27 feb 2006

Despenalizar la libertad de expresión

A un día de que se nombrara a David Vega Vera, como nuevo fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, el diputado Vicepresidente Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del PRI presentó la semana pasada una iniciativa de ley para despenalizar la libertad de expresión.
Con ello se pretende se deroguen los artículos 350, 351, 352, 353, 354 y 355 del Código Penal Federal.
Este es su planteamiento.
Compañeras y compañeros diputados:
Las libertades de expresión y de imprenta, así como el derecho a la información, son esenciales a toda democracia. De no existir se dejaría sin control al ejercicio del poder, con lo que prevalecería el abuso, la intolerancia, la falta de transparencia, la corrupción y la impunidad gubernamentales, por eso las democracias modernas reconocen la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, en sus Constituciones Políticas. No obstante, la normatividad jurídica en los regímenes democráticos se cuida de no otorgarlas como libertades o derechos absolutos, sino que las concibe como una mecánica de pesos y contrapesos.
El derecho democrático buscar encontrar equilibrios entre el interés individual a la manifestación de las ideas y a su reproducción en medios escritos y electrónicos, con el derecho a una adecuada convivencia social basada en el respeto al derecho de los terceros.
Nuestra Constitución garantiza la libertad de expresión y su difusión, pero hace también responsable al ser humano libre para que, si en uso de esa libertad violenta la convivencia, la sociedad pueda exigir cuentas de ello. Digamos entonces, que tan reaccionario resultaría el impedir el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, como el permitir que éstas pudieran ejercerse abusiva, discrecional e indiscriminadamente.
En nuestro país la libertad de expresión y su modalidad de libertad de imprenta o de prensa están consagradas como garantías constitucionales, este reconocimiento ha sido y es el fundamento constitucional que protege el trabajo de los periodistas, constituye lo que se ha llamado la "Democracia Informativa", sin embargo, en los hechos es indudable que esa protección ha servido de parapeto a extralimitaciones mediáticas o de instrumento perverso para desprestigiar al adversario político.
La falta de precisión para determinar los límites entre el adecuado ejercicio de estas libertades y los derechos de terceros han dado motivo al abuso y a la generación artificial del escándalo mediático. La complejidad para precisar dónde inician unas y terminan los otros ha inducido al deterioro o a la pérdida irreparable del honor y las carreras de muchos servidores públicos. El ejercicio periodístico irresponsable, apresurado o tendencioso ha afectado injustificadamente al poder político representado por personas físicas, con demasiada frecuencia. Muchos han sido difamados; a cualquier acusación basada en hechos reales o ficticios se da curso mediático, los medios presumen culpabilidad.
Por ello, para prevenir conductas marginales de los medios y reparar en su caso los daños causados por imputaciones falsas hacia los hombres y las mujeres en el Gobierno, ambos derechos, los dos bienes jurídicos: la libertad de expresión y derecho a la intimidad y al honor, deben prevalecer. Sin embargo, por no ser congruente con la actual realidad social por resultar exagerada la criminalización de la difamación a través de los medios informativos, ésta debe despenalizarse, dejando abierta la posibilidad de demandar la reparación del daño causado por los medios al derecho de terceros en vía civil, como ocurre en otros muchos países.
El derecho penal se subordina a la Constitución y su imperativo garantista y no represor, no debe seguir constituyéndose en un arma de intimidación de los periodistas.
La intimidación hacia los comunicadores que busca inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, son inadmisibles en un régimen democrático.
Por eso, el tema de las libertades de expresión y de imprenta, así como el de la presencia creciente y constante de los medios de comunicación, tienen en nuestra vida política, provoca la necesidad de actualizar la legislación para garantizar que sean respetadas por gobierno-individuos, sin omitir una sanción civil para aquellos que irreflexiva o dolosamente difundan información que vulnere derechos de terceros.
Es necesario sentar nuevas bases para propiciar un mejor ejercicio de la libertad de expresión, manteniéndolo ajeno a la amenaza de la cárcel y simultáneamente proteger el ámbito privado de las personas y la credibilidad de las instituciones públicas y democráticas, que frecuentemente se ven atacadas por el escándalo mediático, el prejuicio o la acusación temeraria.
El delito de difamación se opone a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en distintos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país y la censura penal a la actividad del comunicador no se justifica, por lo que éste, insisto, debe despenalizarse, dejar en los jueces de lo civil, decidir si los periodistas o comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir su información u opiniones y si vulneran o no con su actividad el derecho al honor y a la privacidad de terceros y no a los jueces de lo penal, el determinar si aquellos son o no acreedores a la prisión; sancionar económicamente y no corporalmente a quien abuse de las libertades de expresión y de prensa es impostergable.
En tal virtud, formulo la iniciativa siguiente:
Artículo Único.- Se derogan los artículos 350, 351, 352, 353, 354 y 355 del Código Penal Federal.
Transitorios
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ruego a usted, señor Presidente, ordene insertar el texto íntegro de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado Vicepresidente. Como lo ha solicitado, publíquese íntegro el texto en la Gaceta Parlamentaria e insértese asimismo, en el Diario de los Debates.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Fuente Diario de debates de la H. Cámara de Diputados

Todo por unas nalgas

Unas nalgas, una condena y un paramilitar
l caso que concluyó en una condena de cuatro años de cárcel a un mensajero por tocarle las nalgas a una mujer refleja los insólitos bandazos de la justicia en Colombia. En este asunto nadie sale bien librado. Desde los policías que capturaron al abusivo mensajero, Víctor Alfonso García, y se lo trajeron a su víctima, Diana Marcela Díaz, para que ella “lo abofeteara”, pasando por el magistrado Jorge Enrique Soto, del Tribunal Superior de Bogotá, que pidió el castigo al que calificó de “pedagógico”, hasta la declaración del ministro de Justicia, Sabas Pretelt: “Se lo merecía por tocar lo que no debía”. 
Naturalmente que el infractor debió ser castigado. Eso ni siquiera se discute. Pero lo que la sociedad no entiende es por qué él debe estar 48 meses a la sombra mientras en el mismo país se exhiben sonrientes los jefes paramilitares sindicados de genocidios y, masacres. Incluso a algunos de ellos se les deja en las ricas tierras que usurparon y como si fuera poco, se les paga un salario. Para citar un caso, el del paramilitar Hernán Giraldo, considerado por Estados Unidos como el quinto narcotraficante más grande del país. Así, de bandazo en bandazo, la justicia sólo genera dudas.
Fuente: Revista colombiana Semana.

La Cossa Nostra

Las autoridades norteamericanas dieron esta semana un duro golpe a la ''mafia'' neoyorquina con la detención de 32 miembros del clan de los Genovese.
A lo detenidos se les acusa de delincuencia organizada y concretamente por el asesinato del mafioso Ralph Coppola, ordenado desde la cárcel en 1998 por Liborio ''Barney'' Bellomo.

La fiscalía aportó pruebas de cómo Bellomo transmitió la orden de asesinato a su abogado, Peter J. Peluso, quien colabora con las autoridades.
Lejos del esplendor del siglo XX, la Cossa Nostra tratan de sobrevivir con sus negocios habituales, como las apuestas, la usura, así como con actividades consideradas en otra época como ''poco dignas'', como la prostitución y el tráfico de drogas.
En los años ochentas, el entonces fiscal Rudolph Giuliani, investigó las actividades de las cinco familias.
Empleo tres años de investigación y poco más de más de 100 agentes del FBI y detectives de la policía neoyorquina; logró acopiar miles de horas de grabaciones conseguidas a través del control de 90 teléfonos y la instalación de 80 micrófonos secretos (concretamente los micrófonos atravesaban paredes y podían captar conversaciones a centenares de metros de distancia).
Para lograr estos procesamientos, Giuliani logró la colaboración de 30 testigos protegidos.

Según un informe policial presentado ante el Senado en 1985, la acusación del fiscal Giuliani afirmaba que las familias Genovese, Gambino, Luchese, Colombo y Bonanno, formaban parte de la comisión, auténtico consejo de administración del crimen organizado, que fue formada en 1931 por el célebre Charles Lucky Luciano para coordinar en todo el país las actividades de los distintos clanes mafiosos.

Las cinco familias de la Mafia neoyorquina, cuyos nombres provienen de los hombres que las dirigieron en su origen, tenían entonces 860 miembros y 2,000 asociados,

Decía el informe de 1985:

Familia Gambino
Es la más poderosa de las cinco. Desde 1977 está dirigida por Paul Castellano, alias Big Paul, de 72 años, primo y cuñado de Carlos Gambino, fun dador de la familia. Ésta controla varios sindicatos, casinos de Atlantic City, restaurantes y joyerías.

Familia Genovese
El padrino de la familia Genovese es Phil Lombardo, octogenario, enfermo y retirado en Florida. El verdadero jefe es Anthony Salerno, alias Fat Tony, de 72 años. Las principales actividades son la pornografía, el control de sindicatos y los préstamos usurarios.

Familia Colombo
La familia Colombo está dirigida por Gennaro Langella, de 46 años, que derrocó a Carmine Persico, alias The Snake (La Serpiente), detenido el 15 de febrero. Las actividades fundamentales de este grupo mafioso son el tráfico de drogas, el juego y la extorsión.

Familia Bonanno
La familia Bonanno tiene al frente, desde 1969, a, Philip Rastelli, de 67 años. Es la menos fuerte de las cinco y, al parecer, concentra su actividad en el tráfico de droga, en el que colabora con grupos de la Mafia siciliana.

Familia, Luchese
El padrino de la familia Luchese es, desde 1974, Antonio Corallo, de 72 años, detenido en la espectacular redada del martes. Las principales actividades del grupo son los préstamos usurarios, el juego, el tráfico de drogas y el control de sindicatos.

Pero esa es historia.

Hoy las familias de origen siciliano languidecen entre la decadencia, las luchas fratricidas y los jefes mediocres.

La mafia rusa, más violenta, aún mejor organizada y con un arsenal mucho mayor de armas, drogas y mercenarios, es la dueña hoy de las calles de Brooklyn.

Nuestra frontera sur


Este lunes 27 se celebró en México, la IV Reunión de Rango Ministerial del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (Gansef), por lo que los ministros de Gobernación Ralph Fonseca (de Belice), Carlos Vielmann (Guatemala), y Carlos Abascal ( de México) acordaron medidas de seguridad a partir del intercambio de información.
En rueda de prensa conjunta Carlos Abascal, dijo que se refrendó el compromiso "de mantener la seguridad de nuestros países como un requisito indispensable para garantizar el desarrollo con justicia"; precisó que no se trata de un despliegue militar en las fronteras comunes de los tres países, sino de construir a base de confianza y de generar mecanismos eficientes de intercambio de información e inteligencia para combatir a la delincuencia organizada.
"Nuestro compromiso conjunto es combatir la problemática delictiva como el narcotráfico, el tráfico de armas y municiones, de personas, bienes y servicios; la destrucción ecológica; el terrorismo y las amenazas que ponen en riesgo la vida institucional de los tres países".
El punto de partida es la identificación de los puntos de riesgo, dijo.
A su vez el ministro Carlos Vielmann, señalo se acordaron líneas de acción para combatir al crimen que afecta a las tres naciones de la región y parar el avance de la Mara Salvatrucha.
Informó también que Guatemala tomo una decisión de reforzar la del Petén, fronteriza con México, con 600 soldados y 200 policías.
En su turno el ministro de Asuntos Internos de Belice, Ralph Fonseca, indicó que se acordó renovar y fortalecer el compromiso común para cumplir con las metas del Gasef y poner en marcha programas conjuntos para enfrentar la amenaza del crimen organizado.
Las partes acordaron reunirse nuevamente en seis meses para revisar el cumplimiento de las acciones aprobadas, y fortalecer la cooperación para reforzar la lucha contra la delincuencia organizada.
En particular la Secretaría de Gobernación a través del Cisen, y la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) de Guatemala, analizaron la puesta en marcha de un mecanismo de coordinación bilateral para establecer procedimientos preventivos y de reacción inmediata contra eventuales amenazas terroristas.
En la conferencia de hoy hubo comentarios concretos sobre los Kaibiles:
El ministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Vielman, rechazó que la unidad de elite del ejército de su país conocida como "kaibil" se dedique a cometer ilícitos, aunque reconoció que algunos de sus miembros en retiro participarían en actividades del crimen organizado en lugares como México.
El 27 de septiembre de 2005, el General secretario de la Defensa, Gerardo Clemente Vega, dijo a senadores: ..no quiero ser alarmista pero tenemos información que existe un grupo de soldados guatemaltecos llamados “kaibiles” que son entrenados en otras partes del mundo y que al parecer serían contratados por los “Zetas” para realizar sus operaciones. Ya capturamos a cinco de estos y fueron entregados a la Procuraduría General de la República.
Ello generó toda una polémica.
Un día después -Mark Stevens, de la Agencia AP, preguntó en la mañarean de Los Pinos: : Quería ver si se ha iniciado algún contacto con el gobierno de Guatemala en relación con la entrada de los kaibiles...si esto no representa una regionalización del problema de seguridad. Porque tiene maras, tiene kaibiles, tiene varios cuerpos ahí, infiltrados en la frontera norte y sí se ha confirmado que estos mismos kaibiles estuvieran traficando armas o si estuvieran más relacionados con los zetas.

Respuesta: -Vocero Rubén Aguilar: Lo único que puedo confirmar, como lo planteaba ayer el señor secretario de la Defensa y también el Procurador General de la República, que se ha iniciado una investigación, que hay hoy algunos miembros, ex miembros de las fuerzas armadas de Guatemala, que han sido detenidos por la Procuraduría General de la República y están en proceso de investigación y ese es el nivel de las cosas en este momento.
-Patricia Ruiz, de Milenio Diario: El viernes pasado el Presidente anunció en Tabasco que se pondría en marcha un plan de seguridad semejante a México Seguro en la frontera sur. Esta detección de esta presunta alianza entre kaibiles y zetas tendría que ver con este programa para reforzar la seguridad en la frontera sur.

-Vocero: Es anterior esta decisión y que tiene ya varios meses trabajándose en ella, es anterior a este hecho coyuntural que se da a conocer, tanto a través de la información del señor secretario de la Defensa, como del procurador general de la República.
En todo caso, en un caso como éste, con la redundancia, no hace más que señalar la importancia que tiene la seguridad de la frontera sur de México para México.
Y que en ese sentido, en su momento, como les anunció el Presidente, una vez que esté concertado el plan y detallado el programa, habremos de informar en este mismo espacio sobre él.
-Pregunta: Nada más sobre los kaibiles, si ya hubo detenidos, ya se informó que se les decomisaron armas, qué información se tiene sobre las acciones o delitos en que hayan participado aquí en México.

-Vocero: Como yo lo dije con anterioridad y lo dijo el señor procurador de la República, se está en ese proceso de investigación.
En el momento que esta investigación sea concluida, la propia Procuraduría General de la República informará sobre la misma.