. Agresiones sexuales, golpizas, juicios amañados, saña judicial contra los que se atrevieron a ser dignos. La muerte de Alexis Benhumea es una marca de fuego en la conciencia, una muerte más “sin asesinos”. Ni Enrique Peña Nieto, ni el procurador ni los jefes policíacos estatales y federales han sido castigados.
Aguas Blancas, 17 muertos y 21 heridos. Los policías y funcionarios menores que fueron encarcelados como chivos expiatorios, ya están libres. Los verdaderos culpables, Rubén Figueroa y sus principales funcionarios, nunca pisaron la cárcel, a Ernesto Zedillo ni siquiera lo investigaron.
Acteal, la PGR evitó que la investigación apuntara hacia la policía, el ejército y Ernesto Zedillo. La versión oficial: “fueron problemas comunitarios”. La justicia sigue esperando. ¿Creerán que las versiones cisenescas hechas libro pueden ocultar la existencia de grupos paramilitares y de represión ordenada desde arriba?
El Charco, la arbitrariedad militar. Nunca se investigó al general Oropeza Garnica, ahora reprime en Oaxaca.
En la construcción de la presa La Parota, el ecocidio está cantado, viene, es una pieza más del engranaje del “silencioso” Plan Puebla Panamá. Otro engendro del dios “libre mercado”. No importan los empobrecidos, “legalmente” quieren desalojar y construir su proyecto. Es decir, van a usar la fuerza una vez más para seguir tratando de hacer de México –y América- un territorio útil a los intereses y valores estadounidenses y a las compañías trasnacionales
El enriquecimiento explicable de Carlos Slim que junto al padre del hoy director de la CFE, contrabandearon armas para la falange libanesa durante la guerra civil en El Líbano; armas que en los campos de refugiados de Sabrah y Shatila dejaron miles de civiles muertos y heridos en 1982. La venta (regalo) de Telmex en 10% de su valor. Las acciones secretas de la familia Salinas en Telmex, evidenciadas durante el divorcio de la ex-primera dama. El aumento a las tarifas telefónicas en más de 300% desde su privatización.
Hay otra impunidad, más terrible si se puede, menos visible. La impunidad con la que los grandes ricos se hacen más ricos a costa de saquear, destruir, hipotecar y mal baratar a nuestro país. ¿Cómo es posible que en los primeros nueve meses de este año los ricos enviaron al extranjero la mayor cantidad registrada en los últimos diez años? ¿Dónde están los millones de dólares que ingresan cada día por la venta del petróleo mexicano?
Impunidad para mutilar las pensiones del Seguro Social, para robarles a los maestros las conquistas laborales con la nueva ley del ISSSTE. Impunidad para cambiar los usos de suelo y apoderarse de las tierras y aguas que todavía son de las comunidades y pueblos.
La lista de impunidades, aunque esté incompleta, es larga:
El asesinato de Digna Ochoa.
El caso de Ernestina Ascencio.
Los desaparecidos políticos, los recientes y los anteriores.
Los enriquecimientos explicables de Vicente Fox, Rodolfo Montiel, los hijos de Marta Sahagún y muchos otros ladrones.
Los nunca investigados nexos de la familia Salinas con los carteles del Golfo y de Juárez, o de Fox con el de Sinaloa.
El robo y abandono a los damnificados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y otros. Antes y ahora se enriquecen con las tragedias. Hoy en Tabasco desde el poder condicionan la ayuda, los bancos jinetean los depósitos de apoyo a los damnificados, otros se frotan las manos o esperan los jugosos negocios de la reconstrucción.
Los gobernadores, los diputados, los senadores, los funcionarios federales, estatales o municipales, los jueces, los jefes policíacos y militares, los ligados al narcotráfico, los banqueros, antiguos y de nuevo cuño panista como Coppel, Wal Mart, Famsa...
El Fobaproa, el 68...solo puntas del iceberg
Instituciones corruptas que con su acción hacen evidente la falsedad declarativa, la contradicción discursiva. La necesidad oficial de mantener un aparente estado de derecho.
Tantas razones para indignarse, reflexionar, movilizarse, organizarse, luchar.
Cada vez que hablan de democracia y de justicia es más evidente que su “justicia” no es la nuestra. La “justicia” de los ricos es profundamente injusta. Su ética es la del ladrón, el corrupto, el mentiroso, el asesino. Su “democracia” con abismática desigualdad se sostiene gracias a la gran impunidad para delinquir desde el poder.
Impunidad para robar, enriquecerse a costa de lo que sea, destruir el medio ambiente, despojarnos de nuestros recursos naturales y riquezas sociales, negarnos nuestros derechos, vejar, corromper, reprimir, encarcelar, desaparecer, asesinar.
¿Cuanto más vamos a aguantar? ¿Hasta donde llegan nuestros límites? La paciencia de algunos se acabó, la de otros ya no es tanta. ¿Hasta donde se puede tolerar que acaben con la vida? ¿Aguantar que el futuro de los jóvenes sea la desesperanza?
Todos somos masacrados de Acteal, El Charco y Aguas Blancas; reprimidos de Oaxaca, Atenco y Sicartsa; enterrados en Pasta de Conchos; perdemos la libertad con cada preso político y de conciencia; desaparecemos día a día con los desaparecidos de ayer y hoy; y nos matan día a día cuando olvidamos a cada asesinado.
Hoy la impunidad se pasea triunfante. Se engañan los que creen que esto será eterno. La única justicia posible es la de los de abajo, la de los vencidos, la del pueblo.
Por eso existimos los que luchamos, en la “legalidad” o en la clandestinidad. Por eso son válidas todas las formas de lucha.
Saludamos a los compañeros de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento 2 de diciembre que continúan levantando la bandera de lucha de las comunidades y dan vida a Lucio en su práctica diaria. Compartimos lo que dicen en su primer manifiesto: Lucio está vivo no sólo en el recuerdo sino en la necesidad de continuar la lucha. Lucio está presente en todos los que hoy levantamos nuestras voces y armas de protesta.
Poco a poco crece el esfuerzo de los que queremos construir un bloque social, con alianzas entre los de abajo. Un proyecto social consensuado, que articule en todo lo posible las diferentes luchas, los diversos sentires, los múltiples modos.
Un proyecto apto para transformar la sociedad. Algunos creemos que históricamente, luchar por la democracia, es luchar por el socialismo. Que no hay democracia en medio de la gran miseria de muchos y la enorme riqueza de unos cuantos.
Necesitamos una sociedad diferente, con una moral colectiva distinta a la que hoy nos machacan los medios de comunicación con sus constantes invitaciones a consumir aún lo que no necesitamos. Consume y consume, aunque no tengas empleo, puedes robar o tranzar.
Necesitamos una nueva moral colectiva donde no se privilegie el consumo individual, donde entendamos que calidad de vida es tener lo necesario para vivir con dignidad, sin perjudicar a los demás, sin olvidarnos de nuestra patria ni de la naturaleza. Con respeto entre las personas, hacia uno mismo y hacia nuestro entorno.
La acción de unos pocos queriendo imponer sus ideas solo lleva al fracaso. Necesitamos el diálogo entre los de abajo, respetando las diferencias, buscando y promoviendo las coincidencias y las acciones acordadas.
Luchar contra la impunidad buscando el interés de la mayoría, el bien de los que nunca han tenido nada. Transformar nuestra patria en un lugar menos desigual, mas equitativo, es posible cuando nos apoyamos en una nueva moral, rescatada desde abajo por los de abajo. Una moral colectiva convertida en fuerza de masas.
Con la organización y la moral de los de abajo derrotaremos la impunidad.
¡RESISTIREMOS Y SEREMOS MILLONES!
¡GLOBALICEMOS LA SOLIDARIDAD Y LA FRATERNIDAD ENTRE LOS PUEBLOS!
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS.
(MRLCB).
República Mexicana a 5 de diciembre del 2007
PD:
Nuestras compañeras mandan una calurosa mentada de madre a las dos magistradas de la Suprema Corte de Justicia que votaron a favor de la impunidad y de las redes de pederastia. Lástima de méritos profesionales si se ponen al servicio de un orden establecido contrario a los más elementales derechos de la niñez.
Cuando les discutimos que por qué no generalizaban la mentada a los magistrados que votaron a favor de Marín, respondieron que pues si, pero que doble a las juezas porque se necesita tener muy poca madre para a votar a favor de que continúe la explotación infantil, claro, de los niños pobres.
© 2006 - Cedema.org
Al pueblo de México
Hermanos, hermanas
El camino es largo y desconocido en parte;
conocemos nuestras limitaciones.
Haremos el hombre del siglo XXI: nosotros mismos.
Nos forjaremos en la acción cotidiana, creando un hombre nuevo...
Ernesto “Che” Guevara
La oscura noche de la impunidad cubre nuestra patria. La vemos, la respiramos, la sufrimos. Enloda, pudre, roba, encarcela, desaparece, quiere acabar con nuestros mejores sueños. Envilece la vida política impuesta de arriba.
La represión a los estudiantes y egresados de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, refleja el poco respeto por la vida humana que tienen los que hoy nos mal gobiernan. Los derechos de los jóvenes y las necesidades educativas les valen lo que a un magistrado de la suprema corte las leyes.
No existen las diferencias entre un gobernador de “izquierda” perredista, uno de “centro” priísta y uno de derecha panista. Los principios de los empresarios están determinados por el interés económico.
En el caso Lidia Cacho, la actuación de la Suprema Corte de Justicia es patética. Los argumentos legaloides de los magistrados darían risa si no hubieran niños de por medio. Es evidente que el poder que protege a la pornografía infantil es fuerte y amplio. Va más allá del cínico Mario Marín y los gángsters Miguel Angel Yunes, Kamel Nacif, Emilio Gamboa y Manlio F Beltrones. Tiene muchos tentáculos económicos y políticos.
Está en las instituciones federales, estatales y municipales, en las cámaras, en el poder judicial. Unos defienden la pederastia abiertamente, otros, como Calderón, se guardan sus opiniones pero garantizan la impunidad siempre y cuando les reporte ganancia política. Hoy por ti, mañana por mi.
En Oaxaca, la infamia es gobierno. Mas de 20 muertos, cientos de encarcelados y torturados en diferentes momentos, un repudio generalizado y se sostiene a Ulises Ruiz Ortiz.
La venganza represiva en San salvador Atenco contra los que se opusieron a la construcción del aeropuerto aun está reciente. Agresiones sexuales, golpizas, juicios amañados, saña judicial contra los que se atrevieron a ser dignos. La muerte de Alexis Benhumea es una marca de fuego en la conciencia, una muerte más “sin asesinos”. Ni Enrique Peña Nieto, ni el procurador ni los jefes policíacos estatales y federales han sido castigados.
Aguas Blancas, 17 muertos y 21 heridos. Los policías y funcionarios menores que fueron encarcelados como chivos expiatorios, ya están libres. Los verdaderos culpables, Rubén Figueroa y sus principales funcionarios, nunca pisaron la cárcel, a Ernesto Zedillo ni siquiera lo investigaron.
Acteal, la PGR evitó que la investigación apuntara hacia la policía, el ejército y Ernesto Zedillo. La versión oficial: “fueron problemas comunitarios”. La justicia sigue esperando. ¿Creerán que las versiones cisenescas hechas libro pueden ocultar la existencia de grupos paramilitares y de represión ordenada desde arriba?
El Charco, la arbitrariedad militar. Nunca se investigó al general Oropeza Garnica, ahora reprime en Oaxaca.
En la construcción de la presa La Parota, el ecocidio está cantado, viene, es una pieza más del engranaje del “silencioso” Plan Puebla Panamá. Otro engendro del dios “libre mercado”. No importan los empobrecidos, “legalmente” quieren desalojar y construir su proyecto. Es decir, van a usar la fuerza una vez más para seguir tratando de hacer de México –y América- un territorio útil a los intereses y valores estadounidenses y a las compañías trasnacionales
El enriquecimiento explicable de Carlos Slim que junto al padre del hoy director de la CFE, contrabandearon armas para la falange libanesa durante la guerra civil en El Líbano; armas que en los campos de refugiados de Sabrah y Shatila dejaron miles de civiles muertos y heridos en 1982. La venta (regalo) de Telmex en 10% de su valor. Las acciones secretas de la familia Salinas en Telmex, evidenciadas durante el divorcio de la ex-primera dama. El aumento a las tarifas telefónicas en más de 300% desde su privatización.
Hay otra impunidad, más terrible si se puede, menos visible. La impunidad con la que los grandes ricos se hacen más ricos a costa de saquear, destruir, hipotecar y mal baratar a nuestro país. ¿Cómo es posible que en los primeros nueve meses de este año los ricos enviaron al extranjero la mayor cantidad registrada en los últimos diez años? ¿Dónde están los millones de dólares que ingresan cada día por la venta del petróleo mexicano?
Impunidad para mutilar las pensiones del Seguro Social, para robarles a los maestros las conquistas laborales con la nueva ley del ISSSTE. Impunidad para cambiar los usos de suelo y apoderarse de las tierras y aguas que todavía son de las comunidades y pueblos.
La lista de impunidades, aunque esté incompleta, es larga:
El asesinato de Digna Ochoa.
El caso de Ernestina Ascencio.
Los desaparecidos políticos, los recientes y los anteriores.
Los enriquecimientos explicables de Vicente Fox, Rodolfo Montiel, los hijos de Marta Sahagún y muchos otros ladrones.
Los nunca investigados nexos de la familia Salinas con los carteles del Golfo y de Juárez, o de Fox con el de Sinaloa.
El robo y abandono a los damnificados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y otros. Antes y ahora se enriquecen con las tragedias. Hoy en Tabasco desde el poder condicionan la ayuda, los bancos jinetean los depósitos de apoyo a los damnificados, otros se frotan las manos o esperan los jugosos negocios de la reconstrucción.
Los gobernadores, los diputados, los senadores, los funcionarios federales, estatales o municipales, los jueces, los jefes policíacos y militares, los ligados al narcotráfico, los banqueros, antiguos y de nuevo cuño panista como Coppel, Wal Mart, Famsa...
El Fobaproa, el 68...solo puntas del iceberg
Instituciones corruptas que con su acción hacen evidente la falsedad declarativa, la contradicción discursiva. La necesidad oficial de mantener un aparente estado de derecho.
Tantas razones para indignarse, reflexionar, movilizarse, organizarse, luchar.
Cada vez que hablan de democracia y de justicia es más evidente que su “justicia” no es la nuestra. La “justicia” de los ricos es profundamente injusta. Su ética es la del ladrón, el corrupto, el mentiroso, el asesino. Su “democracia” con abismática desigualdad se sostiene gracias a la gran impunidad para delinquir desde el poder.
Impunidad para robar, enriquecerse a costa de lo que sea, destruir el medio ambiente, despojarnos de nuestros recursos naturales y riquezas sociales, negarnos nuestros derechos, vejar, corromper, reprimir, encarcelar, desaparecer, asesinar.
¿Cuanto más vamos a aguantar? ¿Hasta donde llegan nuestros límites? La paciencia de algunos se acabó, la de otros ya no es tanta. ¿Hasta donde se puede tolerar que acaben con la vida? ¿Aguantar que el futuro de los jóvenes sea la desesperanza?
Todos somos masacrados de Acteal, El Charco y Aguas Blancas; reprimidos de Oaxaca, Atenco y Sicartsa; enterrados en Pasta de Conchos; perdemos la libertad con cada preso político y de conciencia; desaparecemos día a día con los desaparecidos de ayer y hoy; y nos matan día a día cuando olvidamos a cada asesinado.
Hoy la impunidad se pasea triunfante. Se engañan los que creen que esto será eterno. La única justicia posible es la de los de abajo, la de los vencidos, la del pueblo.
Por eso existimos los que luchamos, en la “legalidad” o en la clandestinidad. Por eso son válidas todas las formas de lucha.
Saludamos a los compañeros de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento 2 de diciembre que continúan levantando la bandera de lucha de las comunidades y dan vida a Lucio en su práctica diaria. Compartimos lo que dicen en su primer manifiesto: Lucio está vivo no sólo en el recuerdo sino en la necesidad de continuar la lucha. Lucio está presente en todos los que hoy levantamos nuestras voces y armas de protesta.
Poco a poco crece el esfuerzo de los que queremos construir un bloque social, con alianzas entre los de abajo. Un proyecto social consensuado, que articule en todo lo posible las diferentes luchas, los diversos sentires, los múltiples modos.
Un proyecto apto para transformar la sociedad. Algunos creemos que históricamente, luchar por la democracia, es luchar por el socialismo. Que no hay democracia en medio de la gran miseria de muchos y la enorme riqueza de unos cuantos.
Necesitamos una sociedad diferente, con una moral colectiva distinta a la que hoy nos machacan los medios de comunicación con sus constantes invitaciones a consumir aún lo que no necesitamos. Consume y consume, aunque no tengas empleo, puedes robar o tranzar.
Necesitamos una nueva moral colectiva donde no se privilegie el consumo individual, donde entendamos que calidad de vida es tener lo necesario para vivir con dignidad, sin perjudicar a los demás, sin olvidarnos de nuestra patria ni de la naturaleza. Con respeto entre las personas, hacia uno mismo y hacia nuestro entorno.
La acción de unos pocos queriendo imponer sus ideas solo lleva al fracaso. Necesitamos el diálogo entre los de abajo, respetando las diferencias, buscando y promoviendo las coincidencias y las acciones acordadas.
Luchar contra la impunidad buscando el interés de la mayoría, el bien de los que nunca han tenido nada. Transformar nuestra patria en un lugar menos desigual, mas equitativo, es posible cuando nos apoyamos en una nueva moral, rescatada desde abajo por los de abajo. Una moral colectiva convertida en fuerza de masas.
Con la organización y la moral de los de abajo derrotaremos la impunidad.
¡RESISTIREMOS Y SEREMOS MILLONES!
¡GLOBALICEMOS LA SOLIDARIDAD Y LA FRATERNIDAD ENTRE LOS PUEBLOS!
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS.
(MRLCB).
República Mexicana a 5 de diciembre del 2007
PD:
Nuestras compañeras mandan una calurosa mentada de madre a las dos magistradas de la Suprema Corte de Justicia que votaron a favor de la impunidad y de las redes de pederastia. Lástima de méritos profesionales si se ponen al servicio de un orden establecido contrario a los más elementales derechos de la niñez.
Cuando les discutimos que por qué no generalizaban la mentada a los magistrados que votaron a favor de Marín, respondieron que pues si, pero que doble a las juezas porque se necesita tener muy poca madre para a votar a favor de que continúe la explotación infantil, claro, de los niños pobres.
© 2006 - Cedema.org
Respuesta de Segob al EPR
Boletín 331- 07/12/2007;
NO TIENE NINGUNA RAZÓN VALIDA EL EPR PARA SU CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO CONTRA EL PUEBLO DE MÉXICO: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Desde principios de junio, esa organización ha publicado alrededor de 40 comunicados cuyo contenido se reduce a tres aspectos: 1) denunciar la desaparición de dos de sus miembros; 2) exigir su presentación con vida y, 3) amenazar con acciones violentas en contra de los mexicanos si su demanda no es satisfecha.
Analizados en conjunto, el razonamiento de todos ellos es simple: los eperristas se presentan como luchadores sociales, integrantes de una organización "revolucionaria" que serían víctimas de una supuesta guerra sucia del gobierno del Presidente Felipe Calderón, lo cual justificaría sus acciones violentas de autodefensa. Los comunicados se complementan con dos grupos de datos o afirmaciones que intentan demostrar: a) la existencia de la guerra sucia, la cual los convertiría en víctimas y b) denunciar la política neoliberal del gobierno, y ello les otorgaría la calidad de revolucionarios o luchadores sociales.
¿Guerra sucia?
Para "demostrar" la guerra sucia, citan las desapariciones ocurridas en los sexenios de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez; y, a falta de otros hechos que hagan sostenible su "argumento", también incluyen actos inconexos y heterogéneos, como robos comunes; secuestros realizados por taxistas; etc. Para que les cuadre el argumento, aseguran que todos esos eventos fueron ordenados por el Presidente Felipe Calderón o realizados mediante una confabulación -nunca demostrada— entre éste y los responsables directos.
Otro hecho utilizado para documentar la supuesta guerra sucia, es la prioridad dada por el gobierno a la seguridad y el consecuente combate al narcotráfico, apoyado por el ejército. De esa voluntad de recuperar el estado de derecho con la participación de una parte de las fuerzas armadas, concluyen, sin más, que el país está militarizado.
Son mencionados también los incidentes en los que algunos miembros del ejército han violado derechos humanos de ciudadanos, los cuales motivaron recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Éstas han sido acatadas y los responsables están siendo sometidos a la justicia. Como el mismo Presidente de la CNDH lo afirmó, han sido incidentes aislados y de ninguna manera forman parte de una política deliberada del Gobierno Federal en contra de los derechos ciudadanos.
Por desgracia en México aún no existe una cultura de legalidad más arraigada; una parte de la sociedad minimiza la importancia del estado de derecho. Una vertiente muy socorrida de ese desprecio es la convicción de que las causas sociales y/o políticas justifican no sólo violar las leyes, sino incluso usar la violencia. Algunas organizaciones sociales consideran tener derecho a todo tipo de protestas, incluyendo acciones que violan leyes y atentan contra derechos de otros ciudadanos, además del empleo de violencia. Desde esa perspectiva, cualquier acción de las autoridades en contra de una movilización o de una acción en la que se viola la ley o se afectan derechos de terceros por parte de los manifestantes, es represión.
Sólo desde esa lógica se puede considerar que si algunos activistas son detenidos, juzgados, sentenciados y encarcelados, es porque el Estado "criminaliza" a las organizaciones sociales y quien viola la ley se convierte en preso político o de conciencia. Esto último es otro de los argumentos de los comunicados en torno a la guerra sucia. Pero en cualquier sociedad democrática, es el Estado quien tiene el derecho al uso legítimo de la fuerza. En la medida que se viola la ley y se ejerce la violencia afectando los derechos de terceros, el Estado tiene la obligación de hacerla valer. No son entonces presos políticos ni de conciencia. De la misma manera, y con mayor rigor, se deben castigar los abusos y excesos reales de los cuerpos policíacos.
En el Gobierno del Presidente Felipe Calderón no se persigue ni se perseguirá a ningún activista social por serlo. No obstante la magnitud de los actos de sabotaje contra PEMEX y las afectaciones a miles de ciudadanos, el Gobierno Federal no desató una cacería de brujas contra activistas; ni las cárceles están llenas de sospechosos y no existe, a la fecha, ninguna denuncia formal de torturados y desaparecidos vinculados con estos eventos. Se demuestra que la guerra sucia del Gobierno Federal es un invento.
Los desaparecidos
Para el EPR la prueba contundente de la guerra sucia es la desaparición de sus compañeros, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya el 25 de mayo pasado, atribuyéndolo al Gobierno Federal. El problema es que esa última afirmación carece de sustento, lo que se deriva de la lectura de sus comunicados. En su comunicado del 5 de junio, responsabilizaron al Presidente Felipe Calderón y a los titulares de Gobernación, Defensa, Seguridad Pública; de la PGR y al Gobernador de Oaxaca. Es decir a todos, de manera genérica, sin ninguna prueba. En el texto del 13 de junio además de los anteriores, también culparon al panismo y al "Yunque".
El 20 junio aseveraron que la desaparición era uno más de los delitos de Ulises Ruiz. El 10 de julio, los responsables eran el Procurador de Oaxaca y el Coordinador Regional del la PFP en Oaxaca; el 30 de julio, afirmaron que la desaparición la acordó el Presidente Calderón junto con la "cúpula de generales". El 3 de agosto Ulises Ruiz y Felipe Calderón fueron señalados como autores materiales de la desaparición.
En el comunicado del 30 de agosto, "integrantes de la AFI y de la PFP" llevaron a cabo la detención; además incluyeron a los generales Alfredo Oropeza y Martín Morfín; a Francisco Garduño y una larga lista de funcionarios federales como cómplices. El 18 de octubre, aseguraron que Genaro García Luna los tenía detenidos y debía entregarlos. Para completar el cuadro de confusión, afirmaron por medio de una organización de derechos humanos que los desaparecidos estaban en el campo militar N° 1; empero, con miembros de la CNDH se revisaron sin resultado alguno esas instalaciones militares. También rechazaron categóricamente algunos señalamientos de que pudieron haber sido secuestrados por el crimen organizado.
La conclusión obvia de esta serie de acusaciones es que los eperristas no tienen una idea clara de qué les pasó a sus compañeros y menos de quienes fueron los autores ni materiales ni intelectuales de la presunta desaparición. Tampoco poseen ninguna evidencia, sólo especulaciones cambiantes y contradictorias. No obstante lo anterior, su conclusión por demás nunca sustentada, es que el Gobierno Federal y el Presidente Calderón son los responsables.
La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos; ello implica la vigencia del Estado de Derecho. Esa es razón suficiente para que el Gobierno Federal investigue la presunta desaparición de las dos personas de esa organización. La PGR inició la averiguación previa desde el 11 de julio de este año y posteriormente el Presidente Felipe Calderón instruyó al CISEN a colaborar decididamente con la Procuraduría en el esclarecimiento del paradero de esas dos personas. Se está haciendo, con estricto apego a la ley. Se tienen varias hipótesis generales que no descartan ninguna posibilidad, y cada una de ellas tiene un conjunto de líneas de investigación, que se están abordando de manera ordenada, sistemática y con mucho rigor.
La tarea no será fácil, pues la información inicial es escasa debido que los familiares de los presuntos desaparecidos proporcionaron pocos datos, pues aseguran que desde hace 30 años no saben nada de ellos. Cinco meses después se ha logrado perfilar hipótesis y avanzar en ellas. La ley prohíbe hacer públicos los avances de las averiguaciones previas en curso. El Presidente Calderón, además de asegurar que el Gobierno Federal es completamente ajeno a la desaparición, ha manifestado con palabras y obras su voluntad de resolver el problema. Por consecuencia, los eperristas deben saber también que se está trabajando seriamente en el esclarecimiento del caso de sus compañeros.
Para ser congruentes con su posicionamiento, el EPR debiera cesar su "campaña de hostigamiento". En primer lugar, porque su demanda está siendo atendida. En segundo, porque la supuesta guerra sucia de la cual serían víctimas no existe. Y en tercer lugar ¿Con qué autoridad moral le demandan al Estado la vigencia del Estado de Derecho (que aparezcan sus compañeros) si ellos se otorgan el derecho de violarlo (realizar actos de sabotaje) cada vez que quieran? Si a pesar de estas tres razones, deciden continuar con la violencia en contra de los mexicanos, quedará claro que su demanda no es real y tienen otros motivos para agredir. Estarían mintiendo.
El Gobierno Federal tiene un compromiso con la sociedad de otorgar seguridad a todos los mexicanos y de darle plena vigencia al Estado de Derecho. Por eso, al mismo tiempo que está obligado a esclarecer la presunta desaparición de esos dos eperristas, también condena enérgicamente los actos violentos, sin importar la motivación de sus autores, y hará todo lo que esté de su parte para impedir nuevos actos de sabotaje en contra de los mexicanos y sus instituciones, y para castigar a los responsables. México es un país democrático; las verdaderas luchas sociales pueden construir espacios para dialogar, demandar y actuar dentro de las instituciones y del marco de la ley.
NO TIENE NINGUNA RAZÓN VALIDA EL EPR PARA SU CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO CONTRA EL PUEBLO DE MÉXICO: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Desde principios de junio, esa organización ha publicado alrededor de 40 comunicados cuyo contenido se reduce a tres aspectos: 1) denunciar la desaparición de dos de sus miembros; 2) exigir su presentación con vida y, 3) amenazar con acciones violentas en contra de los mexicanos si su demanda no es satisfecha.
Analizados en conjunto, el razonamiento de todos ellos es simple: los eperristas se presentan como luchadores sociales, integrantes de una organización "revolucionaria" que serían víctimas de una supuesta guerra sucia del gobierno del Presidente Felipe Calderón, lo cual justificaría sus acciones violentas de autodefensa. Los comunicados se complementan con dos grupos de datos o afirmaciones que intentan demostrar: a) la existencia de la guerra sucia, la cual los convertiría en víctimas y b) denunciar la política neoliberal del gobierno, y ello les otorgaría la calidad de revolucionarios o luchadores sociales.
¿Guerra sucia?
Para "demostrar" la guerra sucia, citan las desapariciones ocurridas en los sexenios de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez; y, a falta de otros hechos que hagan sostenible su "argumento", también incluyen actos inconexos y heterogéneos, como robos comunes; secuestros realizados por taxistas; etc. Para que les cuadre el argumento, aseguran que todos esos eventos fueron ordenados por el Presidente Felipe Calderón o realizados mediante una confabulación -nunca demostrada— entre éste y los responsables directos.
Otro hecho utilizado para documentar la supuesta guerra sucia, es la prioridad dada por el gobierno a la seguridad y el consecuente combate al narcotráfico, apoyado por el ejército. De esa voluntad de recuperar el estado de derecho con la participación de una parte de las fuerzas armadas, concluyen, sin más, que el país está militarizado.
Son mencionados también los incidentes en los que algunos miembros del ejército han violado derechos humanos de ciudadanos, los cuales motivaron recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Éstas han sido acatadas y los responsables están siendo sometidos a la justicia. Como el mismo Presidente de la CNDH lo afirmó, han sido incidentes aislados y de ninguna manera forman parte de una política deliberada del Gobierno Federal en contra de los derechos ciudadanos.
Por desgracia en México aún no existe una cultura de legalidad más arraigada; una parte de la sociedad minimiza la importancia del estado de derecho. Una vertiente muy socorrida de ese desprecio es la convicción de que las causas sociales y/o políticas justifican no sólo violar las leyes, sino incluso usar la violencia. Algunas organizaciones sociales consideran tener derecho a todo tipo de protestas, incluyendo acciones que violan leyes y atentan contra derechos de otros ciudadanos, además del empleo de violencia. Desde esa perspectiva, cualquier acción de las autoridades en contra de una movilización o de una acción en la que se viola la ley o se afectan derechos de terceros por parte de los manifestantes, es represión.
Sólo desde esa lógica se puede considerar que si algunos activistas son detenidos, juzgados, sentenciados y encarcelados, es porque el Estado "criminaliza" a las organizaciones sociales y quien viola la ley se convierte en preso político o de conciencia. Esto último es otro de los argumentos de los comunicados en torno a la guerra sucia. Pero en cualquier sociedad democrática, es el Estado quien tiene el derecho al uso legítimo de la fuerza. En la medida que se viola la ley y se ejerce la violencia afectando los derechos de terceros, el Estado tiene la obligación de hacerla valer. No son entonces presos políticos ni de conciencia. De la misma manera, y con mayor rigor, se deben castigar los abusos y excesos reales de los cuerpos policíacos.
En el Gobierno del Presidente Felipe Calderón no se persigue ni se perseguirá a ningún activista social por serlo. No obstante la magnitud de los actos de sabotaje contra PEMEX y las afectaciones a miles de ciudadanos, el Gobierno Federal no desató una cacería de brujas contra activistas; ni las cárceles están llenas de sospechosos y no existe, a la fecha, ninguna denuncia formal de torturados y desaparecidos vinculados con estos eventos. Se demuestra que la guerra sucia del Gobierno Federal es un invento.
Los desaparecidos
Para el EPR la prueba contundente de la guerra sucia es la desaparición de sus compañeros, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya el 25 de mayo pasado, atribuyéndolo al Gobierno Federal. El problema es que esa última afirmación carece de sustento, lo que se deriva de la lectura de sus comunicados. En su comunicado del 5 de junio, responsabilizaron al Presidente Felipe Calderón y a los titulares de Gobernación, Defensa, Seguridad Pública; de la PGR y al Gobernador de Oaxaca. Es decir a todos, de manera genérica, sin ninguna prueba. En el texto del 13 de junio además de los anteriores, también culparon al panismo y al "Yunque".
El 20 junio aseveraron que la desaparición era uno más de los delitos de Ulises Ruiz. El 10 de julio, los responsables eran el Procurador de Oaxaca y el Coordinador Regional del la PFP en Oaxaca; el 30 de julio, afirmaron que la desaparición la acordó el Presidente Calderón junto con la "cúpula de generales". El 3 de agosto Ulises Ruiz y Felipe Calderón fueron señalados como autores materiales de la desaparición.
En el comunicado del 30 de agosto, "integrantes de la AFI y de la PFP" llevaron a cabo la detención; además incluyeron a los generales Alfredo Oropeza y Martín Morfín; a Francisco Garduño y una larga lista de funcionarios federales como cómplices. El 18 de octubre, aseguraron que Genaro García Luna los tenía detenidos y debía entregarlos. Para completar el cuadro de confusión, afirmaron por medio de una organización de derechos humanos que los desaparecidos estaban en el campo militar N° 1; empero, con miembros de la CNDH se revisaron sin resultado alguno esas instalaciones militares. También rechazaron categóricamente algunos señalamientos de que pudieron haber sido secuestrados por el crimen organizado.
La conclusión obvia de esta serie de acusaciones es que los eperristas no tienen una idea clara de qué les pasó a sus compañeros y menos de quienes fueron los autores ni materiales ni intelectuales de la presunta desaparición. Tampoco poseen ninguna evidencia, sólo especulaciones cambiantes y contradictorias. No obstante lo anterior, su conclusión por demás nunca sustentada, es que el Gobierno Federal y el Presidente Calderón son los responsables.
La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos; ello implica la vigencia del Estado de Derecho. Esa es razón suficiente para que el Gobierno Federal investigue la presunta desaparición de las dos personas de esa organización. La PGR inició la averiguación previa desde el 11 de julio de este año y posteriormente el Presidente Felipe Calderón instruyó al CISEN a colaborar decididamente con la Procuraduría en el esclarecimiento del paradero de esas dos personas. Se está haciendo, con estricto apego a la ley. Se tienen varias hipótesis generales que no descartan ninguna posibilidad, y cada una de ellas tiene un conjunto de líneas de investigación, que se están abordando de manera ordenada, sistemática y con mucho rigor.
La tarea no será fácil, pues la información inicial es escasa debido que los familiares de los presuntos desaparecidos proporcionaron pocos datos, pues aseguran que desde hace 30 años no saben nada de ellos. Cinco meses después se ha logrado perfilar hipótesis y avanzar en ellas. La ley prohíbe hacer públicos los avances de las averiguaciones previas en curso. El Presidente Calderón, además de asegurar que el Gobierno Federal es completamente ajeno a la desaparición, ha manifestado con palabras y obras su voluntad de resolver el problema. Por consecuencia, los eperristas deben saber también que se está trabajando seriamente en el esclarecimiento del caso de sus compañeros.
Para ser congruentes con su posicionamiento, el EPR debiera cesar su "campaña de hostigamiento". En primer lugar, porque su demanda está siendo atendida. En segundo, porque la supuesta guerra sucia de la cual serían víctimas no existe. Y en tercer lugar ¿Con qué autoridad moral le demandan al Estado la vigencia del Estado de Derecho (que aparezcan sus compañeros) si ellos se otorgan el derecho de violarlo (realizar actos de sabotaje) cada vez que quieran? Si a pesar de estas tres razones, deciden continuar con la violencia en contra de los mexicanos, quedará claro que su demanda no es real y tienen otros motivos para agredir. Estarían mintiendo.
El Gobierno Federal tiene un compromiso con la sociedad de otorgar seguridad a todos los mexicanos y de darle plena vigencia al Estado de Derecho. Por eso, al mismo tiempo que está obligado a esclarecer la presunta desaparición de esos dos eperristas, también condena enérgicamente los actos violentos, sin importar la motivación de sus autores, y hará todo lo que esté de su parte para impedir nuevos actos de sabotaje en contra de los mexicanos y sus instituciones, y para castigar a los responsables. México es un país democrático; las verdaderas luchas sociales pueden construir espacios para dialogar, demandar y actuar dentro de las instituciones y del marco de la ley.
Foto: de Héctor Tellez, tomada de Milenio Diario.
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